Isabel Díaz Ayuso ha comenzado su discurso de investidura en el Parlamento de Vallecas tocando la fibra sensible de los votantes de su partido, el PP, pero también de los de Ciudadanos y Vox. Hablando de Madrid como la casa de todos los españoles y mostrando solemne respeto hacia los símbolos de la unidad del país: la bandera, el himno y por supuesto la Corona, diariamente acosada por fuerzas en teoría progresistas que han puesto su proa contra la institucion monárquica. Hoy se dirá que esa parte de discurso de investidura la ha escrito Rocío Monasterio, o que ha sido ella la que ha decidido denominar a la Consejería de Justicia como de las Víctimas del Terrorismo, pero quien lo haga infravalora o no conoce el compromiso de la inminente presidenta madrileña con lo que representa España, en todos los sentidos. Ese arranque de la intervención ha dejado claramente definidos los principios que van a marcar el gobierno de PP y Cs apoyado pero vigilado por VOX, en un momento de evidentes incertidumbres sobre el futuro de la nación. Y ha quedado claro dónde tendrá Pedro Sánchez el dique de contención institucional a cualquier pacto, concesión o decisión ventajosa que se lleve a cabo con las fuerzas políticas contrarias a la Constitución Española.
Pablo Casado ha elaborado al alimón con la candidata el discurso y sus diez retos, porque en ellos se mirará al espejo su proyecto para España que desarrollará en los próximos años. Pleno empleo, educación en libertad, convertir Madrid en la región más avanzada digitalmente, la lucha contra la soledad y la despoblación, la conciliación del trabajo y la natalidad, la salud universal, favorecer la seguridad necesaria para ser libre, la defensa del medioambiente, la igualdad de la mujer y la libertad como base de actuación de los ciudadanos.
El pacto a tres, o a dos más uno, se apoya igualmente en la que será la política fiscal menos opresora hacia el contribuyente y la empresa. Ayuso le ha puesto nombre: la mayor rebaja de la historia de Madrid. Tanto Ignacio Aguado como la líder de Vox hablan ese mismo idioma y por eso este capítulo ha sido la argamasa que ha unido a tres partes muy distintas y con reticencias a dialogar de igual a igual. Lo mejor que han hecho hasta el momento de la investidura es no dejarse llevar por la presión que interesadamente se ha instalado sobre ellos en estos dos últimos meses, atendiendo a lo que ha reclamado en las urnas la mayoría absoluta de los electores madrileños.
Los grupos políticos y sociales adversarios de Ayuso tendrán que convencer a la opinión pública de los motivos por los que esta mayoría absoluta es peor que la de Ximo Puig en Valencia o la de Francina Armengol en Baleares, tendrán que explicar por qué es menos legítima. Por qué con Més o con Compromís es más decente un pacto de gobernabilidad que con Vox, un partido al que han votado 285.099 madrileños. La oposición dura ya ha comenzado incluso antes de la investidura, y augura muchos meses de investigaciones y lupas selectivas puestas sobre la candidata.
