La pandemia ha descabalgado todos los calendarios de reformas con los que contaba el Gobierno cuando fue constituido a comienzos de año. De hecho, la crisis sanitaria ha provocado que el Ejecutivo legisle con celeridad algunas medidas que pretendía ir aprobando con el paso de los meses, como es el caso de la luz verde del ingreso mínimo vital. Ahora, con el impacto presupuestario de la crisis más nítido, otro de los acuerdos que apremian antes de la aprobación de las nuevas Cuentas es el de la reforma de pensiones, en el Pacto de Toledo.

Los jóvenes serán los grandes perjudicados y pagadores del endeudamiento y los efectos de la pandemia mundial sobre la economía pero también es uno de los grupos de población que más está sufriendo el impacto destructor del virus sobre el mercado laboral. En medio año España ha perdido casi un 10% del total de afiliados a la Seguridad Social de entre 16 y 29 años de edad. Esto significa que hoy trabajan en nuestro país 230.516 personas menos situadas en este tramo de edad que a comienzos del presente año. Concretamente, tal y como refleja el Informe del Mercado de Trabajo Estatal de Jóvenes menores de 30 años que elabora el Observatorio de las Ocupaciones del Sepe, dependiente del Ministerio de Trabajo y Economía Social, a principios de enero del presente año había en el mercado de trabajo 2,8 millones de empleados con una edad comprendida entre los 16 y 29 años, mientras que a mes de julio la cifra desciende hasta los 2,6 millones.

El atasco burocrático que experimenta en general la Administración Pública tras los peores meses de la crisis sanitaria amenaza con provocar un colapso que deje en punto muerto las gestiones más ordinarias de las distintas instituciones gubernamentales y que ha provocado la amenaza directa de los sindicatos si no se resuelven las disfunciones con movilizaciones a partir de septiembre. | EN DIRECTO: Todos los detalles de la evolución de la pandemia

La Seguridad Social ha dado cuenta del estado de la cuestión en lo que a la gestión de ingreso mínimo vital se refiere y las cifras denotan las dificultades y el cuello de botellas que se está viviendo en las oficinas del INSS por la avalancha de solicitudes. Según el ministerio liderado por José Luis Escrivá hasta finales de agosto se han recepcionado en las oficinas de las Seguridad Social 750.000 solicitudes de ingreso mínimo, de las que ha sido analizadas 143.000 y aprobadas 80.000 peticiones. Ello supone que de todas las solicitudes se han revisado solo el 19% de ellas, y se han aprobado un 10%. Si atendemos a los expedientes que han sido analizados el 56% de ellos han terminado por aprobarse. Unas cifras, no en vano, escasas, tal y como critican las asociaciones de servicios sociales y los sindicatos y que responden a la incapacidad por parte de los funcionarios de atender el elevado volumen de operaciones acumuladas en pocas semanas, desde que se puede pedir la nueva prestación.

El último golpe para los autónomos llegó hace escasos días con el anuncio del Gobierno de la aplicación de restricciones para el ocio nocturno acordadas con las comunidades autónomas. Ahora, la organización representante del trabajo autónomo UPTA ha calculado la envergadura del impacto para el sector de estas últimas restricciones dirigidas a contener el avance de los contagios en España, pero que conlleva un agravio para empresarios y trabajadores del sector. Concretamente, la entrada en vigor de la prohibición de apertura de los establecimientos catalogados de ocio nocturno, hará que 150.000 locales se vean obligados a cerrar, "miles de negocios de hostelería: pubs, cafeterías especiales y locales análogos no continuarán con su actividad", lamentan desde la organización.