ERC quiere que las comunidades autónomas se queden con la mitad de los ingresos, "como mínimo", que se generen con los nuevos impuestos que pretende establecer el Gobierno, la tasa Tobin y la tasa Google. Hace varias semanas transcendió que los republicanos aspiraban a que Cataluña se quedase con el 50% de lo que el nuevo Impuesto de Determinados Servicios Digitales (conocido como tasa Google) recaudase en la comunidad. Pero no sólo con ese impuesto, también aspira al reparto de los ingresos que produzca la Ley del Impuesto de Transacciones Financieras (conocido como Tasa Tobin), según consta en las enmiendas presentadas por ERC y que han sido publicadas hace unos días por el Congreso de los Diputados. | El PP quiere librar a los planes de pensiones de la tasa Tobin
Una petición que sólo ha expuesto este grupo que apoyó al Gobierno en la sesión de investidura, pues otros partidos de índole nacionalista como el PNV, Compromis, BNG, ni siquiera JxCat (adscrito al Grupo Parlamentario Plural) lo han demandado. Lo cual, no significa que puedan secundar la enmienda de ERC.
90 y 68 enmiendas
ERC ha presentado dos enmiendas (de un total de 90) al Impuesto de Determinados Servicios Digitales y 10 para el proyecto de ley del Impuesto sobre Transacciones Financiera (de un total de 68). En ambos casos, la última enmienda de los republicanos catalanes, la número 44 en la tasa Tobin y la 50 en el proyecto de ley de la tasa Google, se dedican a la solicitud del reparto de ingresos.
El argumentario y el redactado de las dos enmiendas de ERC para la petición del reparto de los ingresos es prácticamente el mismo para ambos proyectos de ley. El partido catalán justifica la solicitud en que en los últimos años ha tenido lugar en el "Estado español un proceso de desequilibrio vertical" que ha provocado que los ingresos de la administración central hayan aumentado en una proporción mucho mayor de los que reciben las comunidades autónomas. "Este hecho es totalmente inasumible, ya que impide una correcta financiación de los servicios públicos esenciales, de los cuales las comunidades autónomas son las provisoras", señala ERC en ambas enmiendas. La única diferencia es que en la justificación de la enmienda correspondiente al Impuesto de Transacciones Financieras finaliza considerando: "Así, es imprescindible que, como mínimo, el 50% de la recaudación de este nuevo impuesto sea recaudado por las comunidades autónomas".
Ingresos mensuales
Respecto a la inclusión de las enmiendas, proponen una nueva "disposición adicional X. Cesión del 50 por ciento de la recaudación líquida". Dicha disposición es exacta en ambos casos y se compone de dos puntos. En el primero, lo más destacado es la solicitud de que la Administración central ingrese mensualmente a las comunidades autónomas un anticipo a cuenta del rendimiento definitivo.
Para determinar ese ingreso a cuenta, ERC propone una fórmula farragosa, idéntica para ambos impuestos: ACIEAi(x) = 50% * RPIEA(x) * ICAPi (x) * 0,98. Siendo ACIEAi(x) el importe anual del anticipo a la comunidad autónoma i, en concepto de entrega a cuenta de la recaudación del Impuesto obtenida en el año (x). RPIEA(x) la recaudación líquida prevista por el Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales en el año (x). ICAPi (x) el índice provisional de consumo de la Comunidad Autónoma y para el año (x), certificado por el Instituto Nacional de Estadística.
De hecho, corresponderá al INE la determinación de la parte de los ingresos que se imputará a cada comunidad autónoma. Para ERC, "se considerará producido en el territorio de una comunidad autónoma el rendimiento" –en ambos impuestos– "que corresponda al consumo en el territorio de dicha comunidad autónoma, según el índice de consumo territorial certificado por el Instituto Nacional de Estadística".
Entrada en vigor
Más allá de las pretensiones de ERC de que participen las comunidades autónomas en el reparto de los ingresos de ambos impuestos, uno de los puntos más polémicos en los dos proyectos es su entrada en vigor, de tres meses una vez hayan sido publicados en el BOE. El Partido Popular propone para ambos casos una fórmula que, de facto, anularía ambos impuestos, al solicitar que se posponga su entrada en vigor hasta que la Comisión Europea haya aprobado las dos Directivas que han de regular ambas figuras impositivas, con el fin de ver que el contenido de las leyes españolas se ajustan al acervo comunitario.
Los populares piden retrasar su entrada en vigor hasta que sean aprobadas sendas Directivas
En el caso del proyecto de Servicios Digitales, Vox mantiene los tres meses, pero pide su revocación cuando haya Directiva, Cs pide su entrada el 1 de enero de 2021 y su vigencia limitada a la futura Directiva, y el Grupo Parlamentario Plural coincide en el 1 de enero de 2021.
En el proyecto de Ley de las Transacciones Financieras, además de la propuesta del PP de su congelación, Vox pide retrasar su entrada en vigor 9 meses tras su publicación en el BOE al igual que el PNV, el Grupo de Arrimadas solicita también posponer su entrada al 1 de enero de 2021 y el Grupo Parlamentario Plural, seis meses.
Enmiendas a la totalidad
En el caso de los dos proyectos de Ley, pendientes del debate de totalidad en la Comisión de Hacienda, se han presentado tres enmiendas a la totalidad de devolución del texto, los tres por los mismos grupos en ambos casos: Vox, Grupo Popular y Ciudadanos. En Ciudadanos alegan en ambos casos que, aunque no se oponen a dichos impuestos, deben contar con consenso internacional. El Partido Popular también esgrime el mismo argumento en ambos proyectos: en la actual situación se precisan rebajas de impuestos y no subidas. Por su parte, Vox comparte en ambos casos la tesis de que redundará en el precio de los servicios digitales y reducirá la rentabilidad de los inversiones de los ahorradores.