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Una realidad perversa del sistema de pensiones español se da a raíz del modelo de jubilación anticipada, que según el reglaje de porcentajes de penalización por cada año que se adelanta el retiro resulta en su cómputo final más ventajoso para las rentas altas y más gravoso para las más bajas. Ahora, como ya adelantó elEconomista y ya ha anunciado el ministro de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social, José Luis Escrivá, en sus últimas comparecencias, la intención es la de establecer un marco que por un lado incentive la permanencia en el puesto de trabajo más allá de la edad legal al tiempo que haya desincentivos para adelantar ese retiro.

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Según las declaraciones concretas realizadas por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en las que aseguraba esta semana que las pensiones de jubilación se revalorizarán en 2021 en base al IPC, del mismo modo que ha ocurrido este año, y el coste que ello implica en función de la inflación prevista, el Gobierno asume un gasto de unos 1.400 millones de euros en la revalorización de las pagas del próximo año. Concretamente, la cuantía de la pensión se vería incrementada para el próximo año en un 0,9%.

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Las alarmas sobre el mercado laboral continúan encendidas tras la devastación de la pandemia, y pese al relanzamiento de la actividad que aun a marchas forzadas trata de dar la vuelta al profundo hundimiento de la economía que asola España. Empresarios, sindicatos y asociaciones de autónomos vienen advirtiendo que a pesar de las cifras que arroja el mercado laboral con una leve recuperación en septiembre no son más que un espejismo de la destrucción de empleo que está por venir. Unas previsiones que, más allá, también se constatan echando un vistazo al comportamiento de la recaudación tributaria, y que hasta el mes de agosto arroja una caída de ingresos por Sociedades del 47,4% respecto al pasado ejercicio.

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A pocos días del toque de corneta para arrancar la reforma del sistema público de pensiones, una vez el Pacto de Toledo resuelva el documento de recomendaciones y que según ha podido saber elEconomista podría tener lugar en las próximas semanas, la reforma de pensiones parece tener ya cara y ojos a la luz de las observaciones realizadas por el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, durante su intervención en la Comisión parlamentaria del ramo. Concretamente, los cambios que llegan para las jubilaciones futuras se sustancia en seis aspectos, a pesar de que serán hasta 21 las recomendaciones que emita el Pacto de Toledo de la reforma.

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Hasta cuatro cambios de requisitos ha aplicado en los últimos días la Seguridad Social para agilizar el atasco que aún persiste en las aprobaciones de expedientes del ingreso mínimo vital. Los esfuerzos de la Administración para depurar con la mayor velocidad posible las peticiones de ingreso mínimo vital parecen no estar surtiendo efecto a tenor de los retrasos existentes en las concesiones de esta ayuda. Concretamente, el Gobierno reconoce haber recibido desde el día 15 de junio casi un millón de expedientes, cuya magnitud se entiende porque la cifra es equivalente a los expedientes de pensiones que resuelve en un año completo pero a día de hoy, solo unas 470.000 han sido procesadas y comenzadas a analizar (47%) y de ellas, se han concedido 90.800, lo que significa un 9,2% del total de las recibidas.

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La posible reforma del régimen especial de trabajadores autónomos (Reta) que se avecina tras el anuncio del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, para ajustar las cotizaciones del colectivo de autónomos tendría un impacto directo sobre cerca de 700.000 trabajadores que automáticamente verían incrementarse la cuota que abonan mensualmente a la Seguridad Social. Se trata de una medida, que tal y como apuntan desde el Ejecutivo, serviría para dotar de contributividad al modelo de cotización del trabajo autónomo y que implicaría una mejora en las prestaciones vinculadas al nivel de aportaciones, como el cese de actividad (cierre del negocio) o la pensión de jubilación. Sin embargo, en plena pandemia, una medida que implique un incremento de la cuota para un elevado volumen de autónomos podría tener un efecto contraproducente en los baremos de afiliación la Reta.

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La reforma del régimen especial de trabajadores autónomos (Reta) que prepara el Gobierno y que será abordada con las asociaciones de autónomos prevé un cambio principal en las cotizaciones de los trabajadores por cuenta propia: la aportación a la Seguridad Social en base a los ingresos reales. Se trata de una medida que el ministerio capitaneado por José Luis Escrivá ya ha anunciado pondrá en marcha y que ahora será negociada con las entidades representativas de este colectivo pero que parece claro se sustentará en un modelo de cotización por tramos, que haga de este régimen un sistema más contributivo. De entrada, al margen del detalle de las propuestas que ya se van deslizando tanto desde la administración como desde la organización, se entiende que de la reforma saldrá por un lado un ajuste de cotización tanto para aquellos que sobrecotizan en relación a sus ingresos netos como para los que infracotizan. La contrapartida, eso sí, sería directa en una mejora de las prestaciones por cese de actividad y de las pensiones de jubilación abonadas por la Seguridad Social, por lo que los cambios en la cuota iría aparejados de una mejora de las coberturas sociales para el colectivo.

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Gobierno y asociaciones representantes de los trabajadores autónomos avanzan con paso firme en la negociación de la reforma del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) en la que el principal cambio que se negociará es la configuración de un sistema de cotización a la Seguridad Social por parte de este colectivo en función de sus ingresos reales. Por un lado, incrementaría en principio la aportación media de este colectivo que en su inmensa mayoría escoge aportar el mínimo exigido a la Seguridad Social pero que por contra mejoraría ciertas prestaciones de estos trabajadores como el cese de actividad o la pensión.

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El Pacto de Toledo estudia la posibilidad de desviar hasta 12.000 millones de euros procedentes de las cotizaciones por desempleo que va a parar al Sepe a los fondos de la Seguridad Social para afrontar futuros gasto en pensiones. Concretamente, el documento sobre el que trabajan los partidos representados en la Comisión parlamentaria encargada de emitir las recomendaciones para la reforma del sistema público, recoge la posibilidad de derivar tres puntos porcentuales de la cotización que realizan los trabajadores al Sepe hacia contingencias comunes, que es la aportación que ingresa la Seguridad Social y con las que se sufragan las pensiones en nuestro país.

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El mercado laboral recibió un balón de oxígeno en septiembre tras los malos datos, casi catastróficos, que ha cosechado a lo largo del verano, justo cuando más contratación se debería producir por el efecto estacional. Pero ese efecto no fue tal por el impacto de la pandemia y en el pasado mes se ha vuelto a recuperar el pulso al empleo con 26.329 parados menos que abandonan las listas del Sepe y 84.013 nuevos afiliados que se incorporan al mercado de trabajo respecto al mes de agosto.