
Fue Nadia Calviño quien cambió el paso a Pedro Sánchez, el pasado miércoles, en unas tres tensas horas nocturnas, durante las cuales la vicepresidenta hizo al presidente abjurar del pacto recién rubricado en el Congreso con Bildu para derogar la reforma laboral del PP, un acuerdo que el líder del PSOE y Adriana Lastra tejían desde el lunes a espaldas del Ejecutivo -y de los agentes sociales- para lograr una nueva prórroga del estado de alarma. El argumento de Calviño fue incontestable: España perderá el acceso a futuras ayudas europeas justo en el momento de la historia en que más lo necesita. Advirtió además a Sánchez de la situación delicada que vive el país, en plena pandemia de Covid-19, y de que justo romper la seguridad jurídica en ese contexto agravaría la grave crisis económica que aqueja a España.
No en vano, las instituciones europeas han pedido a España reiteradamente seguridad jurídica y consenso con los agentes sociales en cualquier retoque al marco laboral, así como una monitorización para que eventuales cambios en la reforma que introdujo el PP en 2012 -que logró la mayor creación de empleo en tres décadas- sean revisados y admitidos por la UE. Colocó así Calviño a Sánchez en el momento de mayor fisura con su socio comunista Iglesias, que aspira a tumbar la reforma laboral desde mucho antes de entrar en el Gobierno.
Al día siguiente, el jueves, ante el Cercle de Economía, Calviño calificó de "absurdo y contraproducente" abrir el debate de la reforma laboral, aunque por la mañana Iglesias, reclamaba el valor de lo firmado. Este viernes todo fueron felicitaciones para la vicepresidenta. Uno de los apoyos más llamativos provino del presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page: "Mi apoyo al Gobierno, sobre todo a la vicepresidenta, que tiene que defender a España en Europa". También desde CEOE, su presidente, Antonio Garamendi, en declaraciones a Cope, agradeció que "una cabeza sensata en el Gobierno", descartara la procedencia de ese debate en este momento.
Y es que el papel de Calviño ha sido crucial a la hora de cambiar de paso, como se refleja en declaraciones de otros miembros del Gobierno, como las de la portavoz María Jesús Montero, tratando de aglutinar de nuevo la concurrencia de los empresarios afrentados por su exclusión del diálogo social: "Garamendi no es un patriota de boquilla, antepone los intereses de España", decía Montero, quien trató de aclarar que todo ha sido un "malentendido" y de hacer valer que la coalición tiene un solo discurso y que la reforma del Estatuto de los Trabajadores -que no la derogación de la reforma laboral-, se articulará a través del diálogo social.
En las recomendaciones que publicó esta semana, la Comisión Europea avisó a España que la recuperación del empleo a medio plazo deberá basarse "en medidas de apoyo al empleo tomadas tras consultar a los interlocutores sociales". Un dialogo social que a día de hoy está en "suspenso" por parte de la CEOE como reacción al acuerdo firmado entre el Gobierno y Bildu. En la Comisión siempre ha preocupado la fragilidad del mercado laboral español, muy sensible a los vaivenes de las crisis, y siempre con elevadas cifras de desempleo tan difíciles de reducir. Por eso, la reforma laboral de 2012-2013 siempre ha sido reconocida como un factor positivo en Bruselas, pero también en las capitales más ortodoxas como Berlín.
Pide consenso político
Las medidas que propone Bruselas a España incluyen la eliminación gradual de los expedientes de regulación temporal de empleo (Erte), la revisión del sistema de incentivos a la contratación para fomentar empleo sostenible, especialmente para los trabajadores jóvenes, y la flexibilización de las condiciones laborales. Pero, muy especialmente, la Comisión subrayó que el éxito de las medidas que adopte el Gobierno español para mejorar la situación del mercado laboral "dependerán en gran medida de que se invierta el tiempo necesario para alcanzar un consenso político y social amplio y duradero en torno a las reformas".
La Comisión no quiso hacer comentarios sobre el pacto, pero el Ejecutivo comunitario ya recordó en febrero que la reforma laboral desempeñó "un importante papel en el fomento de una recuperación económica intensiva del empleo que se inicio en 2014", como señala también el FMI. La CE pidió entonces que cualquier cambio de la ley, como la introducción de la ultraactividad de los convenios o dar prioridad a los acuerdos colectivos sectoriales sobre los de empresa, se adopten "tras una evaluación de sus efectos potenciales", mientras se conservan "los logros de las reformas anteriores". Algo, que de momento, no parece posible, pues desde la CEOE califican de traición y engaño la firma del acuerdo entre los dos partidos del Gobierno y EH-Bildu. El disenso pondría incluso en peligro la negociación de los sectores que podrán continuar disfrutando de los Ertes de fuerza mayor.
Fuentes de la patronal insisten en que lo más importante es salvar la viabilidad de las empresas, por lo que no rompen los puentes con el Gobierno, aunque exigen conocer en qué consiste exactamente el acuerdo firmado. Y, muy especialmente, cuál es la posición real del Gobierno ante las declaraciones contradictorias lanzadas desde el ala socialista y la de Podemos, máxime cuando el pacto se pergeña también al margen de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
El presidente llamó a Garamendi
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, telefoneó el jueves por la mañana a los líderes de los agentes sociales, tanto sindicales como empresarios. Aunque desde la CEOE reconocen la llamada, no entran en su contenido. En cualquier caso, no parece que haya sido suficiente para calmar los ánimos de los empresarios. Fuentes de la patronal apuntan que existe un profundo malestar por lo que consideran un desprecio por el diálogo social. Algo que también se señala desde los sindicatos. Por eso, el sentir de la organización empresarial española es que conviene dar un escarmiento al Gobierno, para que comprenda que con el diálogo social no se puede jugar. Pero, siempre, dejando los puentes tendidos.
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