Este pasado fin de semana me ha recordado lo ocurrido doce meses atrás en la misma fiesta reivindicativa que cada año saca a las calles de Madrid a cientos de miles de personas con el ánimo de celebrar la conquista de sus derechos. El bus de Ciudadanos ya fue abucheado en julio de 2018 a su paso por las estaciones de recorrido del orgullo, lo cual confirmaría si los analistas así lo admiten que el problema de algunos acosadores con esta formación política no son sus (inexistentes) acuerdos con Vox sino su orientación política. Algunos de los integrantes de los colectivos de defensa de los derechos LGTB han pasado de salir del armario a intentar meter en el armario ideológico a quienes no piensan como ellos. Es como una imaginaria puerta giratoria que antes cruzaban voluntariamente los oprimidos, a quienes se negaba la presencia en la sociedad por sus preferencias sexuales, y que ahora deben cruzar en sentido contrario quienes se niegan a la muerte civil a la que intentan someterles por sus preferencias ideológicas. La puerta siempre está funcionando, no para de girar: unos salen y a otros les obligan a entrar.
Lo más cuestionable de este episodio, incluida la intimidación a personas en la calle, es el claro posicionamiento del gobierno en favor de los acosadores. Y nada menos que del responsable de defender a los acosados de cualquier tipo de agresión. El ministro Grande Marlaska sugirió que llegar a acuerdos con determinada formación política tiene que tener consecuencias, y las consecuencias llegaron poco después en forma de intimidación y de empujones rayanos en la agresión. Ostentar un cargo público de tanta responsabilidad exige ser prudente en las manifestaciones que se hacen, por mucha simpatía que uno tenga hacia unos colectivos u otros.
Con la justificación de que alcanzar pactos políticos solo es posible con aquellos a los que se extiende el pedigrí democrático, se consagra en la vía pública, a gritos y con violencia, la falsedad acumulada ya durante meses de que ese partido político es el Averno personificado, mientras batasunos, antiespañoles, radicales de izquierdas y liquidadores de la Constitución y la Monarquía campan a sus anchas en las instituciones con el beneplácito de orgullos estivales y gobiernos. Quien no tenga una determinada ideología o al menos no oculte la suya porque es inconfesable, no tiene derecho a manifestarse, a ocupar la calle, a expresarse en libertad, a trabajar en espacios públicos.
Y no es un hecho aislado. Hace pocos días algunos piquetes intentaban prohibir por su cuenta el acceso de vehículos privados a la zona ideologizada que se ha denominado Madrid Central, cuando el nuevo gobierno municipal de Madrid tomó la decisión democrática de congelar las multas por hacerlo. Tan democrática como fue implantar las multas. Pero el revestimiento del manto protector que les da a estos colectivos estar en posesión de la verdad absoluta, se plasma luego en las calles en actos intolerantes que a estas alturas deberían estar desterrados de la sociedad española.
