Reforma laboral

CEOE deshoja la margarita sobre el futuro del diálogo social después de que su presidente, Antonio Garamendi, la dejase en suspenso tras filtrarse, por parte de la diputado de EH-Bildu, Mertxe Aizpurua, que su organización había cerrado un acuerdo con el PSOE y Unidas Podemos, los partidos que sustentan el Gobierno. Sin embargo, de momento los puentes del diálogo social están tímidamente abiertos para que la patronal pueda acudir a la Comisión de Seguimiento tripartita laboral, donde se analizan los sectores que podrán continuar con Ertes de fuerza mayor, y que ha sido convocada para mañana por la tarde. | Las patronales se unen en contra del Gobierno por el pacto con Bildu

Mercado laboral

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, evitó ayer utilizar el adjetivo “integral” en referencia a la derogación de la reforma laboral de 2012. Lo que sí avanzó es que, aunque se pretende abordar “cuanto antes” no se producirá en plena pandemia. E, insistió, que en cualquier caso siempre en el marco del diálogo social. Así lo expuso en su primera comparecencia en la Comisión de Trabajo del Senado que se ha retrasado por el coranavirus.Por otro lado, la Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha insistido en que acabar con la temporalidad es el gran reto que tiene la sociedad española por delante, durante su comparecencia en la Comisión de Trabajo del Senado que había quedado pospuesta por el COVID-19. La titular de Trabajo ha desgranado los grandes ejes de actuación en su ministerio, más allá de las acciones llevadas a cabo para paliar el impacto laboral de la pandemia.

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Cómo periodista he seguido en elEconomista la información relacionada con los Ertes, no sólo lo referido a las negociaciones para el acuerdo entre agentes sociales y Gobierno, también en los retrasos que han sufrido cientos de miles de afectados que han estado, y muchos siguen estando, sin cobrar desde mediados de marzo.

Tasa Google y Tasa Tobin

ERC quiere que las comunidades autónomas se queden con la mitad de los ingresos, "como mínimo", que se generen con los nuevos impuestos que pretende establecer el Gobierno, la tasa Tobin y la tasa Google. Hace varias semanas transcendió que los republicanos aspiraban a que Cataluña se quedase con el 50% de lo que el nuevo Impuesto de Determinados Servicios Digitales (conocido como tasa Google) recaudase en la comunidad. Pero no sólo con ese impuesto, también aspira al reparto de los ingresos que produzca la Ley del Impuesto de Transacciones Financieras (conocido como Tasa Tobin), según consta en las enmiendas presentadas por ERC y que han sido publicadas hace unos días por el Congreso de los Diputados. |  El PP quiere librar a los planes de pensiones de la tasa Tobin

economía

Fue Nadia Calviño quien cambió el paso a Pedro Sánchez, el pasado miércoles, en unas tres tensas horas nocturnas, durante las cuales la vicepresidenta hizo al presidente abjurar del pacto recién rubricado en el Congreso con Bildu para derogar la reforma laboral del PP, un acuerdo que el líder del PSOE y Adriana Lastra tejían desde el lunes a espaldas del Ejecutivo -y de los agentes sociales- para lograr una nueva prórroga del estado de alarma. El argumento de Calviño fue incontestable: España perderá el acceso a futuras ayudas europeas justo en el momento de la historia en que más lo necesita. Advirtió además a Sánchez de la situación delicada que vive el país, en plena pandemia de Covid-19, y de que justo romper la seguridad jurídica en ese contexto agravaría la grave crisis económica que aqueja a España.

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Aunque el Ministerio de Trabajo cuantifica en un 2% los trabajadores afectados por Ertes que no han cobrado la prestación, el Servicio Público de Empleo (Sepe) ha habilitado un buzón a través de la dirección de correo electrónico miprestacion2020@sepe.es para dar respuesta a la avalancha de quejas de las personas que o no han cobrado todavía o han cobrado menos de lo que le correspondía, según explican a elEconomista fuentes del organismo público. | Los gestores calculan en 900.0000 los trabajadores en Erte que no cobraban a mediados de mayo. 

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La entrevista, ya en persona, se realiza un día antes de que se conociese el pacto entre los dos partidos del Gobierno y EH-Bildu para derogar la reforma laboral. Miguel Guerrero, presidente de Confemetal, añade a posteriori un comentario respecto a dicho acuerdo. Como el resto de presidentes de patronales, cree que hace difícil el diálogo social.

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El diálogo social "está en suspenso", declaró ayer el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, en declaraciones a RNE. Sus palabras no sorprendieron después del duro comunicado que emitió conjuntamente con Cepyme a primera hora de la mañana por el acuerdo firmado entre el PSOE, Unidas Podemos y EH-Bildu que prevé la derogación "integral" de la reforma laboral de 2012. El presidente de los empresarios concitó el apoyo unánime de las organizaciones. De poco valió que el PSOE rectificase a última hora de la noche de ayer retirando el punto referido a la reforma laboral del acuerdo.

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El mundo empresarial es unánime al considerar que es preciso activar lo antes posible la actividad económica. Algunas asociaciones empresariales se hacen eco de estudios que señalan que cada semana de confinamiento representa una pérdida del 1% del PIB, unos 12.000 millones de euros. "De momento, sin la prórroga, ya se prevé una caída de entre el 10 y el 20% del PIB este año 2020", señalan en Foment del Treball, cifras que con comparte el mundo empresarial.

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En teoría, a día de hoy el Ministerio de Trabajo entiende que ya no quedan trabajadores que, estando incluidos en un Erte, no hayan cobrado el desempleo. Sin embargo, entienden que se han producido errores de comunicación en los datos, por lo que no descartan que haya personas con derecho a la prestación que no la hayan recibido, sencillamente porque el Servicio Público de Empleo (Sepe) no tiene constancia de ellos.