El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el nuevo impuesto digital y el que gravará las transacciones financieras, conocidos como 'tasa Google' y 'tasa Tobin', cuyos proyectos de ley decayeron en la pasada legislatura ante el adelanto electoral.
El acuerdo de Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos incluía la aprobación de ambos impuestos, con los que el Ejecutivo espera recaudar unos 2.050 millones de euros (1.200 millones con el impuesto digital y 850 millones con el de transacciones financieras).
El nuevo Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales, conocido como 'tasa Google', gravará a aquellas empresas con ingresos anuales totales de, al menos, 750 millones de euros y con ingresos en España superiores a los tres millones de euros.
En concreto, en línea con la propuesta que en su día hizo la Comisión Europea, gravará el 3% de los servicios de publicidad en línea, servicios de intermediación en línea y la venta de datos generados a partir de información proporcionada por el usuario durante su actividad o la venta de metadatos. El Gobierno espera recaudar con este tributo 1.200 millones de euros, pero su liquidación, a pesar de lo que se preveía en un primer momento, será anual y no trimestral.
El impuesto digital será similar al de Francia después de las amenazas de Washington: se liquidirá más tarde, a final de año
El Ejecutivo prevé adoptar un sistema "similar" al de Francia, que ha optado por aplazar su liquidación hasta finales de año tras mantener conversaciones con EEUU, una vez que Washington amenazó con represalias por considerar que atacaba a sus multinacionales. Así lo ha asegurado la vicepresidencia de Asuntos Económicos del Gobierno, Nadia Calviño, que ha matizado que no se trata de una suspensión del gravamen, sino de un aplazamiento de la liquidación hasta finales del ejercicio.
"Prevemos un sistema similar para dar un poco de tiempo y ver cómo evoluciona la negociación en el ámbito internacional" (...) No se trata de una suspensión del impuesto, sino simplemente de la liquidación a final de año", ha aclarado la vicepresidenta económica del Ejecutivo español. De esta forma, se establecerá la liquidación a finales del ejercicio, en lugar de la liquidación trimestral que estaba prevista en la aprobación del impuesto el año pasado, cuya tramitación decayó por el adelanto electoral.
La vicepresidenta tercera ha defendido que no se le llame 'tasa Google', porque su objetivo no es ir "contra una empresa específica", sino establecer un impuesto para garantizar que el valor añadido generado por las grandes multinacionales digitales se grava "donde se genera".
Preguntada por posibles represalias de Washington tras la aprobación del impuesto digital, Calviño ha apuntado que "no tiene por qué haber ningún tipo de reacción negativa" porque el proyecto está "alineado" con acciones desarrolladas en el ámbito comunitario.
"Estamos trabajando constructivamente en el ámbito internacional y europeo sin renunciar a seguir avanzando en el ámbito nacional dada la importancia de tener cuanto antes un sistema que sea justo y en el que los impuestos que existen en el ámbito analógico se apliquen también en el digital", ha destacado.
El Gobierno defiende la creación de este gravamen porque hay ingresos obtenidos en España por grandes empresas internacionales a partir de ciertas actividades digitales que escapan al actual marco fiscal, por lo que están haciendo competencia desleal especialmente al pequeño comercio.
Quedan excluidas del impuesto la venta de bienes o servicios entre los usuarios en el marco de un servicio de intermediación en línea; y las ventas de bienes o servicios contratados en línea a través de la web del proveedor de esos bienes o servicios en la que el proveedor no actúa como intermediario. Además, se excluyen de la tasa determinados servicios financieros.
Además, las prestaciones digitales que sean realizadas entre entidades que formen parte de un grupo con una participación, directa o indirecta, del 100% quedarán también fuera del impuesto.
La 'tasa Tobin' gravará con un 0,2 la compra de acciones de empresas de capitalización bursátil de 1.000 millones
Junto con este impuesto, el Consejo de Ministros aprobará previsiblemente mañana el proyecto de ley que crea el Impuesto sobre las Transacciones Financieras, conocido como 'tasa Tobin', que gravará con un 0,2% las operaciones de compra de acciones españolas ejecutadas por operadores del sector financiero.
Solamente se someterán a tributación al 0,2% las operaciones de adquisición de acciones emitidas en España de empresas cotizadas cuya capitalización bursátil sea superior a 1.000 millones de euros. No se gravará la compra de acciones de pymes y empresas no cotizadas. El sujeto pasivo es el intermediario financiero que transmita o ejecute la orden de adquisición, y deberá presentar una declaración anual del impuesto.
Quedan fuera del ámbito de la 'tasa Tobin' la deuda, tanto la pública como la privada, y los derivados. En concreto, entre las adquisiciones que estarán exentas de dicho gravamen se encuentran las operaciones del mercado primario (salida a Bolsa de una compañía), las necesarias para el funcionamiento de infraestructuras del mercado, las de reestructuración empresarial, las que se realicen entre sociedades del mismo grupo y las cesiones de carácter temporal.
El Gobierno calcula que ingresará unos 850 millones por esta nueva figura tributaria, que se destinarán a financiar las pensiones y el sistema de protección de la Seguridad Social.
