Yolanda Díaz propuso a los agentes sociales subir el salario mínimo interprofesional (SMI) hasta los 1.000 euros mensuales en 2022, lo que supone un alza de 35 euros sobre el actual situado en 965 euros.
El inicio de la negociación sobre el SMI llega pocos días después de aprobarse la reforma laboral. De ahí que resulte obvio que con este movimiento, la vicepresidenta del Gobierno busca recuperarse desde un punto de vista político del fiasco que para ella supuso la polémica votación de la reforma laboral de la pasada semana.
Pero sobre todo, Díaz busca revertir el daño que para su imagen de nueva líder de la izquierda supuso verse obligada a aliarse con Ciudadanos para sacar adelante la reforma, lo que la enemistó con formaciones más afines a Podemos como Bildu o ERC.
No está claro que Díaz vaya a lograr su objetivo. Pero lo que sí es seguro es que la vicepresidenta vuelve a impulsar el rápido e intenso crecimiento que el SMI muestra desde 2018. Desde entonces, el poder adquisitivo del salario mínimo ha avanzado un 30%. Se trata de una evolución que no solo es incoherente con el comportamiento de la inflación. Tampoco el crecimiento de la economía ni de la renta per cápita justifican el avance desproporcionado y vertiginoso de dicha retribución.
Con todo, el mayor problema de un nuevo incremento del SMI está en los efectos de segunda ronda que genera en el conjunto de la negociación colectiva. Más aún en un momento tan delicado como el actual con la inflación en máximos. Por todo ello, el nuevo aumento del SMI que Díaz busca por interés político impulsará los altos costes laborales que ya afrontan los empresas. Este incremento frenará la creación de empleo, principalmente entre los más jóvenes, ya que son el colectivo que percibe salarios más bajos.
