El pacto alcanzado entre PSOE, Unidas Podemos y EH Bildu que pretendía derogar "íntegramente" la reforma laboral sin contar con los agentes sociales (sindicatos y patronal) ni el Congreso ha creado la primera fractura en la coalición de Gobierno entre Sánchez e Iglesias.
El presidente está molesto porque el líder de Podemos acudió el jueves por la mañana a Catalunya Radio a reafirmar el acuerdo, después de que Calviño lo había enmendado la noche anterior. En Moncloa lo consideran un acto de "extraordinaria deslealtad".
La vicepresidenta tercera exigió a Sánchez una rectificación poco después de filtrarse el texto en la noche del miércoles.. El presidente sólo aceptó después de un tira y afloja, en el que Calviño dejó claro que "la reforma laboral no se va a modificar un pelo en las actuales circunstancias" mientras ella ostentara ese cargo. Una manera indirecta, según fuentes cercanas, de sugerir al presidente que para mantener el compromiso debería cesarla. Finalmente, se buscó una salida honrosa, que el texto se redactara en los términos del acuerdo de legislatura entre Psoe y Podemos, que prevé su modificación "en los aspectos más lesivos" .
Iglesias y Calviño se encuentran de nuevo a cara de perro, después de aquel famoso consejo de ministros celebrado a mediados de marzo en el que el líder podemita quiso nacionalizar buena parte de las empresas sobre energía y los medios de comunicación, con la excusa de la pandemia.
Como en aquella ocasión, Sánchez se llamó andana. Ni entonces ni ahora consultó con su Gobierno, simplemente se pliega a los deseos del líder podemita
El compromiso se escondió al resto de grupos parlamentarios que apoyaron la prórroga del estado de alarma durante más de 48 horas. Ni PNV, ni Coalición Canaria, ni por supuesto Ciudadanos, tenían la más remota idea. Tampoco los miembros del Gobierno con excepción de la vicepresidenta primera, Carmen Calvo.
El secretario de organización del PSOE y ministro de Transportes y Movilidad, José Luis Ábalos, reconoció que no había sido consultado, al igual que le ocurrió a Nadia Calviño. Ni tampoco la titular de Trabajo, Yolanda Díaz, responsable de las materias laborales, que ya se había plegado a las exigencias de Calviño en este asunto.
En esta ocasión, la firmante del documento por parte socialistas, la portavoz parlamentaria, Adriana Lastra, y Carmen Calvo, encargadas de negociar la prórroga del estado de alarma, lo consultaron con el presidente.
Pero éste lo ocultó en el consejo de ministros del martes pasado, en el que se sobrevoló sobre la prórroga. La víspera el compromiso había quedado sólo pendiente de la ratificación de Sánchez, que se produjo el mismo día en el que reunión a su gabinete.
Así funcionan las cosas en las cocinas del Palacio. Iglesias y Sánchez, junto a sus asesores Julio Rodríguez, Iván Redondo ó Félix Bolaños, llevan las riendas del país al margen del resto del Gobierno, que se limita a dar el taconazo y el sí señor que manda usted, en las reuniones semanales en Moncloa. Si esto no es una dictadura bananera, se parece mucho.
La patronal presidida por Antonio Garamendi se apresuró a dar un comunicado a primera hora del jueves por la mañana en el que califica el pacto de "desprecio indignante para el diálogo social", que deja en suspenso hasta nueva orden.
Un giro copernicano, teniendo en cuenta que sólo una semana antes se había tenido que desplazar a Moncloa a firmar el acuerdo para renovar los Ertes. "Ahora quizá comprenda la equivocación que fue esa foto, pese a que algunos se lo advertimos", aseguran fuentes cercanas.´
Garamendi aprende pronto de sus propios errores. En la misma noche del miércoles telefoneó a varios de sus vicepresidentes para consensuar una postura. Esta vez parece que sí hubo unanimidad en plantar cara al Ejecutivo.
El primer borrador del comunicado instaba a romper definitivamente el diálogo con el Gobierno. Pero luego se matizó, a petición de los vicepresidentes, y se sustituyó el verbo romper por "suspender", una manera de decir que podrá retomarse en el futuro si se aceptan sus condiciones.
"La reforma laboral no se modificará un pelo conmigo de vicepresidenta", dijo Calviño a Sánchez
Los empresarios confían en que después de la trifulca no haya obstáculos para prorrogar los Ertes más allá de junio. Será una de las condiciones que pondrán para volver a la mesa de negociación.
