La economía que, en los últimos años, presenta el mayor crecimiento de toda el área OCDE no puede presumir de que el motor de ese avance sea la inversión de sus empresas. Muy al contrario, la comparativa de los niveles más actuales de esa variable –correspondientes al primer trimestre de 2025– con los presentados en el cierre de 2019 –situando este periodo como nivel 100 de la comparativa– muestra cómo la llamada Formación Bruta de Capital Fijo se encuentra prácticamente en la cota inmediatamente anterior a la pandemia de Covid-19.

En los pasillos de las instituciones comunitarias ya surgen voces que apuntan a que el soterrado, pero nunca desaparecido, enfrentamiento entre los países del Norte y del Sur de la Unión Europea, resurgirá con fuerza renovadas, con motivo de la negociación del nuevo Presupuesto comunitario. La causa estriba en que serán las economías meridionales las que más tendrán que elevar su desembolso en Defensa en los próximos años, pero ese esfuerzo –paradójicamente– tendrá la mayor repercusión en los Estados septentrionales, aquellos en los que, aun cuando el desembolso militar es ya elevado, se encuentran geográficamente más expuestos a la amenaza rusa, y tienen legitimidad para reclamar una parte mayor del futuro presupuesto común para Defensa.

El Ejecutivo comunitario de Ursula von der Leyen pondrá este mes sobre la mesa su propuesta de Presupuestos Generales comunitarios para el periodo 2028-2034. El debate será arduo, pero ya se puede anticipar que abordarán unas Cuentas con cambios radicales respecto a formulaciones anteriores. Hasta el punto de que uno de los pilares de la integración europea, la Política Agraria Común (PAC), se arriesga a un recorte de hasta el 20% de sus recursos, con objeto de liberar fondos para las crecientes necesidades defensivas de la Unión.

El Gobierno del presidente Pedro Sánchez se afana, desde el pasado fin de semana, en argumentar que nuestro país se beneficiará de un trato diferencial en los acuerdos firmados en la Cumbre de la OTAN en La Haya, que acaba de concluirse. Sin embargo, puesto negro sobre blanco, el texto del pacto -al que ha tenido acceso elEconomista.es- es notablemente escueto y no hace referencia alguna a excepciones a la hora de fijar como objetivo el aumento del gasto en Defensa hasta el 5% del PIB desde este año hasta 2035.

El presidente Pedro Sánchez se afana, en los últimos días, a la hora de establecer un cordón sanitario en torno a su Gobierno, asegurando que los escándalos de corrupción que han aflorado se circunscriben al Partido Socialista. La realidad, sin embargo, evidencia que los diferentes ministerios, entre ellos cinco marcadamente económicos, que componen el Gabinete de Sánchez se estrellan, desde el inicio de la legislatura, con graves dificultades para sacar adelante leyes clave para sus estrategias. La causa estriba en la falta de solidez de sus apoyos parlamentarios o de los sectores afectados. Tan compleja situación tiene todos los visos de que se enquistará aún más ante el descontento que los casos Koldo, Ábalos, Cerdán... provocan en los socios del Ejecutivo de coalición.

Agosto de 2026 sigue marcado a fuego en el calendario de la Comisión Europea como el tope temporal para que los Estados miembro reciban y ejecuten las transferencias y créditos Next Generation. Ahora bien, ante lo apurado del calendario para países como España, cuya demora es ya notoria, el Ejecutivo comunitario hace gala de realismo y ofrece varias opciones para que los proyectos ligados a los NextGen no se retrasen aún más o queden bloqueados sin remedio. Entre ellos, figura la autorización de que esas iniciativas sean financiadas por otro tipo de fondos comunitarios ya en funcionamiento y que exigen menos requisitos para su despliegue.

La interinidad presupuestaria en la que está sumida España desde el año pasado, para la que no hay un fin previsible en pleno 2025, no implica que las cuentas del sector público estén exentas de controles y límites. Muy al contrario, la regla de gasto –fijada por la Ley de Estabilidad Presupuestaria– mantiene plena vigencia pese al caso omiso que hace de ella el Estado. En concreto, la Administración central incrementa su desembolso a un ritmo anual del 6,8%, frente al límite del 2,6% que establece la mencionada norma.

Desde el Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado a principios de este año, todo debate sobre la reforma de la financiación autonómica está contaminado por la quita de deuda que Hacienda ofreció a los territorios en dicha reunión. No en vano, desde febrero, nada se ha avanzado en la reformulación de esa condonación –mucho menos en la reunión de ayer– y sigue levantando ampollas entre las Consejería de Hacienda por la desigualdad que provoca.

El retraso en los pagos de las Administraciones, el fenómeno conocido popularmente como las facturas ocultas en los cajones, resurge en España. El registro más exhaustivo y actualizado de estas obligaciones contraídas y no subsanadas –elaborado por la Intervención General del Estado (IGAE), dependiente del Ministerio de Haciendamuestra cómo iniciaron el año 2024 con un montante acumulado de más de 6.000 millones de euros. Esa cifra implica un incremento del 45% con respecto al año 2019, cuando sumaban 4.237 millones de euros adeudados a empresas, pero también a ciudadanos en concepto de bonificaciones o actualización de prestaciones.

El grupo de trabajo creado por el Banco de España, para proponer cambios en la Ley de Autonomía del supervisor, está a punto de terminar su trabajo, en medio de la polémica creada por la reestructuración de su servicio de estudios y de otras partes de su organigrama. Y en ese informe de carácter no vinculante, cuya publicación se prevé en cuestión de semanas, los expertos reabrirán el debate sobre la necesidad de extender el límite temporal, seis años improrrogables, al que ahora está sujeto el cargo de gobernador de la institución.