ECONOMÍA

El Gobierno prepara un decreto para elevar el salario mínimo interprofesional (SMI) hasta los 1.000 euros a comienzos del próximo ejercicio, si bien pretende negociar los términos del incremento con los agentes sociales en las próximas semanas, para que este comience a computar ya desde enero de 2021. Esta medida estaba ya en el aire, tal y como avanzó este diario hace unas semanas, si bien el sector empresarial asegura que no es el momento de continuar con la senda de incremento del SMI -cabe recordar que el Gobierno de coalición se ha comprometido a situarlo en el 60% del sueldo medio en España, lo que implicaría su subida hasta los 1.200 euros mensuales- en un periodo de crisis económica azuzada por la pandemia y las restricciones impuestas desde los gobiernos de todos los países del mundo para frenar los contagios y la crisis sanitaria.

ECONOMÍA

Sin ninguna duda, el mercado laboral es el mayor afectado por los efectos económicos de la pandemia y de las medidas adoptadas por los gobiernos de todo el mundo para frenar los contagios. Ahora bien, el impacto no ha sido homogéneo en todos los niveles de la estructura de puestos de trabajo, tal y como se advierte en el informe Informe Mundial sobre Salarios 2020-2021: Los salarios y el salario mínimo en tiempos de la Covid-19 publicado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), donde se alerta del ensañamiento de este virus con los empleos de menor cualificación y menor remuneración, donde se advierte de caídas adicionales de casi un 20% en los salarios si no se mantienen las medidas de apoyo a los ingresos, que están sirviendo para mitigar un 40% de las caídas de remuneración experimentadas en los últimos meses. Por lo que se aprecia como en la mayoría de los países desarrollados la pérdida de empleo se concentra en estos perfiles menor cualificados y marcados por la temporalidad de los contratos. Y de no mantenerse el apoyo de la Administración desencadenará un fuerte aumento del desempleo y caída de las remuneraciones.

Las ayudas del fondo de reconstrucción de Bruselas para afrontar los efectos de la pandemia no estarán exentas de contrapartidas, por lo que el Gobierno deberá abordar cambios estructurales en ciertos ámbitos, principalmente pensiones y mercado laboral, para acceder a los 140.000 millones de euros que corresponden a nuestro país de las ayudas aprobadas por el Covid.

ECONOMÍA

Tras el desplome de la inflación en noviembre, al -0,8%, se confirma que no habrá compensación para los pensionistas a comienzos del próximo año por la subida aplicada en el presente ejercicio, ya que con la evolución de los precios desde el estallido de la crisis sanitaria y económica, el colectivo habrá ganado este 2020 entre 1,7 y 1,9 puntos porcentuales de poder adquisitivo. Por lo que los pensionistas no recibirán a en los primeros meses de 2021 la conocida como paguilla, resultado de las compensaciones que realiza la Seguridad Social todos los años en caso de que la subida que se aplica a comienzos de año (+0,9% este 2020) sea inferior al resultado a final de año del IPC.

EMPRESAS

La constructora Cobra, perteneciente a un grupo empresarial integrado dentro de ACS -que preside Florentino Pérez- ha recibido un golpe judicial sin precedentes tras ser condenada por la aplicación de cláusulas abusivas a empresas subcontratadas y por morosidad en los pagos a estas mismas compañías, en plazo superiores a los estipulados por la ley de pago a proveedores. En suma, un revés que genera jurisprudencia y eleva la presión sobre los legisladores para dar respuesta a las prácticas abusivas de estas grandes empresas que suponen la asfixia para pymes y autónomos, y que en el actual contexto de pandemia y de crisis económica puede suponer su quiebra.

ECONOMÍA

El gasto en pensiones sigue siendo la piedra de toque de los planes presupuestarios del Gobierno y cuenta de ello dan las cifras de la última nómina de noviembre, donde el desembolso de la Seguridad Social ha vuelto a batir un nuevo récord, alcanzando los 9.955 millones de euros, lo que supone un 2,26% más que hace un año. Sin embargo, las últimas cifras disponibles sobre el número de pensionistas en nuestro país refleja que la pandemia por un lado, y las complicaciones para las nuevas altas de jubilación por el atasco administrativo por otro han provocado la caída de 30.299 pensionistas en nuestro país (a mes de octubre cuando se registraron 8.867.680 de beneficiarios). De este modo, cabe cuestionarse porqué el Sistema continúa batiendo récords de gasto en pensiones, incluso en esta coyuntura.

ECONOMÍA

Con las recomendaciones del Pacto de Toledo aún recién aprobadas, así como su convalidación en el Congreso, una primera aproximación a la pertinencia de las medidas propuestas sugiere que estas carecen de una lectura sobre el impacto económico de las mismas tanto en las finanzas de la Seguridad Social como en cuestiones que implican a la evolución del mercado de trabajo. Por ello, el miembro del Foro Santalucía AM, Ángel de la Fuente, y el socio fundador de LoRIS y miembro del Foro Santalucía AM, José Antonio Herce, aseguraron este jueves, en una conferencia virtual sobre la sostenibilidad y suficiencia de las pensiones bajo el lema Después del Pacto de Toledo: ¿ahora qué? albergada por el Instituto Santalucía, que una vez analizados los puntos de la futura reforma queda claro que nuevas actuaciones sobre los gastos y los ingresos serán necesarias ya que, lejos de reducir los esfuerzos financieros, la Seguridad Social afronta unos años donde la senda del gasto será ascendente, empezando por las futuras revalorizaciones previstas en base al IPC.

ECONOMÍA

La hostelería es sin duda uno de los sectores más perjudicados por los efectos económicos de la pandemia y de las restricciones impuestas desde el Gobierno desde el estallido de la crisis sanitaria. Como ya adelantó elEconomista, los autónomos han tratado de influir en la aprobación de los Presupuestos Generales con al menos cinco enmiendas que buscan ampliar la protección del colectivo de cara al próximo ejercicio, y una de ellas reclama que se elabore un plan de rescate para reflotar el consumo en los comercios de proximidad y la pequeña hostelería, que según concretaron este miércoles tendría como objetivo recuperar hasta 40.000 empleos del sector en los próximos cinco años.

ECONOMÍA

El Gobierno se ha adelantado algunos pasos en el arranque de la reforma de pensiones, que ya ha sido convalidada por los grupos en el Congreso de los Diputados y que supone un mandato oficial para el Ejecutivo de llevar a cabo los cambios normativos. Los primeros ladrillos de la reforma asoman en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado con la subida de las pensiones un 0,9% conforme al IPC previsto para el próximo ejercicio, la aprobación de una transferencia de 14.000 millones de euros que cubrirá una primera parte de los gastos no contributivos de la Seguridad Social, y el despliegue de las medidas que tienen que ver con el ahorro privado destinado a la jubilación: con el recorte de incentivos fiscales a planes individuales de pensiones de un 75% para trasladarlos al sistema colectivo y el anuncio de aprobación de un fondo público de pensiones.

ECONOMÍA

Los esfuerzos de las asociaciones de autónomos para influir en el resultado final de los Presupuestos Generales del Estado, podrían dar sus frutos si finalmente fructifica alguna de las cinco enmiendas que al menos, según ha podido saber elEconomista, han logrado introducir en las Cuentas de cara a su aprobación. Entre las más relevantes se encuentra la que pide la modificación de la ley de pago a proveedores para dotar de un régimen sancionador al reglamento que apremie los pagos en tiempo, sobre todo de las grandes compañías y de la administración a las pymes, y otra que reclama un plan para recuperar el consumo de cercanía y dar un impulso al pequeño comercio y pequeña hostelería.