La sostenibilidad del sistema público de pensiones está en el punto de mira, y se encuentra seriamente comprometida según las proyecciones de gasto para esta partida publicadas este lunes por la AIReF donde se estima que para 2050 el coste anual será del 14,2% del PIB, lo que supondrá un alza de entre 2 y 4 puntos porcentuales del PIB. En este sentido hasta tres vías de actuación ha puesto sobre la mesa la Autoridad Fiscal para abordar reequilibrio del Sistema a través de la separación de fuentes de financiación que elimine los gastos no contributivos e impropios de la Seguridad Social, la profundización en los retoques de las medidas paramétricas abordadas en la reforma del 2011 y lo que se conoce como el trasvase de cotización del Sepe a la Seguridad Social, que supone desviar parte de la aportación por desempleo de los trabajadores a contingencias comunes, de donde sale la financiación para las pensiones.

Seis de cada diez españoles no está seguro de poder conservar su empleo durante los próximos meses, cuando la pandemia termine de desplegar sus efectos sobre la economía y las medidas de urgencia de apoyo a empresas y trabajadores se vayan retirando, como la aplicación de los Erte o las ayudas para autónomos. Según el II Barómetro sobre Preocupaciones de los españoles en relación al Empleo elaborado por Infojobs. el cierre de las empresas y negocios se sitúa al frente de las preocupaciones actuales de la mayoría de los españoles (69%), seguido de un salario no acorde con la experiencia y la formación (66%) y de la posibilidad de perder el empleo (61%). Unas cuestiones que hace tan sólo unos meses eran diferentes. En febrero de 2020, la principal preocupación de los españoles se centraba en tener un salario que no fuera acorde a su experiencia y formación profesional (72%).

La evolución de gasto en pensiones en nuestro país mantendrá su senda ascendente una vez que el Pacto de Toledo confirme la intención de vincular permanentemente la revalorización de las pensiones con el IPC y por el propio ciclo de la demografía española y el envejecimiento. Y vistas las dificultades financieras que atraviesa la Seguridad Social para afrontar el incremento de los gastos asociado al shock económico provocado por la pandemia, los economistas recomiendan al Gobierno articular un colchón anticíclico que garantice el pago de las pensiones, la sanidad y la dependencia, -costes asociados al envejecimiento- con una dotación de al menos 56.000 millones de euros en un plazo de 10 años, ante eventuales crisis.

Estar inscrito como demandante de empleo ya no será un requisito indispensable para poder recibir el ingreso mínimo vital desde este martes, al menos a priori. Así se incluye en el real decreto de regulación del teletrabajo en el que se han incorporado algunas medidas para facilitar el trámite de solicitud y resolución de los expedientes recibidos para recibir el ingreso mínimo. Pasa de este modo a tratarse de un requisito "a posteriori" de modo que será obligatorio una vez se haya pedido la ayuda y se esté percibiendo, en función de la condición del solicitante. Siendo la idea general que si el solicitante está en condición de empleabilidad, se apunte a demandante de empleo después de solicitarlo. De modo que la búsqueda activa de empleo pasa a ser como un requisito de mantenimiento de la ayuda. No un requisito previo obligatorio, pero sí una vez se está percibiendo la prestación en función de la situación del beneficiario.

El Pacto de Toledo se encuentra en estos momentos en plena recta final para zanjar las recomendaciones para la reforma de las pensiones que serán recogidas por el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, para traducirlas en cambios normativos. Uno de los aspecto que está garantizado es la vinculación de la revalorización de las pagas al IPC, y que según ha podido saber elEconomista está garantizado que así será en la nueva reforma a pesar de la coyuntura financiera delicada que atraviesa el Sistema. Sin embargo, esta brida implica una senda de gasto ascendente que amenaza con desbordar la capacidad de la Seguridad Social española, tal y como advertía recientemente el Banco de España. Precisamente, el regulador bancario ha analizado en un documento de perspectivas económicas la implicación de abordar esta senda de incremento de las pensiones, donde asegura que el coste de las pensiones se elevaría en 36.000 millones para 2050.