Coincidiendo con al presentación del plan económico del Partido Popular presentado esta semana por Alberto Núñez Feijóo, elEconomista ha preguntado a los mejores expertos económicos del país sobre las recetas para sortear la nueva crisis económica.
España evita el riesgo de recaer en el que fue su gran problema antes de la crisis de 2008-2013: el déficit exterior. Ahora bien, según las últimas previsiones del Fondo Monetario Internacional (FMI) mucho de lo ganado en los últimos años se perderá y costará hasta un lustro recuperarlo. En concreto, la institución con sede en Washington pronostica que el superávit por cuenta corriente de España será casi inexistente este año y el siguiente y sólo en 2027 volverá a presentar una cuantía semejante, aunque todavía inferior, a los dos puntos de PIB que presentaba antes de la crisis del coronavirus.
El enquistamiento de la guerra en Ucrania provoca que la UE se plantee la que sería la sanción más expeditiva contra Moscú hasta ahora aprobada: paralizar las importaciones europeas de hidrocarburos rusos, especialmente de gas. Es una medida que también apoyan expertos de tanto peso como el exconsejero del propio presidente Vladimir Putin, Andrei Illarionov, quien asegura que "con un embargo real en este ámbito el conflicto se acabaría en uno o dos meses". Los expertos nacionales e internacionales consultados por elEconomista ven también factible un bloqueo de esta índole pero hacen claras advertencias en cuanto a cuál sería su impacto económico.
La masa salarial de las Administraciones españolas superó todas las marcas de la serie histórica el año pasado. De acuerdo con las cifras oficiales de Contabilidad Nacional del INE, en 2021 la suma de los sueldos de los asalariados del sector público (funcionarios junto al personal de otras categorías que integran la plantilla del sector público) más sus pagos por cotizaciones sociales ascendió a 147.363 millones anuales, y así se refleja en los datos más actualizados.
El mejor comportamiento que presenta el déficit de la Seguridad Social española está muy lejos de significar que se acabaron los problemas financieros en las cuentas de esta Administración. Su deuda muestra una evolución mucho más negativa, ya que continúa al alza y se ha más que duplicado (al crecer un 135%) desde los niveles que presentaba en 2018.
El Gobierno reclama a empresas y trabajadores más esfuerzos ante las nuevas dificultades económicas. Sin embargo, el Ejecutivo dista mucho de dar ejemplo en cuanto a austeridad en la gestión de su propia plantilla. Muy al contrario, llama la atención cómo el Estado elevó el gasto destinado a personal de carácter eventual (aquél que los altos cargos designan libremente) un 24% entre 2019 y el año pasado, el periodo en que se sucedieron el apogeo de la pandemia de Covid-19 y el comienzo de la histórica crisis inflacionista que aún se desarrolla.
El Gobierno anticipó esta semana su intención de servirse de los "grandes beneficios" de las eléctricas para paliar los efectos de la actual crisis inflacionista. Sin embargo, no se detendrá ahí su afán de inmiscuirse en las cuentas de resultados corporativos. Muy al contrario, el Ejecutivo quiere servirse del pacto de rentas, que aún negocia con los agentes sociales, para limitar los beneficios y por ende el reparto de dividendos de todas las empresas que se adhieran a ese futuro acuerdo. | Editorial: Un ataque a la libertad de empresa.
Las consecuencias de la invasión de Rusia a Ucrania también llegan a los más poderosos. España retuvo ayer dos megayates propiedad de oligarcas rusos que estaban atracados en el Puerto de Barcelona y el de Port Adriano (Calvià, Mallorca) en cumplimiento de las medidas sancionadoras aprobadas por el Consejo Europeo.
El Consejo Editorial de elEconomista vuelve a tomar parte activa en el debate sobre las medidas que España necesita ante una situación de emergencia económica.
Apenas ha comenzado la negociación con los agentes sociales sobre el pacto de rentas que el presidente Sánchez propuso en el Congreso. Sin embargo, en el Gobierno ya admiten que ese acuerdo será por completo insuficiente si no va más allá de poner límites a la evolución de los salarios y los márgenes empresariales. Por ello, fuentes del Ejecutivo reconocen su intención de que se definan también topes a la revalorización de las pensiones, ahora que su revinculación al IPC las aboca a un alza récord en 2023.