En medio de la crisis abierta entre Génova y la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, surge una incógnita aún por aclarar, relacionada directamente con el hermano de la líder madrileña, Tomás, y los 280.000 euros que cobró (según el PP), relacionados con un contrato público de la Comunidad de Madrid para adquirir mascarillas.
El contrato data de abril de 2020 y es bien conocido desde noviembre pasado, hasta el punto de que la oposición en la Asamblea madrileña se refirió a que su beneficiario es la empresa Priviet Sportive, propiedad de Daniel Alcázar, amigo de la familia Díaz Ayuso. No hay indicios de ninguna ilegalidad en él.
También hay indicios que el hermano de la presidenta madrileña recibió el cobro de los ya mencionados 280.000 euros, derivados de una venta que en su totalidad ascendió a 1,5 millones. De hecho, la líder del Ejecutivo regional asegura que conoció en septiembre de 2021 (a instancias del presidente del PP, Pablo Casado) la existencia del contrato para la adquisición de mascarillas y que se puso en contacto con su hermano.
Un pago "regulado"
Este último admitió su relación con la empresa Priviet y la existencia del cobro. El desembolso se llevó a cabo de forma "por completo regulada ante Hacienda", según ha aseverado la presidenta, pero eso no significa que todas las circunstancias que lo rodean estén claras.
Falta por esclarecer cuál fue el motivo del pago, en concreto si se trató de una comisión ligada a una supuesta labor de mediación ejercida por Tomás Díaz Ayuso o si se debe a una contraprestación, posiblemente de carácter técnico, que no tiene vinculación alguna con la compra pública. Al parecer, el PP reclamó a la presidente madrileña que abriera una investigación sobre los motivos del desembolso, ante el temor de que pudiera estallar un escándalo que salpicara al partido en su conjunto.
Esa investigación, no llegó a ponerse en marcha en el Gobierno madrileño y dicha situación es la que generó inquietud en los despachos de Génova ante las implicaciones que el caso podía alcanzar.
