En el momento en el que un trabajador llega a la edad de jubilación ordinaria es clave en la vida del mismo, ya que en ese punto puede jubilarse si así lo desea o, por el contrario, retrasar esa jubilación y obtener beneficios extra en su futura pensión. Pero en algunos casos la elección no está en manos del trabajador, que puede verse despedido y empujado a la jubilación por decisión de su empresa.
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha avanzado una triple vía para reformar el periodo de cálculo de las pensiones. En una entrevista en Al Rojo Vivo, el ministro explicó que actualmente se barajan tres fórmulas diferentes. La primera, la ampliación de los años (una opción que podría ir hasta los 35 años); otra opción para adecuar el cálculo de la retribución de los jubilados a las nuevas carreras laborales sería dar la opción de elegir los 25 mejores años laborales. Por último, la opción "más fina" sería hacer un tratamiento de las lagunas laborales (meses vacíos de cotización por desempleo).
La jubilación anticipada puede ser una oportunidad para aquellos ciudadanos que están cansados de trabajar y prefieren convertirse en pensionistas antes de que les llegue la edad de jubilación ordinaria. Una opción que, al tratarse de una especie de ventaja o privilegio respecto al resto de trabajadores, conlleva una contrapartida.
La visita al tribunal médico es uno de los pasos más importantes en el proceso de solicitud de una pensión de incapacidad permanente. Las características de este paso, que somete al aspirante a pensionista al escrutinio de los miembros del tribunal, lo convierte en el más delicado y el más temido por los solicitantes de la pensión.
Los aproximadamente 950.000 beneficiarios de una pensión de incapacidad permanente que hay en nuestro país (datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social) no están exentos de perder esa prestación. El cobro de una pensión de incapacidad está sujeto al cumplimiento de una serie de requisitos y al mantenimiento de diferentes condiciones que, de cambiar, pueden acabar con el derecho de una persona a percibir la prestación.
Los pensionistas, tras el paso de la vida laboral a su etapa de retiro profesional, no se ven eximidos de sus obligaciones fiscales con el cobro de una pensión de jubilación. 'Hacienda somos todos', decía el eslógan, y eso aplica hasta el final de nuestros días. Por eso, hay que estar atento al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) de estas prestaciones.
La edad ordinaria de jubilación en España avanza de año en año y para 2022 es de 65 años en el caso de que se alcance una cotización de al menos 37 años y seis meses. De lo contrario, hay que esperar hasta los 66 años y dos meses. Sin embargo, existen casos en los que los trabajadores muestran interés por retrasar esa edad de jubilación y seguir en activo un poco más.
El subsidio para mayores de 52 años es una prestación a nivel asistencial del SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) que tiene una especial utilidad en aquellas personas que se han quedado en desempleo y no tienen derecho a paro cerca de la edad de jubilación. De hecho, el cobro de este subsidio puede ser el preludio de una jubilación, aunque sea de forma anticipada.
El gasto en pensiones contributivas para el mes de julio ha sido de 10.856 millones de euros, un 11,8% del Producto Interior Bruto del país, según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Con todo ese dinero se han pagado más de 9,9 millones de pensiones a más de nueve millones de pensionistas.
La brecha entre los pensionistas y los trabajadores que llenan las arcas de la Seguridad Social amenaza con incrementarse de cara al próximo año. La inflación está haciendo mella en todas las rentas, y solo los pensionistas cuentan en su totalidad con una ley que blinda su poder adquisitivo. Con una inflación esperada cercana al 8% por el consenso de analistas del panel de Funcas, la comparativa entre los nuevos pensionistas jubilados del régimen general (el más numeroso) y el salario más frecuente en España muestra una brecha que puede alcanzar el 13%.
Las pensiones de incapacidad permanente son, probablemente, las más especiales dentro del abanico de pensiones contributivas que abona la Seguridad Social. Una de las particularidades que rodea a estas prestaciones es que en ellas juega un papel trascendental el grado de la incapacidad permanente que tiene el trabajador.
La última década ha sido una década de cambio para el sistema de pensiones español a través de diferentes reformas cuyos efectos aún se dejan sentir. De hecho, para el próximo año se implementarán nuevos cambios que solo forman parte de una hoja de ruta que, como mínimo, se extenderá varios ejercicios más.
La tendencia actual en el sistema de pensiones es que los nuevos jubilados lo hagan con una pensión de mayor cuantía que la pensión media. Según los datos de junio de la Seguridad Social, la pensión media de jubilación era de 1.254 euros por los 1.364 euros mensuales de media de las nuevas altas, es decir, los nuevos jubilados. Una tendencia que también aplica a las personas que se jubilan de forma anticipada.
Las pensiones de incapacidad permanente son quizá las más especiales dentro del abanico de prestaciones contributivas. Dado que hay que acreditar no solo el derecho a la pensión, sino también el grado y asegurarse de que la concesión se ajusta a las necesidades del ciudadano, el proceso puede alargarse incluso durante meses.
