El Gobierno de Sánchez pudo tener un ministerio de Justicia Fiscal. Solo quienes propusieron semejante idea saben cuales eran sus verdaderos objetivos, aunque pueden llegar a imaginarse. La justicia, según la entiende el partido que lo propuso: Podemos. Pero hay más.
Pablo Iglesias no ha aplaudido al candidato tras su discurso. Salvo cuando ha mencionado la lucha contra la violencia de género, aspecto en el cual todos están de acuerdo. La gran sorpresa es por tanto la distancia que separa a ambos tras la renuncia del líder de Podemos a sentarse en el Consejo de Ministros. Pero la mayor incoherencia que se ha vivido hasta ahora en la sesión de investidura, al margen de lo que pase en las votaciones, está en la posición del candidato. Su partido está buscando un acuerdo con la fuerza situada a su izquierda, discutiendo sobre la entrada de alguno de sus dirigentes en el ejecutivo, y entretanto el aspirante a Moncloa solicita encarecidamente a los grupos al otro lado del espectro ideológico que garanticen su elección. La cosa no queda ahí: Sánchez ha aceptado, aunque luego como todo lo ha matizado, ministros de Podemos tras haberlo negado durante semanas; ha aceptado que tendrá ministros de la dirección de Podemos tras haber exigido en otro momento de la negociación que tuvieran perfil tan sólo técnico; ha aceptado que tendrá ministros que han dicho que en España hay presos políticos, tras vetar a Pablo Iglesias para el Consejo de Ministros con la imposible aceptación de esas posiciones contra el Estado de Derecho. ¿Aceptará el candidato nombrar responsables de carteras "sociales" a personas que como Iglesias llevan años defendiendo el derecho de autodeterminación?.
La investidura de Pedro Sánchez la semana próxima puede ser la tercera en fracasar en solo tres años y medio. Dos veces el actual presidente en funciones y una vez Mariano Rajoy se sometieron con fracaso al escrutinio de la Cámara Baja para intentar recibir el apoyo suficiente para su programa de gobierno. La ruptura de negociaciones con Podemos que Sánchez ha anunciado hoy augura la convocatoria de nuevas elecciones en España para el próximo otoño ante la imposibilidad del candidato designado por el Rey para conformar una mayoría mínima que le permita ser investido. De modo que el día 22, salvo que alguien realice una pirueta en el aire y desande el camino plomizo recorrido desde las pasadas elecciones de abril, los ciudadanos serán de nuevo consultados en las urnas para que sean ellos, y no los dirigentes políticos, los que desmadejen un ovillo que nadie sabe cómo deshacer.
Este pasado fin de semana me ha recordado lo ocurrido doce meses atrás en la misma fiesta reivindicativa que cada año saca a las calles de Madrid a cientos de miles de personas con el ánimo de celebrar la conquista de sus derechos. El bus de Ciudadanos ya fue abucheado en julio de 2018 a su paso por las estaciones de recorrido del orgullo, lo cual confirmaría si los analistas así lo admiten que el problema de algunos acosadores con esta formación política no son sus (inexistentes) acuerdos con Vox sino su orientación política. Algunos de los integrantes de los colectivos de defensa de los derechos LGTB han pasado de salir del armario a intentar meter en el armario ideológico a quienes no piensan como ellos. Es como una imaginaria puerta giratoria que antes cruzaban voluntariamente los oprimidos, a quienes se negaba la presencia en la sociedad por sus preferencias sexuales, y que ahora deben cruzar en sentido contrario quienes se niegan a la muerte civil a la que intentan someterles por sus preferencias ideológicas. La puerta siempre está funcionando, no para de girar: unos salen y a otros les obligan a entrar.
El presidente en funciones ha puesto las condiciones para su investidura: o gobierno en julio, o gobierno en julio. Ni en agosto ni en septiembre. Teniendo en cuenta que la máxima inamovible anterior de Sánchez ("o gobierna el PSOE o gobierna el PSOE") duró apenas tres días (lo que Ábalos tardó en poner las elecciones sobre la mesa), sólo nos resta esperar a ver si ésta vez habrá de nuevo corrección sobre la marcha de una posición aparentemente no negociable, un mensaje claro a su socio preferente Podemos y a su pretendido socio de conveniencia Ciudadanos. Lo interesante de este minuto de juego y resultado que nos ha traído la canícula estival es comprobar cómo en julio han sobrevenido las prisas al equipo presidencial, después de un mayo y un junio en los que nada parecía ocurrir en relación con el inicio de la legislatura. El aspirante a continuar en La Moncloa no movió un dedo en toda la primavera para someterse a una investidura sobre la que llegado el verano siente verdadera avidez.
