El régimen sancionador para las empresas públicas y privadas que se demoren en sus pagos a proveedores entrará en el primer paquete de medidas que apruebe la actual ministra de Economía en funciones, Nadia Calviño, tras la conformación del Ejecutivo que salga en la próxima investidura.
Se trata de uno de los compromisos que habría adoptado la propia ministra de cara al inicio de la próxima legislatura con las organizaciones del sector, que reclaman la aplicación de sanciones para las empresas morosas. "No puede ser que haya empresarios cobrando por encima de los 300 días", explica el presidente de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), Antoni Cañete, en relación a esta intención del Ejecutivo socialista de atender las demandas de los empresarios.
De hecho, señalan desde la plataforma que es una medida de mayor calado aún si cabe para esta legislatura en la que se espera un endurecimiento de las condiciones de financiación de las empresas en una coyuntura de desaceleración de la economía mundial. "Estamos volviendo a una situación precrisis con empeoramiento de los periodos de pago y también de los impagos", explica al respecto Cañete del PMcM.
La reforma que no fue
Cabe recordar en este punto, que el régimen sancionador para las empresas morosas ya estuvo durante buena parte de esta legislatura entre los cajones del Congreso, si bien su aprobación -en la que ya se habían puesto de acuerdo la mayoría de fuerzas parlamentarias. De hecho, ante la imposibilidad de sacarlo adelante "en el último minuto de partido" por la convocatoria de elecciones generales anticipadas, aseguran fuentes cercanas a la negociación de esta medida, que "existe un compromiso no verbal por parte de todas las fuerzas de sacarlo adelante".
En este sentido, aseguran desde la PMcM que no les preocupa de cara a la aprobación de la medida que se terminase por conformar un Ejecutivo con el PSOE y Unidas Podemos ya que ambas formaciones hacen referencia a esta medida en los programas electorales -desapareció de la propuesta socialista para las últimas elecciones si bien mantienen su compromiso-, aunque en el caso de la formación liderada por Pablo Iglesias, "esperemos que también exija la aprobación de un reglamento sancionador".
"En cualquier pacto con cualquier partido la aprobación del régimen sancionador debería ser la prioridad", señalan a elEconomista estas mismas fuentes alegando los compromisos adoptados por el actual Gobierno en funciones y el resto de partidos de la oposición. Por lo que la combinación de ellos no sería óbice para su aprobación.