En la gran mayoría de las ocasiones un despido suele ser un acontecimiento traumático para los trabajadores, pero existen circunstancias en las que es posible encontrar una solución para tener ingresos tras ese adiós a la empresa y a la vez poner fin a la carrera laboral.
Las pensiones contributivas de jubilación y las de viudedad son las más abonadas del sistema. Estas 8,6 millones de prestaciones (6,25 millones de jubilación y 2,35 de viudedad, según los datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social) no tienen por qué abonarse a otros tantos beneficiarios, ya que en algunos casos se permite el cobro de las dos pensiones a la vez.
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, encara un otoño marcado por la urgencia cumplir el compromiso suscrito con la Comisión Europea en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), de aprobar una segunda fase de la reforma de pensiones antes de que acabe el año.
Jubilarse es un deseo más o menos general de la mayoría de los trabajadores, especialmente cuando se van acercando al final de su carrera profesional. Todos ellos deben tener claro cuáles son los requisitos y condiciones para poder jubilarse a fin de no hacerse falsas ilusiones.
La nueva ley de la Seguridad Social establece que todas las pensiones tendrán que revalorizarse cada año con la inflación media del año anterior. Con un IPC que rondará el 8% este año, cumplir con el precepto legal el próximo año supondrá un incremento en el gasto de unos 12.000 millones de euros, teniendo en cuenta que la previsión es que el pago de los casi 10 millones de pensiones contributivas costará este año a la Seguridad Social uno 151.000 millones de euros.
A la hora de conocer cuál es nuestra pensión de jubilación hay varias cosas que debemos tener en cuenta. Lo primero de todo es que ese cálculo se realiza obedeciendo a unos criterios muy concretos por parte de la Seguridad Social, que se limita al cumplimiento de la normativa.
Las pensiones de incapacidad permanente son las terceras pensiones contributivas más numerosas del sistema español, tras las de jubilación y las de viudedad. Las perciben más de 950.000 personas (datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social) que han pasado por todas las fases correspondientes antes de que la Seguridad Social les concediese definitivamente el cobro de la prestación.
Aunque pueda parecer extraño, una persona no tiene garantizado el cobro de una pensión contributiva de jubilación cuando le llegue la edad de jubilarse. Para poder percibirla debe cumplir con unos criterios que hacen referencia principalmente a la cotización, por lo que los ciudadanos que apenas hayan cotizado durante su vida tendrán complicado conseguir la pensión.
Cuando pensamos en una persona que tiene la condición de 'pensionista' solemos hacerlo en un ciudadano que cobre de forma mensual una pensión de todo el abanico de las que ofrece la Seguridad Social como parte de su acción protectora. Pero en algunos casos es posible percibir dos prestaciones a la vez, incluso en una modalidad tan peculiar como la de la incapacidad permanente.
Jubilarse de forma anticipada es uno de los deseos de los trabajadores, que sueñan en la mayoría de los casos con acabar antes de tiempo con su etapa laboral y disfrutar de un merecido descanso tras décadas de trabajo. Algo que, sin embargo, no siempre le llega al ciudadano de forma planeada.
Más de 950.000 personas cobran en España una pensión de incapacidad permanente. Cerca de un millón de personas que han llegado a esta prestación contributiva de muy diferentes maneras, incluso sin llegar a pedirla. Parece extraño, pero una de las opciones para percibir una de estas pensiones es sin que el trabajador tenga que pedirla.
La cotización de los trabajadores a lo largo de sus años es clave en materia de pensiones. No solo sirve de requisito para acceder a las prestaciones contributivos, sino que además también determina la cuantía de las pensiones que cobrarán los trabajadores cuando se jubilen. Por eso es tan importante estar dado de alta en la Seguridad Social en todo momento durante nuestra carrera laboral.
Las nuevas pensiones que causan alta en la Seguridad Social (sumando todos los tipos de pensiones: viudedad, orfandad, jubilados) alcanzan los 61,4 años de media, un dato que suma el promedio de la primera mitad del año y que mejora ligeramente (1,3%) el dato registrado en el periodo de 2015 a 2021, que alcanzó los 60,6 años de edad media pero que queda cinco años por debajo de la edad legal, en 66,2. Uno de los motivos que pueden condicionar la decisión de aplazar más o menos tiempo la jubilación son los incentivos recién introducidos para este año, con el objetivo de igualar la edad real y la edad legal de jubilación, si bien la edad media de jubilación supera los 64 años.
Las pensiones de jubilación son consideradas una renta del trabajo a ojos de la Agencia Tributaria. Esto quiere decir que, a pesar de jubilarse, un pensionista debe pagar en concepto de IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas) al igual que hizo en su carrera laboral cuando percibía un salario.
La edad efectiva de jubilación en España es de 64 años, algo por debajo de la edad real, que se encuentra entre los 65 y los 66 años y dos meses, dependiendo de los años cotizados. Las personas que deseen jubilarse de forma anticipada pueden hacerlo,y de hecho lo hacen, pero asumiendo diferentes recortes en la pensión de jubilación.
