La gravedad de la situación en Ucrania marcó ayer la reunión de la Mesa Redonda Europea por la Industria (ERT por sus siglas en inglés), celebrada en Palacio del Elíseo en París, con la asistencia del presidente del país anfitrión, Emmanuel Macron, al que acompañaron el canciller alemán, Olaf Scholz, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.
La invasión de Ucrania por parte de Rusia resucita el secular esquema del enfrentamiento entre Occidente y Oriente. Sin embargo, el terreno de juego actual presenta a dos contendientes con un peso muy desigual, sobre todo en lo que su respectivo poder económico concierne. Incluso en el hipotético caso de que Moscú encuentre en Pekín un apoyo incondicional a su agresiva política, lo cierto es que la suma del PIB agregado de los actuales integrantes de la OTAN (que supera los 34 billones de euros al tipo de cambio del pasado viernes) aún estaría cerca de triplicar la suma de las economías china y rusa.
La invasión rusa del territorio ucraniano inicia un nuevo capítulo negro en la historia europea que remueve los peores temores económicos. Concretamente, una de las primeras aristas que abre esta irrupción bélica radica en su capacidad de hacer que se enquiste el muy alto nivel de precios actual. En esta coyuntura, la tasa media del IPC no tomaría la previsible senda descendente que marcaban las previsiones. La inflación estaría así abocada a cerrar 2022 en una tasa promedio récord (tanto para España como para la eurozona) del 6,5%, muy por encima del 3,5% de media registrado el año pasado.
El incremento de las afiliaciones a la Seguridad Social y el descenso de las personas registradas en el paro están muy lejos de agotar la realidad del mercado laboral español. Frente a esas buenas noticias, subsisten en nuestro país indicadores alarmantemente bajos, según los estándares europeos, como es el caso de la tasa de actividad. Esta última cerró el año pasado por debajo del 60%, 16 puntos por debajo de la media de la UE-27 y de la eurozona (muy similares en ambos casos: 74,3 y 74,5% respectivamente).
En medio de la crisis abierta entre Génova y la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, surge una incógnita aún por aclarar, relacionada directamente con el hermano de la líder madrileña, Tomás, y los 280.000 euros que cobró (según el PP), relacionados con un contrato público de la Comunidad de Madrid para adquirir mascarillas.
El órdago lanzado por los sindicatos mayoritarios, reivindicando para este año un incremento de los salarios por convenio que ronde el 4%, amenaza con convulsionar el desarrollo reciente de la negociación colectiva en España. Si la reivindicación sindical prosperara, el incremento de los sueldos casi triplicaría el avance promedio registrado el año pasado, que se situó en el 1,47%.
La crisis vinculada a la epidemia del Covid-19 no deja rastro alguno en las subvenciones directas que, a través de los Presupuestos Generales, reciben en cada ejercicio los sindicatos españoles. Muy al contrario, el periodo transcurrido entre 2020 y 2022 será para recordar en las centrales, dado que esas asignaciones, además de poner punto final a la congelación que mostraban desde 2013, ven duplicada su cuantía en tan solo dos años.
El objetivo de que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) equivalga al 60% del sueldo promedio en España, en el cierre de la presente legislatura, se le va ya de las manos al Gobierno central en la mayor parte de las comunidades autónomas, con el grave perjuicio que el rebasamiento de ese tope tendrá para gran parte del tejido empresarial.
Las patronales CEOE y Cepyme se muestran cada vez más preocupadas por el impacto que tendrá el alza del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que se da por aprobada para este mes, hasta 1.000 euros mensuales en 14 pagas. Más allá del previsible rechazo, ya hecho público, a la intención de la vicepresidenta Díaz de llegar a esa cifra, fuentes de CEOE comentan a elEconomista que ahora el incremento tendrá un impacto directo en las nóminas de cerca de 1,5 millones de trabajadores, lo que supondrá un daño inminente y de gran hondura para miles de empresas españolas.
Uno de las líneas maestras de la recién convalidada reforma laboral pasa por la reducción de la temporalidad, aunque solo sea en términos puramente estadísticos. El Gobierno tiene prisa por demostrar ese efecto y llegó al extremo de asegurar que el fenómeno ya se produjo el pasado enero, pese a que la reforma acumulaba entonces poco más de un mes en vigor. Lo cierto es que detrás de esas reducciones, que serán frecuentes en los próximos trimestres, se esconde el impulso que experimentará la polémica figura de los contratos fijos discontinuos, cuyo número está en vías de triplicarse sobre su nivel actual.