Economía

El Gobierno quiere facilitar que cada persona que comience a trabajar tenga una "adscripción automática" a un plan de pensiones, de forma que pueda ahorrar y al llegar a su jubilación cuente con un "complemento significativo", teniendo en cuenta que "el ancla es el sistema público de pensiones". Concretamente, el objetivo, ambicioso, que se marca el Ejecutivo pasa por sumar a la mitad de los trabajadores a estos planes de ahorro colectivo que se promocionarán a través del anunciado fondo público de pensiones, que será desarrollado en un plazo de doce meses. Esto supone que si actualmente los planes de pensiones de empresa cuentan con casi dos millones de partícipes, la cifra llegue hasta la cobertura de nueve millones de ocupados.

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El acuerdo del Pacto de Toledo sobre la recomendaciones para la reforma de pensiones será sometido a votación en le pleno del Congreso de los Diputados el próximo 17 de noviembre. Presumiblemente, el texto deberá ser aprobado al menos por el mismo número de partidos que suscribió el acuerdo en la Comisión Parlamentaria, si bien este periodo de transito hasta que se vote en el pleno se encuentra abierto un plazo de votos particulares, que son una suerte de enmiendas parciales al texto que servirá al Gobierno como guía para abordar los cambios legislativos sobre la Seguridad Social.

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Finalmente, el Gobierno ha rectificado y permitirá cobrar el cese extraordinario de actividad a todos los hosteleros que mantienen su negocio cerrado tras la introducción de las nuevas restricciones a la restauración en diferentes comunidades autónomas, sin perjuicio de que las normativas introducidas por los ejecutivos regionales permitan mantener una parte del negocio abierto: la del servicio de venta a domicilio. En virtud de ello se había comenzado a denegar las prestaciones a algunos de estos hosteleros sobre la premisa que está permitido este servicio, si bien desde el sector se denunció una "argucia" para rechazar estas solicitudes, ya que las regiones afectadas cuentan con apenas un 10% del total de establecimientos adaptados para mantener al menos este segmento de la actividad. Ahora, será suficiente una declaración responsable del cierre total de la actividad para que se otorgue la prestación.

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El Gobierno reconoce que necesitará a partir del próximo año financiación procedente de los impuestos para completar los ingresos necesarios para pagar todas las prestaciones que otorga la Seguridad Social, tanto pensiones como ayudas sociales. Y concretamente, para estas ayudas sociales de marcado carácter no contributivo el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones precisará de una transferencia ordinaria de casi 14.000 millones de euros, todos los años de manera fija y continuada procedente de los Presupuestos Generales.

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El Gobierno anunció hace pocos días la aprobación de un fondo de pensiones de titularidad pública, que será gestionado por una entidad privada y que servirá para dinamizar el ahorro a largo plazo para los trabajadores autónomos y las pequeñas y medianas empresas de nuestro país. Ahora bien, son muchos los flecos y los detalles que aún faltan por establecer en torno a un fondo de pensiones que en uno de sus aspectos fundamentales, supondrá un ahorro para los trabajadores que se adscriban al plan en su respectiva declaración de la renta. Así, aunque no se conocen los porcentajes y niveles de desgravación fiscal asociados a las aportaciones sí que estas tendrán una repercusión en forma de ahorro en la declaración anual de la renta al suponer una desgravación en el IRPF.

Se advertía allá por el mes de mayo, durante el periodo de la desescalada, y tras el verano se han confirmado los peores presagios sobre el avance de la crisis sanitaria y el impacto de la misma en las principales economías del euro. Ahora, en pleno mes de noviembre, Europa se blinda ante la segunda oleada de contagios con más restricciones para la movilidad, los comercios, e incluso con la imposición de confinamientos estrictos como el acaecido en marzo para mitigar el impacto en los sistemas sanitarios nacionales y su colapso, y con las miradas puestas en una Navidad que la totalidad de los gobiernos de los países europeos se obstinan en salvar con estas restricciones que permitan una mayor laxitud en diciembre y enero.

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El proyecto de Presupuestos Generales presentado por el Gobierno esta semana asume una máxima en lo que a la labor protectora de la Seguridad Social se refiere: los ingresos por cotizaciones sociales serán insuficientes para sufragar todas las ayudas, prestaciones, pensiones y bonificaciones que otorga el Sistema. Por ello, para el próximo año se prevé que el Estado realice hasta tres transferencias por valor de 31.177 millones de euros, lo que supone un incremento del 83,3% respecto a la necesidad de financiación extra que precisará al cierre del presente ejercicio, para afrontar los pagos correspondientes a protección familiar, nacimiento y cuidado de menores, ingreso mínimo vital, dependencia, pensiones no contributivas y complementos a mínimos, entre otros.

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El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, afirmó este viernes que no se han tocado las bases máximas de cotización a la Seguridad Social de cara a 2021 y recordó que las bases mínimas dependen están ligadas a la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que depende del Gobierno y que se habla con los agentes sociales. Una noticia que ya avanzó elEconomista en el mes de marzo y que se confirmaba tras conocerse las recomendaciones sobre la reforma de pensiones del Pacto de Toledo que en el apartado que habla de ordenación de las aportaciones al Sistema en sus diferentes regímenes no abogaba por revisar la cotización de los trabajadores asalariados mientras que sí pide un progresivo avance para la de los autónomos hacia un modelo de ingresos reales.

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El Gobierno mantiene la máxima de eliminar el ya histórico déficit de las pensiones antes de que finalice la presente legislatura a pesar del lastre que supone el impacto de la pandemia y su incierta evolución para las previsiones de ingresos y gastos de la Seguridad Social en los próximos ejercicios. Así lo señaló el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, este viernes durante la rueda de prensa para presentar los Presupuestos de su departamento, donde resalta que en estos momentos hay gastos cíclicos asociados al coronavirus, pero que cuando pase 2022 y 2023, estos elementos cíclicos de deterioro de las cuentas de la Seguridad Social emergerán a la situación estructural, lo que "lleva al cierre del déficit en 2023".

En plena segunda oleada y con las nuevas restricciones de movilidad asestando una nueva cornada a los negocios comerciales y de hostelería, los autónomos denuncian que este mes el Gobierno pasará con carácter retroactivo el incremento de cuota previsto para este año, pero que no se llegó a abordar allá por el mes de enero, tampoco en pleno estallido de la pandemia, pero que sí se aplicará en este momento. Se trata de una subida que estaba prevista en virtud de un acuerdo alcanzado para un aumento progresivo en el periodo 2018-2021 de la aportación pero que tras quedar en suspenso a comienzos, "ahora llega en el peor momento". Concretamente, se trataría de una subida de tres euros mensuales, que de cobrarse de golpe supondrá un incremento de 30 euros en la próxima cuota.