El momento decisivo de la política española del año 2019 ha llegado. Hemos entrado en la última semana para poder convocar el pleno de investidura, y en dos semanas exactamente las cámaras quedarán disueltas automáticamente por un decreto que firmará el Jefe del Estado ese mismo día. Si así ocurre, se demostrará por enésima vez en los últimos cinco años, los que coinciden con la llegada al primer plano político español de los nuevos dirigentes 3.0, la incapacidad del sistema para garantizar la estabilidad institucional y la gobernabilidad del país. En ese tiempo ha ocurrido todo lo que uno pueda imagina, desde un golpe contra el Estado hasta la primera moción de censura triunfante pese a vulnerar claramente el espíritu constitucional constructivo que se establece entre sus condiciones indispensables.
Y así llegamos a la semana clave, en la que se valora la última oferta de Sánchez hecha en las caracolas de Chamartín en un acto pleno de solemnidad pero rodeado de militantes sin voz, por la que Podemos podrá elegir si lo desea dirigir organismos públicos que están "fuera del Consejo de Ministros", es decir, que no contaminen la imagen monocolor socialista del gobierno de Sánchez. Si hay repetición electoral y se cumplen las encuestas, tal vez el presidente en funciones tenga que aceptar sí o sí la presencia de su adversario en el ejecutivo.
La CNMV, el CIS y otros órganos de Estado que "complementan la acción del ejecutivo" (hoy se ha añadido el IDAE, Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético, ya que su titular Joan Herrera ha renunciado), son ofertados alegremente en un reparto de sillones que debería abochornar a España ante Europa. Fuera el mérito, fuera la profesionalidad, adiós a valía de las personas de prestigio. Lo que cuenta es una negociación eterna, que ha aburrido ya a los ciudadanos hace muchas semanas. La llegada de esos paracaidistas políticos a órganos públicos muy concretos ha conseguido una nómina de funcionarios hastiados por el poder, que ven cómo se hace desde los despachos política de partido y no enfocada al interés general.
La oferta ha sido explicada por el gobierno (Calvo) y desmentida por el partido (Lastra), pero el efecto está ya conseguido: tiende a convencer a los españoles de la infinita paciencia del presidente y de la cerrazón sin sentido del líder de Podemos, que bloquea una posible salida y aboca a unas elecciones sin remedio. La obscenidad del reparto de cargos es lo de menos. Nada es algo si parece no ser nada. Mientras tanto, RTVE prepara los concursos públicos para licitar contratos relativos a su programación electoral sin que haya aún elecciones convocadas, entre fichaje y fichaje para engordar un nuevo organigrama asentado en una etapa supuestamente provisional, en la que los amigos colocados hace un año siguen garantizando una línea informativa que beneficie al presidente y hunda al centro derecha.
Por si hay que votar en noviembre, las encuestas se encargan de complicar aún más el liado panorama: el PSOE tendrá que volver a negociar con Podemos tras unas elecciones en las que milagrosamente los votos que perderá la derecha irán a la izquierda, cuyo electorado además se declara decepcionado por sus líderes y con fuerte tendencia a quedarse en casa.
