Hasta 4.000 euros al año se podrán ahorrar en el pago de IRPF los trabajadores españoles con rentas elevadas que aporten al fondo público de pensiones que articulará el Ejecutivo en los próximos meses y hasta 2.200 euros, aproximadamente, se ahorraría una renta media en la declaración de la renta si contribuye a este plan, que una de las características que tendrá es la desgravación fiscal por aportaciones de hasta 10.000 euros anuales. Así se desprende de los cálculos elaborados por elEconomista sobre la base de un ahorrador con un sueldo bruto de 27.631 euros anuales (una renta media en España) y otro con una remuneración que alcance los 75.000 euros al año (renta alta).

La acción protectora del Gobierno sobre el colectivo de autónomos se ha puesto en entredicho desde el inicio de la pandemia cuando el colectivo se puso en pie de guerra exigiendo al Ejecutivo medidas que ayudasen a sobrellevar la crisis a este colectivo, que es el más empleo genera en nuestro país y responsable del 98% del tejido productivo. Con los datos sobre la mesa, la cuenta es clara: las ayudas ofrecidas por la Seguridad Social a los trabajadores por cuenta propia ascienden a 8.616 millones de euros (hasta el próximo 31 de enero), mientras que la recaudación media del Reta en los últimos años se ha situado en torno a los 10.000 millones de euros. Es decir, que el Estado ya ha gastado en ayudas casi la cantidad equivalente a todas la recaudación que consigue a través de las cuotas en lo que dura un año normal. Concretamente, cerca del 86%.

El Gobierno de Pedro Sánchez parecía haber puesto freno a la incesante subida del salario mínimo interprofesional iniciada desde que llegó a la Moncloa, tras no incluir nuevas revisiones de su cuantía en el proyecto de los Presupuestos Generales del próximo año. Sin embargo, recientemente, ha saltado a la luz la intención de la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, de articular un diálogo con las patronales y los sindicatos a partir de diciembre para tantear una nueva subida del salario mínimo, esta vez hasta los 1.000 euros, desde los 950 euros en los que se encuentra actualmente. Fuentes patronales aseguran a elEconomista que aún no hay una propuesta firme del Gobierno sobre esta medida pero en una ronda de consultas con las asociaciones de empresarios las respuesta es clara, común y firme: "No es el momento de subir el SMI, impactará negativamente en los sectores más afectados por la pandemia", principalmente entre el sector agrario y la hostelería.

El tanteo que prepara el Gobierno con los agentes sociales para abordar una eventual subida del SMI hasta los 1.000 euros el próximo año parece que no obtendrá una acogida entre los empresarios. Así lo constató al menos el Círculo de Empresarios en la tarde del jueves al asegurar que un eventual aumento del salario mínimo hasta esta cota supondría el "suicidio" económico de nuuestro país por el impacto negativo que tendría en el empleo.

Los partidos políticos representados en el Pacto de Toledo exigen al Gobierno que cumpla con el mandato de la Comisión que tanto en el reciente acuerdo de finales de octubre como en el alcanzado en 2011 piden a los responsable de la Administración de la Seguridad Social que informe por carta, tal y como ocurre en numerosos países del entrono comunitario, de la proyección de la pensión pública que recibirá durante la jubilación. Así aparece recogido en el documento de recomendaciones aprobado en el seno de la Comisión después de nueve años de ausencia de consenso hace escasas semanas, y con lo que se busca poner una suerte de alerta para los trabajadores que se aproximan a la jubilación.