El cumplimiento de los periodos de pago a proveedores por parte de las empresas es uno de los principales factores que amenaza la competitividad y la supervivencia de las compañías -sobre todo las medianas y pequeñas- y, sin embargo, resulta una de las tareas pendientes por parte del sector privado, y también público, en nuestro país. De hecho, según un informe de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) son las empresas del Ibex 35, las de mayor músculo financiero de nuestro país, las que más incumplen esta norma triplicando el periodo fijado por ley de 60 días, llegando a liquidar sus deudas en una media de 169 días.
Tras la destrucción masiva de puestos de trabajo durante el periodo de la crisis azuzado por el cierre de miles de empresas en nuestro país, en muchos casos asfixiadas por la imposibilidad de ingresar el dinero correspondiente a la venta de bienes o servicios –una de cada tres compañías que cerraron durante los peores años de la recesión fue a causa de la morosidad y retraso en el cobro de deudas- parece que el cumplimiento de los periodos legales de pago a proveedores continúa siendo una de las grandes cuentas pendientes tanto de las administraciones públicas y, especialmente, del sector privado, comportando además un riesgo para la competitividad de las compañías y, eventualmente, su existencia si finalmente los retrasos se tornan en impagos.
Cabe reseñar en este punto, que según fuentes consultadas por elEconomista esta práctica, lejos de corregirse durante los últimos años, se mantiene en el mismo estadio llegando incluso a registrarse en 2018 un incremento de los impagos. Un factor aún más peligroso para el desempeño del tejido productivo español ya que implica la pérdida de dinero para empresas con compromisos de pago, entre ellos, el de la nómina de sus trabajadores arriesgando así la creación de empleo en nuestro país.
En este sentido, el presidente de la PMcM, Antoni Cañete, denuncia que "muchas grandes empresas incumplen la ley y no se hace nada al respecto. Los grupos políticos deberían de dejar bien claro que la lucha antimorosidad será una prioridad en el próximo mandato convirtiéndose en una de las primeras propuestas que se pongan en marcha. Posiblemente, esta sea la medida más social que podríamos hacer, ya que salva muchas empresas de su cierre y evita la pérdida de multitud de puestos de trabajo".
Según los datos de la CNMV, la morosidad de las compañías del selectivo español alcanza los 60.409 millones de euros. En 2018 se apreció una cierta mejora del -7% en el plazo medio de pago de las empresas no financieras del IBEX, que disminuyeron en 13 días el tiempo de liquidaciones respecto al mismo periodo de 2017 y pasaron de 182 en 2017 a los 169 el año pasado. También se registró una mejora del -8% en el plazo medio de cobro de las empresas no financieras del IBEX.
El sector que más disminuyó su tiempo de liquidación fue Energía, con un -10%, seguido de Construcción e Inmobiliario con -7%, y finalmente tanto el sector Industria como Comercio y Servicios con un -1%. Los datos analizados revelan que el sector del Comercio y Servicios es el que registra una mayor demora en la liquidación de sus facturas. Sus plazos medios de pago llegaron a los 339 días en 2018, frente a 341 de 2017. Al sector del Comercio y Servicios le sigue Construcción e Inmobiliario, con 267 días, 20 menos que en 2017; Industria, con 165, 2 días menos; y Energía, con 92, 10 días menos.
Pero Cañete señala que esta mejora es "testimonial", ya que los plazos distan mucho de los 60 días establecidos legalmente. "La situación mejoraría de acometerse las medidas que hemos venido proponiendo desde la PMcM, sobre todo con la implantación de un régimen sancionador que multara a las empresas morosas, una herramienta de gran utilidad que en países como Reino Unido lo van a poner en marcha en breve", explica.
Incumplimiento de ley, sin sanción
De este modo, la falta de un brazo corrector hace que la ley se diluya en demoras e incumplimientos de la ley, sin castigo, que terminan por beneficiar a las compañías con una posición de poder sobre las de menor tamaño. En este sentido, el periodo medio de todas las empresas del sector privado se sitúa en los 85 días, superando también el periodo legal de 60 días, mientras que en el sector público, de media, el periodo medio de pago se sitúa en 82 días, siendo en este caso el plazo máximo marcado por ley de 30 días.
En este sentido, desde la PMcM son varios los intentos que se han llevado a cabo para incorporar a la ley contra la morosidad un reglamento sancionador que estipule multas para las empresas que excedan el periodo legal de pago a proveedores de modo que no se puedan llevar a cabo las prácticas abusivas de confirming. Se trata de un servicio de pago a proveedores que ofrecen las entidades financieras a las empresas. Muchas empresas pactan de manera contractual plazos de pago dilatados sobre la fecha de factura y el confirming es una herramienta de pago que le permite al proveedor disponer del cobro de la factura de manera anticipada a la fecha de vencimiento del pago pactado con la empresa.
Sin embargo, la entidad financiera puede cobrarle a nuestro proveedor una comisión por el anticipo y unos intereses en función del tiempo en el que se ha procedido a anticipar el cobro de dicha factura de modo que comporta mayores costes financieros en el anticipo del cobro por parte del proveedor, lo que puede suponer una merma en el valor inicial del producto vendido o los servicio realizados.