El propio Sánchez, así como varios ministros del área económica telefonearon a Garamendi para disculparse. La explicación que da tanto Sánchez, como Calvo, encargada de contactar con los partidos que apoyaron la prórroga, es que fue un "malentendido".
El comunicado de la CEOE advierte que la contrarreforma se produce en un momento "muy delicado" para la economía. Bruselas instó ese mismo miércoles en su revisión de primavera al Estado español a gastar más en la protección del empleo y en mejorar la liquidez de las empresas.
Justamente lo que reclaman los empresarios, cuando solicitan un alargamiento de los Ertes, a la par de que se refuercen los colchones de liquidez, con instrumentos como la concesión de avales, para evitar la quiebra de miles de pequeñas y medianas empresas.
España es el país de la Vieja Europa que menos ha hecho por proteger su tejido empresarial. Hasta un millón de empleos se perderán cuando se levanten los expedientes de regulación por la falta de medidas de apoyo del Gobierno a las pymes. Unas 300.000 pymes o autónomos no han logrado siquiera avales para garantizar su supervivencia.
España es el país de la UE que menos ha hecho por proteger su tejido empresarial
La mayoría de bares y restaurantes que abrieron en las zonas que entraron en fase 1 lo hicieron porque no podían aguantar más los gastos y la inmensa mayoría se disponen a echar el cierre definitivo, ante la raquítica demanda. En países como Dinamarca se apoya a las empresas para que puedan volver a la actividad en condiciones óptimas de liquidez y aguantar hasta que la recuperación se consolide.
La canciller Merkel puso un billón de euros en avales a disposición de las sociedades germanas, frente a los 100.000 millones de España, donde la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, obliga a pagar las cuotas de la Seguridad Social a las empresas que despidan durante los seis meses siguientes a la reapertura.
La patronal de la hostelería estima que la contrarreforma laboral incrementaría en alrededor de un 30 por ciento los cierres. Una de las cláusulas más elogiadas por el Ejecutivo comunitario, que las subidas salariales adoptada de manera individual por cada empresa prevalezca sobre los convenios colectivos podría desaparecer si se modifica la Ley.
El Gobierno estima que el déficit público pase de más de 30.000 millones el año pasado a más de 100.000 durante éste y la deuda alcance entre el 115 y 120 por ciento del PIB. Unas magnitudes que han disparado las alarmas sobre un posible rescate para pagar las deudas.
Cualquier contrarreforma laboral soliviantará el ánimo calvinista de la llamada liga hanseática (Holanda, Dinamarca y Finlandia a la que se ha unido Austria) contra el sur de Europa.
El medio billón que Merkel y Macron se comprometieron esta semana a movilizar está basado en "un claro compromiso de los países miembros a seguir políticas económicas sólidas y una agenda reformista ambiciosa", según el texto del acuerdo. Este, junto con la seguridad jurídica para los empresarios, fueron los argumentos esgrimidos por Calviño para convencer a Sánchez de que rectificara el texto de la reforma laboral.
Las transferencias de 24.000 millones para pagar el desaguisado sanitario desaparecerán si persiste en endurecer las condiciones del mercado de trabajo.
El run run de la falta de liquidez ha acompañado esta semana a las actuaciones del Gobierno. Cerca de un millón de personas, según los asesores fiscales, están aún pendientes de cobrar el Erte, pese a que la ministra Díaz que se trata sólo de temas puntuales.
Díaz se sorprendería si acudiera a las colas, que cada mañana se forman en el barrio madrileño de Aluche, de que muchos de estos nuevos pobres lo son porque llevan más de dos semanas sin cobrar una prestación por su baja temporal.
El Tesoro se apresuró esta semana a anunciar que cuadruplicará las emisiones de deuda (del 30.000 a 130.000 millones) para afrontar las necesidades sociales. Pero la cifra final alcanzará los 300.000 millones.
Es triste que ni Sánchez ni Iglesias le den importancia a la catástrofe social y económica que se avecina y sigan empeñados en refugiarse en el estado de alarma para aprobar normas y reales decretos, que pueden conducir a España a la ruina. Si la alarma se hubiera prorrogado por 30 días, la contrarreforma laboral podría haber sido convalidada por la Diputación Permanente del Congreso n los meses de julio y agosto. Iglesias está ensayando en Moncloa su república bolivariana y Sánchez acepta cualquier cosa con tal de seguir en el Gobierno..
Entidades
