
El Gobierno ha seguido este martes, en el Consejo de Ministros, el camino parlamentario para que el impuesto a las transacciones financieras (ITF), conocido como tasa Tobin, se ponga en marcha junto al nuevo gravamen digital, la tasa Google. Su finalidad no es otra que destinar la recaudación, prevista en 850 millones de euros, a equilibrar las cuentas de la Seguridad Social para ayudar a sufragar las pensiones. Son muchos los detractores de este impuesto, pero ¿en qué consiste y cuáles serán sus consecuencias?
1. ¿Cuál es la tasa y cómo afectará al inversor?
Se trata de un impuesto del 0,2% a las operaciones de compra de acciones españolas ejecutadas por operadores del sector financiero. La Ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha justificado este martes que es una tasa al sector financiero, al que se ayudó durante la crisis, por lo que ahora es de "justicia social" que estos colaboren. A la pregunta de cuál será el impacto de las nuevas tasas (Tobin y Goolgle), dijo que "algunos quieren asustar en cómo va a trasladarse al usuario final pero se gravan servicios de intermediación. Y de ninguna manera tendría que repercutir en el usuario final", ha apuntado. En cambio, muchos expertos alertan de que sí se trasladará. La tasa "incrementará el coste para el inversor final. También para el inversor institucional, a mayor volumen mayor coste", señala Sara Carbonell, de CMC Markets, quien considera que "muchos inversores comenzarán a invertir en acciones a través de productos derivados", puesto que estos no están incluidos.
Tampoco gravará a las empresas no cotizadas o la deuda. "Puede suponer también una distorsión a la hora de elegir los activos en los que materializar la inversión. Los inversores, por ejemplo, podrían incrementar su inversión en activos que estén en otras bolsas y respecto a las que no haya este efecto impositivo", opina Victoria Torre, responsable de desarrollo de contenidos, productos y servicios de SelfBank. "El coste de transacción aumenta los gastos para el inversor, lo que incentiva que el ciudadano español mantenga su dinero en depósitos, con la posible pérdida de rentabilidad en el largo plazo que podría suponer", añade.
2. ¿A qué tipos de instrumentos financieros gravará?
Esta tasa es exclusiva para las empresas cotizadas con más de 1.000 millones de euros de capitalización, no se aplicará ni a la deuda ni a los derivados, y habrá excepciones como las salidas a bolsa, las necesarias para el funcionamiento de infraestructuras del mercado, las de reestructuración empresarial, las que se realicen entre sociedades del mismo grupo y las cesiones de carácter temporal. En estos momentos, hay 64 compañías por encima de este umbral, según datos de FactSet.
3. ¿Cuál será su repercusión en la negociación de la bolsa española?
El impuesto se produce en un contexto de deterioro de los volúmenes de contratación en la bolsa española. La negociación se contrajo en 2019 por cuarto ejercicio consecutivo: bajó un 18%, hasta los 469.626 millones de euros, según datos de BME, muy lejos del billón que se alcanzó por última vez en 2010. Esta caída se explica, en parte, por la pérdida de cuota de mercado ante la competencia de otras plataformas. El propio presidente de la CNMV, Sebastián Albella, se refirió precisamente en su discurso anual ante el Congreso a esta situación y al perjuicio que podría suponer el impuesto en un momento en el que se debería "procurar que la regulación favorezca la competitividad de nuestros mercados".
Los expertos anticipan que cuantificar el impacto que tendrá en la negociación de la bolsa es difícil, porque aunque se produzca otra caída más será difícil separar qué parte de la disminución se debe a la tasa Tobin y qué parte a otros factores. En cualquier caso, Natalia Aguirre, directora de análisis y estrategia de Renta 4, recuerda que en los países en los que se ha aplicado ya ha tenido un impacto negativo de entre el 10% y 20% en los volúmenes negociados durante el primer año de aplicación. "Con un volumen deprimido ya de por sí, no es una buena noticia", opina, "porque existe, además, riesgo de deslocalización".
4. ¿Qué supondrá para los fondos y planes de pensiones?
La tasa Tobin también tendrá un impacto sobre los fondos de inversión y planes de pensiones que inviertan en acciones de la bolsa española gravadas por este impuesto. En concreto, y según los datos de Inverco, el impuesto a las transacciones financieras hará perder un 7,4% de rentabilidad a los fondos de inversión y un 5,6% de los planes de pensiones en los próximos 25 años. Tanto Ángel Martínez Aldama, presidente de la asociación que agrupa a las gestoras de instituciones de inversión colectiva, como Elisa Rincón, su directora general, han resaltado públicamente el impacto negativo de este impuesto al no aprobarse de manera armonizada en la Unión Europea.
"El hecho de que en el seno de la Unión Europea y de la Eurozona no se haya llegado a un acuerdo nos indica que hay países que están dispuestos a lo contrario, a no imponer tasas, para favorecer que sea en sus jurisdicciones donde se realicen las transacciones que se gravan en otros", explica Bankinter en su blog. Por esto, "si se decide cualquier norma de este tipo, debería ser comunitaria y tras la valoración de los efectos derivados no deseados que conlleva", añaden.
5. ¿En qué otros países se gravan las transacciones financieras?
Han sido varios los intentos de imponer una tasa común en la UE. Durante los peores momentos para el euro, en plena crisis de deuda, se planteó un gravamen del 0,1% para la compra de acciones y del 0,01% para derivados. Hace solo unos meses que Alemania volvía a intentar impulsar un impuesto, en este caso muy similar al que propone el Gobierno español, con una tasa del 0,2% a acciones de empresas de más de 1.000 millones de valor bursátil. Ha lanzado esta propuesta a nueve países de la UE; además de a España, a Austria, Bélgica, Eslovaquia, Eslovenia, Francia, Grecia, Italia y Portugal. Algunos países como Bélgica, Francia (0,3%) o Italia (0,2%) tienen ya un impuesto a las transacciones financieras.
Desde BME ya tacharon la medida de "negativa y poco oportuna", alertando de que en países cercanos "los importes recaudados son significativamente inferiores a los proyectados" y que lo que han conseguido es introducir "distorsiones en los procesos de toma de decisión de inversiones".
"Es previsible que genere una deslocalización de inversiones hacia otras jurisdicciones. Para mitigar los efectos colaterales derivados del establecimiento unilateral del impuesto en España, su implantación debería llevarse a cabo de manera global o al menos coordinada en todos los países de la UE", consideran desde CECA.