La estrategia internacional de intentar doblegar la ofensiva bélica lanzada por Vladimir Putin en Ucrania con el aislamiento económico de los magnates empresariales de su círculo más próximo fuera de Rusia tiene un puntal clave en la congelación de las cuentas bancarias, pero no se agota ahí.
La maquinaria puesta en marcha implica, en la práctica, la inmovilización de su patrimonio, sea o no financiero, sin posibilidad de transferirlo o monetizarlo sin que salten las alarmas.
La decisión que aplica en España se tomó en esfera europea. El Consejo Europeo acordó el paquete de sanciones el pasado jueves, 24 de febrero, con medidas restrictivas colectivas e individuales que se aplicarían a un total de 654 personas y a 52 entidades y que posteriormente se ha ampliado con la inclusión de muchas otras identidades.
Los nombres conformaron una lista que los países trasladaron a través de los organismos o autoridades competentes para estas vigilancias a las entidades obligadas a cumplir con la misión.
En el caso español, la lista ha llegado desde la Autoridad Supervisora en materia de prevención de blanqueo de capitales Sepblac casi al instante a los llamados sujetos obligados.
Bajo esa definición figura un amplio elenco de categorías sectoriales y profesionales que, por motivo de su actividad, están obligados a conocer bien quiénes son sus clientes para prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. La ley les obliga a estar vigilantes sobre operaciones que puedan resultar sospechosas y filtrar listas similares realizadas 'ad hoc' para evitar el blanqueo de fondos y financiación de actividades ilícitas.
Además de no poder realizar movimientos financieros o bancarios, su patrimonio íntegro queda bajo control
Aunque el 'cordón sanitario' que se pretende crear con los altos cargos y empresarios rusos no es por esas razones ilícitas, el protocolo elegido pasa igualmente por el Sepblac y, según fuentes oficiales, comprometería, por tanto, al mismo espectro de sujetos obligados.
¿Qué supone en la práctica? Que además de no poder realizar movimientos financieros o bancarios, su patrimonio íntegro queda bajo control. Y es que estarán obligados a vigilar y alertar de operaciones que involucren a las personas del listado todo tipo de entidades financieras (bancos, aseguradoras, empresas de servicios de inversión, gestoras, firmas de capital riesgo, sociedades de garantía, empresas de dinero electrónico y remesadoras de fondos), pero también los operadores inmobiliarios, auditores, abogados, contables, asesores fiscales, notarios, registradores, procuradores…
Cualquier profesional independiente que intervenga en una operación de inversión o asesoramiento está sujeto igualmente a dicho requerimiento, junto con operadores tan dispares como casinos de juego, empresas de transportes de fondos, de loterías, fundaciones o, incluso, personas que comercien profesionalmente con objetos de arte y antigüedades.
En su concepción, la norma ha ido incorporando de manera progresivas nuevas actividades y profesiones a medida que se detectaban brechas al sistema que intentaban utilizar los delincuentes para dar 'formalidad' a las finanzas de sus ilícitas actividades. Y la ley de 2014 que les obliga establece en su articulado que la omisión de la obligación sería potencialmente sancionable.
Este control, llevado ahora a la maquinaria contra la guerra en Ucrania, impide, en la práctica, enajenar o transferir patrimonio alguno residenciado en España por los oligarcas rusos incluidos en el listado sin que salten las alarmas.
Sin embargo, la estrategia europea no deja de ser un terreno inexplorado sujeto a cambios o actuaciones diferentes. Un ejemplo ilustrativo: Francia inmovilizó ayer un yate del oligarca ruso Igor Setchine, dirigente de la compañía petrolera estatal Rosneft, ante el riesgo de que abandone sus aguas como preveía cuando la nave llegó a puerto galo en enero para ser reparada.
Las autoridades de Alemania incautaron otro megayate, en su caso propiedad Alisher Usmanov, un multimillonario del sector del metal y con una fortuna cifrada por Forbes superior a los 14.000 millones de euros. Se trata del yate más grande del mundo, por el que pagó 600 millones de dólares en 2016, y que se encontraba desde octubre en los astilleros que la empresa alemana Blohm+Voss tiene en la ciudad de Hamburgo.
Unos y otros sistemas de bloqueo de patrimonio y control, con independencia de que se extiendan o no, dan idea también de algunos pulsos económicos que se pueden ejercer buscando la paz.