Casi dos meses después de haber sido consultados en las urnas, los españoles empiezan a observar como real la hipótesis de una repetición de las elecciones. Ya conocen esta experiencia, al recordar aquél nefasto 2016 que transcurrió con un gobierno en funciones y una parálisis institucional que el país no podía permitirse. La diferencia entre lo que ocurre ahora en la política española y lo ocurrido entonces es la placidez con la que el presidente actual afronta este bloqueo, frente a la presión mediática y social que había hace tres años hacia su homólogo y antecesor. Tan plácido panorama, que Pedro Sánchez ha decidido copiar la forma de actuar de Mariano Rajoy dejando eternizarse los problemas hasta que saque de la chistera la solución. De momento ya tiene encima de la mesa los primeros sondeos sobre lo que podría ocurrir si hay nuevos comicios generales: su mayoría quedaría apuntalada, el PP asentaría su posición de líder en el ministerio de la oposición, y Podemos y Vox sufrirían el envite perdiendo parte de los pocos apoyos que obtuvieron en abril.
Nadie ha confirmado el supuesto acuerdo para que Vox presida dos o tres Juntas Municipales de Distrito de Madrid, pero se da por hecho. No sería magra contrapartida para Ortega Smith a cambio del apoyo al alcalde popular Martínez Almeida, que empieza a desgranar sus proyectos municipales: recuperar el sueño olímpico de la capital, impulsar el distrito norte con la prolongación de la Castellana y derogar aunque sea parcialmente todas las medidas restrictivas contra el tráfico privado que ha dejado la ex alcaldesa Carmena. Pero las JMD son un bocatto di cardinale para quien no tiene más resortes de poder que echarse a la boca. Sin ir más lejos, quien presida la Junta de Chamberí con sus seis barrios administrativos va a implementar las primeras medidas políticas que afectarán a una población de 137.000 habitantes. Más que veinticinco de las cincuenta y cuatro capitales de provincia de nuestro país. Más que Cádiz, Santiago de Compostela, Toledo o Zamora. 145.000 tiene el distrito de Salamanca, donde el partido de Abascal quedó en cuarta posición pese a lo que pueda creerse. Nadie ha protestado allí por las noticias que sitúan a Vox en la Junta del Distrito, aunque sí se han escuchado ya las primeras críticas indignadas ante la posibilidad de que este partido presida la Junta de Usera, un barrio obrero en el que fue la quinta opción.
A cinco días de la constitución de los ayuntamientos españoles quedan por cerrar muchos acuerdos para desbloquear alcaldías en las que los resultados electorales supusieron un puzzle de muy difícil encaje. Como la capacidad de sorpresa de los ciudadanos es ya ilimitada desde que irrumpió la "nueva política" en nuestro país, a nadie están sorprendiendo los cambios de criterio de unos y otros, y las exigencias que se hacen a los demás por candidatos y partidos con historiales muy diferentes a lo que ahora reclaman. Por eso no causa ya ni siquiera estupor que Pedro Sánchez pida a los demás lo que él se negó a hacer hasta el punto de marcharse a su casa para defenderlo, su victoria en las urnas ha convencido parece que a la mayoría de que está en pleno derecho de hacer un nuevo giro sobre la cuerda floja. Aunque con la situación post electoral ya masticada y analizada, comienza a percatarse de que gobernar en minoría no será fácil para un grupo que sustentará al ejecutivo con solo 123 diputados.
Los titubeos de la dirección socialista respecto a los posibles acuerdos para formar gobierno en Navarra dan prueba evidente del complicado panorama post electoral en esa comunidad, sobre cuyo futuro llevamos muchos años hablando. La autonomía de la Disposición Transitoria Cuarta es un bocado político de primer orden y el PSOE ve la oportunidad de lograr su gobierno aunque no ha acertado aún con la fórmula para conseguirlo.
Los partidos de izquierdas y specialmente el PSOE se aprovecharon en muchas ocasiones del pacto de perdedores en elecciones pasadas, y ahora "saborean" lo que se siente al ser perjudicados. Pensaron que la derecha nunca se beneficiaría de esa circunstancia tan curiosamente española que da la victoria al que ha perdido, al que ha obtenido menos votos en las urnas, ese contrasentido de "el que pierde, gana". Así conquistó la alcaldía de Madrid en 2015 y otros muchos territorios, incluido el gobierno central vía moción de censura, y así va a perder simbólicos feudos de poder como la misma capital de España.