Economía

El Gobierno duplica las subvenciones a sindicatos durante la crisis del Covid

  • Las asignaciones crecen desde los 9 millones de 2020 hasta los 17 millones
  • Marcan un máximo histórico superior incluso a los del mandato de Zapatero
La vicepresidenta segunda y titular de Trabajo, Yolanda Díaz, con Unai Sordo (izda. CCOO) y Pepe Álvarez (dcha. UGT). eE
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La crisis vinculada a la epidemia del Covid-19 no deja rastro alguno en las subvenciones directas que, a través de los Presupuestos Generales, reciben en cada ejercicio los sindicatos españoles. Muy al contrario, el periodo transcurrido entre 2020 y 2022 será para recordar en las centrales, dado que esas asignaciones, además de poner punto final a la congelación que mostraban desde 2013, ven duplicada su cuantía en tan solo dos años.

En concreto, pasan de los nueve millones desembolsados en 2020 a los 17 millones de euros contenidos en las Cuentas del Estado que están en vigor desde el mes pasado. Nada hay comparable a un avance tan rápido, y de tanta envergadura, en la evolución de las subvenciones sindicales registrada en las últimas dos décadas.

Estos desembolsos (cuyos principales beneficiarios, aunque no los únicos, son UGT y CCOO) acumulan una historia ya muy larga; no en vano se iniciaron a principios de los 80. Sin embargo, los 20 años pasados desde 2002 son especialmente significativos para analizar la actitud que ante ellas tomaron diferentes Gobiernos, y calibrar hasta qué punto su incremento más reciente resulta anómalo.

En ese periodo no sólo se sucedieron dos presidentes socialistas y dos populares. Además, se produjo una crisis económica comparable en sus efectos a la que posteriormente ha provocado la pandemia.

Fue el presidente Rodríguez Zapatero quien llevó las subvenciones sindicales al que, hasta ahora, había sido su máximo: 15,7 millones anuales. Pero las turbulencias que se desencadenaron desde 2008 le obligaron a congelarlas. La misma política siguió su sucesor, Mariano Rajoy durante sus dos mandatos después de reducirlas a 11,1 millones en 2012 y a 8,9 millones en el ejercicio posterior.

Ausencia de precedentes

En consecuencia, no hay precedentes de un incremento de los desembolsos directos para los sindicatos (proporcionales a su nivel de representación) de tan alta cuantía como el que se ha producido en los dos últimos años, y menos aún en una situación de emergencia económica como la que marca ambos ejercicios.

Sólo puede llamar la atención el marcado afán del Gobierno por gratificar de un modo tan generoso a las centrales. Con todo, lo cierto es que ese acercamiento coincide con un periodo en el que los sindicatos mayoritarios, UGT y CCOO, tienen una importancia creciente, y cada vez más exclusiva, a la hora de sacar adelante las iniciativas legislativas del Ejecutivo, mientras las patronales CEOE y Cepyme se ven relegadas.

Esa situación pudo comprobarse una vez más esta misma semana, cuando el Ministerio de Trabajo aprobó la nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta los 1.000 euros mensuales, con la única compañía de los líderes sindicales Pepe Álvarez y Unai Sordo.

Aquélla fue la segunda vez, en un breve espacio de tiempo, que se escenificaba un cierre de filas de la vicepresidenta Yolanda Díaz con UGT y CCOO en lo que concierne al SMI. Pocos meses antes, en septiembre de 2021, su incremento hasta los 965 euros al mes también se llevó a cabo sin que las organizaciones empresariales dieran su consentimiento.

Es cierto que el Gobierno podría haber decretado ambos incrementos unilateralmente, sin contar con ninguno de los agentes sociales. Sin embargo, también lo es que el Gobierno busca intencionadamente el el aval expreso de los sindicatos, especialmente en los ámbitos en los que el enfrentamiento con las posiciones de la patronal resultan ya claras. Así ocurrió también con la aprobación del alza de cotizaciones sociales del 0,6%, durante diez años a partir de 2023, para volver a nutrir el Fondo de Reserva del sistema de pensiones.

El Acuerdo Nacional de Empleo, firmado a principios de la década de los 80, definió la necesidad de subvencionar a los sindicatos anualmente para contribuir a sus "actividades socioculturales, la promoción de los trabajadores y la organización de actividades de carácter formativo", propias de este tipo de organizaciones. Desde entonces, se reparten cada ejercicio en proporción a su representación, de acuerdo con los resultados obtenidos en las elecciones sindicales.

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