Madrid
La reforma del régimen especial de trabajadores autónomos (Reta) que prepara el Gobierno y que será abordada con las asociaciones de autónomos prevé un cambio principal en las cotizaciones de los trabajadores por cuenta propia: la aportación a la Seguridad Social en base a los ingresos reales. Se trata de una medida que el ministerio capitaneado por José Luis Escrivá ya ha anunciado pondrá en marcha y que ahora será negociada con las entidades representativas de este colectivo pero que parece claro se sustentará en un modelo de cotización por tramos, que haga de este régimen un sistema más contributivo.
De entrada, al margen del detalle de las propuestas que ya se van deslizando tanto desde la administración como desde la organización, se entiende que de la reforma saldrá por un lado un ajuste de cotización tanto para aquellos que sobrecotizan en relación a sus ingresos netos como para los que infracotizan. La contrapartida, eso sí, sería directa en una mejora de las prestaciones por cese de actividad y de las pensiones de jubilación abonadas por la Seguridad Social, por lo que los cambios en la cuota iría aparejados de una mejora de las coberturas sociales para el colectivo.
En este sentido, ya en 2017, la asociación de autónomos UPTA llevó al Congreso una propuesta de reforma del reta que ajustase las aportaciones de estos trabajadores en base a sus ingresos reales, pero que cuenta con dos pilares insoslayables: las medidas deben ir acompañadas de una inspección férrea de la administración que evite el fraude en la declaración de ingresos y estas aportaciones se deberán ajustar a posteriori. Es decir, no se trata de prever un volumen de ingresos que va tener el autónomo durante el año sino que se ajustan las cantidades debidas de cotización en la declaración de renta, lo que sería un sistema de compensación con la Seguridad Social al cierre del ejercicio fiscal, en base al comportamiento de su negocio. Además, la reglamentación se articularía siempre en función de los ingresos netos. En este sentido, el presidente de esta entidad, Eduardo Abad, apunta que más allá de la reforma, esta debe ser sensible a la coyuntura económica, por lo que se deberá impulsar una vez despejado el panorama del impacto de la pandemia y atendiendo a las necesidades de los autónomos 'de base' para impulsar o relanzar sus negocios.
Cambios en la cuota, en base a ingresos
La propuesta de UPTA, que es la única que por el momento maneja el Ejecutivo como parte de la aportación de las asociaciones a la negociación que se prevé mantener con el Gobierno, resulta bastante concreta en el plano de las cotizaciones.
No aplicar cotización a la Seguridad Social a los declarantes que estén por debajo de 9.000 euros de ingresos íntegros anuales totales (en el umbral del Salario Mínimo Interprofesional) y cualificar la base de cotización a aquellos que estén por encima de los 70.000 euros brutos anules. Si bien a efectos de carrera de cotización y prestaciones las personas que desarrollan una actividad económica cuyos ingresos estén por debajo del SMI, tendría una aportación económica no superior a la establecida para los beneficiarios de la conocida Tarifa Plana. "Pendientes de un análisis más completo y sobre bases reales podemos considerar que nuestra propuesta puede implicar que estarían sujetos a cotización pero exentos sobre 500.000 personas, que buena parte de ellos en la actualidad no cotiza y ni siquiera están sujetos a cotización, y aumentaría la base de cotización de forma cualitativa a 400.000", apunta el documento al que ha tenido acceso elEconomista.
Al menos este salto en la cotización se tendría que adoptar en las bases mínimas, es decir, los declarantes cuyos rendimientos económicos anuales superen los 70.000 euros brutos, pasarían a cotizar por una base de cotización mínima de 1839,64 euros (sería el doble). La base de cotización mínima para los autónomos en los que los rendimientos de trabajo no excedan los 40.000 euros será de 919,80 euros, tomando la cotización mínima del presente 2017. "El que no se haya establecido hasta ahora una base de cotización cualificada para los autónomos que ingresan rentas más altas, ha tenido como consecuencia que buena parte de las rentas disponibles se hayan transferido al ahorro privado, bien a través de Fondos de Pensiones o Seguros profesionales y para la jubilación, produciendo un detrimento de recaudación en los sistemas públicos de protección social", argumentan desde la organización. Por esta razón, y en el caso de que la sugerencia de UPTA no fuera definitivamente aceptada, sería imprescindible buscar un modelo alternativo de gravamen para las aportaciones a los seguros privados para favorecer los ingresos del sistema público, siempre referidos a las rentas brutas superiores a 70.000 euros.
Más concretamente, tal y como apuntan desde la organización, entre los ingresos mínimos exentos por debajo del SMI y los más altos, hasta donde se duplicaría la base mínima, se establecerían tramos de modo que quienes se encuentren entre el SMI y los 30.000 euros elegiría su base cotización, mientras que entre 30.000 euros y 40.000 euros de ingresos netos se imputaría la base mínima que tienen los autónomos societarios.
Propuesta del Gobierno sobre el Reta
En esta línea, la Cadena Ser, deslizó este lunes ciertos aspectos que el Gobierno propondrá incluir en la reforma a los agentes sociales del trabajo autónomo, y que tal y como avanzó este diario, incluía la fijación de tramos de renta para escalar así las cuotas de contribución, y que parece se está articulando en base a siete tramos. Si bien fuentes cercanas a la neogciación reconocen que aún no han recibido ninguna propuesta del Ejecutivo. Según, la información de la Cadena Ser, aquellos autónomos con ingresos por debajo de los 12.000 euros seguirán tributando por la base mínima y recibirían incluso rebajas que podría llegar hasta el 50% de lo que cotizan. Quienes cobran hasta 24.000 o 25.000 euros seguirían cotizando como hasta ahora. Y a partir de ese nivel, las tributaciones irían creciendo hasta llevarla al máximo actual de 45.000 euros anuales.
Cabe recordar en este punto que el 86% de los 3,2 millones de empleado por cuenta propia que hay en nuestro país cotizan por el mínimo y desde 2019 la base mínima, incluida la incapacidad temporal, el cese de actividad y la formación continua es el 30% de 944,35 euros, lo que supone 283,30 euros al mes. Así, de media, la aportación de estos trabajadores es cerca de un 35% de media menor que la realizada por los asalariados en el régimen general.
A este respecto, el profesor colaborador del Instituto para la Formación del Trabajo Autónomo (IFTA) y vicepresidente CIRIEC España, Sebastián Reyna, explica a este diario que el trabajo de la reforma del Reta se centrará en la cuestión de las cotizaciones. Recuerda que el acceso a los servicios y coberturas se amplió ya en el Real Decreto de diciembre de 2018 aprobado por la entonces ministra del ramo, Magdalena Valerio, y que recogía que con carácter general, desde el 1 de enero de 2019, los trabajadores incluidos en el Reta deben cotizar de manera obligatoria por contingencias comunes, contingencias profesionales, cese de actividad y medidas de formación, orientación profesional y promoción de la actividad emprendedora.
