La derogación de la reforma laboral de 2012 en un periodo tan corto como es el del estado de alarma obligaría al Gobierno a utilizar, una vez más, la figura del Real Decreto-Ley, que únicamente puede justificarse "en caso de extraordinaria y urgente necesidad". Esta es la base del empleo de todas las normas de esta categoría emitidas por el Gobierno desde el pasado 4 de marzo.
El Tribunal Constitucional reconoce el "juicio puramente político" del Gobierno, al que incumbe la dirección política del Estado, para la apreciación de la concurrencia de tales circunstancias, lo que podría llevar a Pedro Sánchez a intentar derogar las partes de la reforma laboral, que han acordado PSOE, Unidas Podemos y Bildu.
En esta ocasión, se trata de derogar una ley orgánica, que por su importancia es una figura protegida que precisa de mayorías absolutas para su modificación. En esta ocasión, diversos juristas consultados consideran que no sería posible modificar esta norma en los plazos marcados en el acuerdo.
En la jurispriudencia del Tribunal Constitucional está vedada al decreto-ley la materia reservada a la ley orgánica, en la medida en que no coincida su ámbito con las materias enumeradas en el artículo 86.1 de la Constitución, justamente por su procedimiento especial de aprobación.
Así, está establecido que no se permite que por decreto-ley se regule el régimen general de los derechos, deberes y libertades del Estado o se vaya en contra del contenido o elementos esenciales de alguno de tales derechos (sentencia del TC 111/1983) o de los elementos estructurales esenciales o generales de la organización y funcionamiento de instituciones estatales básicas, pero sí otros aspectos accidentales o singulares de las mismas (sentencia 60/1986).
El Gobierno podría alegar que únicamente afectan sus decisiones algunos aspetos de la Ley Orgánica que podrían considerarse como de regulación por una ley ordinaria.
En definitiva, una reforma tan delicada y sobre una norma protegida debería seguir los cauces parlamentarios y abstenerse el Gobierno del camino del Decreto Ley. El Parlamento tendría un reto muy duro.
