El Pacto de Toledo, en las postrimerías de la negociación para alumbrar las recomendaciones de la reforma del sistema público de pensiones, no solicitará al Gobierno una revisión de las cotizaciones para los trabajadores del régimen general de asalariados. Ello implica de facto que, en este momento no abogan por tocar las cotizaciones de estos asalariados, tanto de rentas altas como de rentas bajas y medias. Algo que sí ocurrirá para el régimen especial de trabajadores autónomos (Reta), donde sí que se solicitará dar un paso más hacia la convergencia de regímenes de la Seguridad Social, articulando un sistema de aportaciones en base a los ingresos reales. Esta decisión de salvar a los asalariados de una eventual subida de las cotizaciones tiene sentido en el actual contexto de crisis económica, donde puede ser contraproducente el aumento de los costes para la contratación, pero también tapona por el momento una de las vías para aumentar los ingresos, las cotizaciones sociales, que caerán un 2,5% en 2020.

Con el Pacto de Toledo al borde del acuerdo para las recomendaciones de la reforma de pensiones, habrá algunas cuestiones que eleve la Comisión que deberán someterse a examen durante los próximos meses, como la despenalización de las carreras de cotización de 40 años o más. Concretamente, los partidos políticos impondrán un plazo de tres meses al Gabinete de José Luis Escrivá para analizar el impacto presupuestario que supondría abrir la puerta para la entrada en el sistema de jubilaciones de estos trabajadores con largas vidas laborales. Si bien, los expertos consultados por elEconomista ya advierten de que una medida en este sentido a las bravas, que inicie una sangría de prejubilaciones, supondría un estocazo a la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones, que ya carga cada año con un déficit de 18.000 millones de euros y que este año se irá a los 25.000 millones por el impacto de la pandemia.

El sector del automóvil corre un riesgo "extremo" de colapso en algunas de sus factorías de nuestro país, según advierte Coface en el último barómetro de riesgo país lanzado en estos días en los que se advierte además un elevado riesgo para la industria textil por todos los condicionantes, más allá de la pandemia, que pueden golpear el comercio en ambos segmentos, como pueden ser el posible recrudecimiento en los próximos meses de la guerra comercial entre China y EEUU, o el cada vez más probable Brexit sin acuerdo que amenaza el corredor comercial español con las islas británicas (que supone algo más de un 5% del total de las ventas al exterior de bienes y servicios).

Tras la primera reunión entre el Gobierno y las asociaciones representantes del trabajo autónomo para abordar la negociación de la reforma del Reta, el Ministerio de Seguridad Social arrojó algo de luz sobre las líneas fundamentales de los cambios normativos previstos en el sistema de aportaciones de este colectivo. Y tendrá, en primera instancia más beneficiados que perjudicados. Por un lado, como ya avanzó este periódico se espera que 700.000 trabajadores de este colectivo vean elevarse su cuota con el sistema de cotización en base a ingresos reales aún en proceso de aquilatamiento y estudio. Pero más de un millón de los 3,2 millones de actuales cotizantes al Reta verían reducirse sus aportaciones mensuales a la Seguridad Social.

Uno de los secretos mejor guardados sobre el impacto económico de la pandemia en las cuentas de la Seguridad Social fue revelado por el Gobierno en la hoja de ruta presupuestaria enviada a Bruselas esta semana: el coste para el Estado de las exoneraciones de cotización para empresas y autónomos ascenderá este año a los 9.225 millones de euros. Concretamente, no se trata de un desembolso sino que este es el dinero que espera dejar de ingresar en el Sistema la Seguridad Social por las diferentes medidas de apoyo impulsadas en los peores meses de la pandemia para mitigar la destrucción de empleo y la erosión del tejido productivo.