La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, evitó ayer utilizar el adjetivo “integral” en referencia a la derogación de la reforma laboral de 2012. Lo que sí avanzó es que, aunque se pretende abordar “cuanto antes” no se producirá en plena pandemia. E, insistió, que en cualquier caso siempre en el marco del diálogo social. Así lo expuso en su primera comparecencia en la Comisión de Trabajo del Senado que se ha retrasado por el coranavirus.Por otro lado, la Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha insistido en que acabar con la temporalidad es el gran reto que tiene la sociedad española por delante, durante su comparecencia en la Comisión de Trabajo del Senado que había quedado pospuesta por el COVID-19. La titular de Trabajo ha desgranado los grandes ejes de actuación en su ministerio, más allá de las acciones llevadas a cabo para paliar el impacto laboral de la pandemia.

Cómo periodista he seguido en elEconomista la información relacionada con los Ertes, no sólo lo referido a las negociaciones para el acuerdo entre agentes sociales y Gobierno, también en los retrasos que han sufrido cientos de miles de afectados que han estado, y muchos siguen estando, sin cobrar desde mediados de marzo.

ERC quiere que las comunidades autónomas se queden con la mitad de los ingresos, "como mínimo", que se generen con los nuevos impuestos que pretende establecer el Gobierno, la tasa Tobin y la tasa Google. Hace varias semanas transcendió que los republicanos aspiraban a que Cataluña se quedase con el 50% de lo que el nuevo Impuesto de Determinados Servicios Digitales (conocido como tasa Google) recaudase en la comunidad. Pero no sólo con ese impuesto, también aspira al reparto de los ingresos que produzca la Ley del Impuesto de Transacciones Financieras (conocido como Tasa Tobin), según consta en las enmiendas presentadas por ERC y que han sido publicadas hace unos días por el Congreso de los Diputados. |  El PP quiere librar a los planes de pensiones de la tasa Tobin

Fue Nadia Calviño quien cambió el paso a Pedro Sánchez, el pasado miércoles, en unas tres tensas horas nocturnas, durante las cuales la vicepresidenta hizo al presidente abjurar del pacto recién rubricado en el Congreso con Bildu para derogar la reforma laboral del PP, un acuerdo que el líder del PSOE y Adriana Lastra tejían desde el lunes a espaldas del Ejecutivo -y de los agentes sociales- para lograr una nueva prórroga del estado de alarma. El argumento de Calviño fue incontestable: España perderá el acceso a futuras ayudas europeas justo en el momento de la historia en que más lo necesita. Advirtió además a Sánchez de la situación delicada que vive el país, en plena pandemia de Covid-19, y de que justo romper la seguridad jurídica en ese contexto agravaría la grave crisis económica que aqueja a España.