La sentencia 459/2019 de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha podido dejar insatisfechos a muchos, y puede ser considerada como injusticia antidemocrática por otros. Las opiniones son libres y cada español tendrá una distinta respecto a la decisión de los magistrados de la Sala. En Directo | Sentencia del Supremo a los líderes del procés.
Pero el texto jurídico, que crea jurisprudencia y que puede considerarse como la sentencia más importante de nuestra democracia, establece algunos fundamentos basados en hechos probados que aclaran lo ocurrido en el otoño de 2017 en Cataluña, por si a alguien le cabe aún alguna duda, con o sin rebelión.
"El Estado mantuvo en todo momento el control de la fuerza, militar, policial, jurisdiccional e incluso social. Y lo mantuvo convirtiendo el eventual propósito independentista en una mera quimera". (pág. 270)
Los jueces utilizan la misma palabra que empleó el Rey Juan Carlos I en el otoño de 2012, cinco años antes de los hechos: "Lo peor que podemos hacer es dividir fuerzas, alentar disensiones, perseguir quimeras, ahondar heridas". El término remata un párrafo que se dedica de forma expresa a aclarar que nunca los sediciosos lograron poner en jaque al Estado, por muchos titulares que lograran a su favor en los medios de comunicación internacionales retorciendo la realidad. El Tribunal Supremo añade que el Estado se mantuvo firme, la Constitución preservada y la sola publicación en el BOE del número 155, artículo esencial para garantizar el orden constitucional de las veleidades autonómicas, sirvió para que los cabecillas del golpe o bien huyeran de forma repentina o bien desistieran incondicionalmente de la aventura. El Supremo rebaja a los condenados a mero grupo de inconscientes que corrieron a esconderse o a arrepentirse una vez consumado su delito.
Éxito de la abogacía del Estado
La decisión de los siete magistrados supone un golpe al juez instructor Pablo Llarena y a la Fiscalía, que siempre sostuvo la existencia del delito de rebelión aunque para ello tuviera que contradecir la posición de uno de los gobiernos de turno con los que ha convivido desde el inicio del proceso. Y es un éxito de la Abogacía del Estado y del gobierno de Sánchez, quien cambió al llegar a La Moncloa su tajante y proclamada opinión de que existía rebelión clarísima en los hechos que se iban a juzgar. Veremos de qué forma afecta en las urnas ese espaldarazo de la Justicia a la mutante posición del presidente y candidato.
Varios de los condenados por sedición y alguno de los condenados por malversación podrían ser proclamados candidatos electorales, pese a lo que con rotunda nitidez establece la sentencia:
"(...) privación definitiva de todos los honores, empleos y cargos públicos que tenga el penado, aunque sean electivos, e incapacidad para obtener los mismos o cualesquiera otros honores, cargos o empleos públicos y la de ser elegido para cargo público durante el tiempo de la condena".
Ya ocurrió en las anteriores generales y en las últimas catalanas, cuando concurrieron candidatos procesados e imputados, cosa que en relación a la corrupción nunca habría sido admitida. Pero con quienes quisieron proclamar la independencia de Cataluña ha sido aceptado, como un pecado venial.
La sentencia no niega que hubiera violencia en los días en que los condenados lideraron los hechos juzgados. Es más, la considera probada. Pero contempla que no se empleó la violencia como elemento estructural del plan, y que hay rebelión solo si es cometida por personas armadas y desde fuera de las instituciones democráticas. Un precepto que se ideó en nuestra arquitectura jurídica para un caso muy concreto, el golpe militar. Algo habrá que cambiar en el Código Penal si queremos que la próxima ocasión en que dirigentes autonómicos declaren la independencia de una parte del territorio nacional, puedan ser condenados por un delito de rebelión por subvertir el orden constitucional, y no solo por sedición por subvertir el orden público. La sentencia, entretanto, crea jurisprudencia, por lo que esa revisión legislativa es urgente y debería implicar a los partidos constitucionalistas mucho más que su diaria, infantil y estomagante disputa por un puñado de votos. Máxime cuando leemos a Junqueras, el penado que ha ido más lejos en su reacción, afirmando que los condenados y la parte de la sociedad catalana a la que creen representar no tiene más remedio que construir un nuevo Estado con esta sentencia en la mano. Otro de los sediciosos, Jordi Cuixart, ha pedido reincidencia en los delitos, además de ir colando ya la palabra amnistía junto a las consabidas de autodeterminación y democracia.
