Madrid
El objetivo de que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) equivalga al 60% del sueldo promedio en España, en el cierre de la presente legislatura, se le va ya de las manos al Gobierno central en la mayor parte de las comunidades autónomas, con el grave perjuicio que el rebasamiento de ese tope tendrá para gran parte del tejido empresarial.
El propósito, ya prácticamente asegurado por el Ejecutivo, de volver a subir de modo inminente el SMI, hasta 14.000 euros anuales en 2022 (distribuidos en 14 pagas de 1.000 euros mensuales), hará que esa retribución supere el 60% del salario medio ya en diez autonomías. Pero ahí no se acabarán los incrementos. El presidente Pedro Sánchez reiteró recientemente su compromiso de que el SMI vuelva a subir en menos de un año lo que, según los cálculos de sus expertos, lo situaría en el entorno de los 1.049 euros brutos mensuales y eso implicará que sean doce los territorios en los que el nuevo salario mínimo rebase el 60% del sueldo promedio.
Así se desprende de la comparativa de la evolución del SMI con los datos más recientes de la Encuesta Anual de Estructura Salarial, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en cuyo cómputo se incluyen tanto los contratos a tiempo completo como los de carácter parcial.
El resultado de las reiteradas, y cuantiosas, subidas que acumula el salario mínimo desde 2018, y que no han llegado a su fin, será que solo en cinco autonomías (País Vasco, Madrid, Navarra, Cataluña y Asturias) esa retribución respetará el tope del 60% del salario medio que el Gobierno se ha marcado.
En el otro extremo del espectro, se sitúan Extremadura o Canarias con porcentajes que rebasan el 70% y que dan una clara idea del gran esfuerzo en el pago de sus nóminas que se les echará encima a sus empresas.
"Falta de perspectiva"
Fuentes de la patronal CEOE confirman a elEconomista el muy grave panorama que se plantea al tejido productivo ya desde el presente ejercicio 2022. "Se está perdiendo la perspectiva del mundo real cuando ya se planean nuevas alzas del SMI, apenas unos meses después de que se acometiera otra subida". Aquel incremento lo situó en 965 euros en septiembre pasado, a la espera de que, en alguno de los Consejos de Ministros de finales de este mes, se dé luz verde a la subida hasta 1.000 euros que reclaman los sindicatos y al que ya se ha comprometido la vicepresidenta del Gobierno Yolanda Díaz, con efectos retroactivos al pasado 1 de enero.
El impacto sobre el empleo, especialmente en las autonomías en las que el avance del salario mínimo será más intenso, es todavía objeto de debate académico, aunque existe una gran mayoría de expertos que ya señalan los efectos nocivos. Entre los analistas que han hablado con más claridad se sitúan los propios del Banco de España.
Destrucción de empleos
De acuerdo con el regulador financiero, la histórica subida del 22% que el Gobierno impulsó en 2019, hasta los 900 euros mensuales se cobró una factura muy alta, entre 100.000 y 180.000 puestos de trabajo, entre empleos destruidos o contrataciones que no se llegaron a materializar, disuadidas por el avance de este indicador.
También existen estimaciones de impacto en el mercado laboral más recientes, como la que firma Cepyme en colaboración con Randstad Research. Su simulación establece un escenario base con el salario mínimo en 1.000 euros mensuales y estima que el total de puestos de trabajo que desaparecerán oscila entre 60.000 y 130.000.
Más de la mitad de los mismos se concentra en ámbitos como la hostelería o los servicios de limpieza, todavía convalecientes después del daño que les ha infligido la crisis del Covid-19.
