El retraso en la puesta en marcha de los impuestos multilaterales, como el Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales -conodido como la Tasa Google- y el im-puesto europeo a las transacciones financieras -conocido como Tasa Tobin- costará este año a España 1.818 millones de euros en recaudación. La cifra aumenta hasta los 9.500 millones de euros en el conjunto de la Unión Europea.
Fuentes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) aseguran que han retrasado el calendario para la firma del acuerdo internacional sobre la Tasa Google. Debido a la crisis del coronavirus Covid-19, subrayan que el calendario se dilatará hasta un acuerdo de principios en el mes de octubre para alcanzar otro más amplio con todos los detalles ya en el año 2021.
De este modo, las arcas públicas españolas dejarán de recaudar este año 968 millones de euros, que es la cifra de recaudación que estima el Gobierno para España. El Ejecutivo rebajó la cifra desde los 1.200 millones previstos hace unos meses, tras informes de la Airef y varios analistas rechazando esta cantidad. En el conjunto de la Unión Europea, Bruselas espera recaudar unos 6.000 millones de euros cuando se ponga en marcha la Tasa Google.
Montero insiste
Sin embargo, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, insiste en no esperar a la OCDE y la respuesta multilateral e implantar el impuesto cuanto antes. El pasado 30 de abril, en la Comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados, la ministra defendió la necesidad de implantar ya este tributo.
"Las empresas digitales están obteniendo mayores beneficios en la crisis", aseguró entonces Montero. Días antes, la ministra afirmó que los nuevos impuestos a las transacciones financieras y a los servicios digitales, tasa Tobin y tasa Google "están listos" y que se aprobarán en los próximos Consejos de Ministros. Montero señaló que ambas leyes, que regulan estos impuestos, ya han completado su fase de audiencia pública y "han pasado todo el procedimiento", al igual que la nueva ley contra el fraude fiscal.
Los fiscalistas y los expertos alertan de los peligros de no esperar a la solución multilateral impulsada por la OCDE y por la Unión Europea para establecer estos impuestos. Fuentes de la OCDE coinciden y aseguran que si España o cualquier país toma la iniciativa y aprueba estos impuestos será contraproducente.
Las mismas fuentes destacan que aprobarlas por parte de un solo país desataría graves represalias de Washington. La Administración Trump es contraria a la Tasa Google, puesto que afectaría a la industria digital norteamericana en mayor medida. Además, si cualquier país se adelanta, corre el peligro de que el acuerdo firmado por la OCDE en el futuro le obligue a retroceder y modificar este impuesto.
Transacciones financieras
La propuesta para crear una tasa a las transacciones financieras, también llamada Tasa Tobin, continúa en las instituciones europeas. Esta misma semana, la Eurocámara envió un requerimiento a Bruselas para que incluya los rendimientos obtenidos por estos impuestos en su nuevo Presupuesto Plurianual.
Para intentar revivir la iniciativa lanzada hace nueve años, Francia y Alemania rebajaron sus ambiciones hace un año, con el fin de desbloquear las negociaciones. Sin embargo, varios países intentan sacar adelante la tasa, a través del procedimiento de cooperación reforzada.
La recaudación esperada ha caído hasta una décima parte de lo inicialmente proyectado, unos 3.450 millones de euros. En el primer plan elaborado por Bruselas en el año 2013 se hablaba de que los ingresos por la Tasa Tobin podrían alcanzar los 30.000 millones o los 35.000 millones de euros.
La importancia del consenso
El nuevo Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales (IDSD) despertará una oleada de litigiosidad para dirimir casos de doble tributación, avisan los fiscalistas. Por ello, recomiendan consenso internacional para aplicarlo. El fiscalista socio de Gibernau Asesores, Esaú Alarcón, apunta que, pese a ser conocido popularmente como 'tasa digital', tal como se ha configurado en el proyecto del Gobierno "en realidad no es una tasa, sino un impuesto, es decir, no resulta de contraprestación directa por un servicio público". Añade además Alarcón que la Tasa Google "tiene un problema de constitucionalidad, pues afecta a muy pocas empresas, lo que puede ir contra el principio de generalidad aplicable al ámbito tributario".
