Casi una década después del comienzo de la crisis económica, no cabe duda de los efectos devastadores que ha tenido para el conjunto de la sociedad, y en especial para las empresas y sus trabajadores. Sin ir más lejos, en los albores de lo que pasaría a ser la recesión económica más importante de nuestra historia, España contaba en junio de 2007 con un total de 1.427.497 sociedades, mientras que en el último registro de 2016 el tejido empresarial se ha visto mermado un 8%, al contabilizar 1.312.345 compañías, según datos facilitados por la patronal CEOE en su Estudio sobre la evolución de empresas y trabajadores 1999-2016.
No obstante, la palpable contracción del tejido empresarial no ha sido homogénea a lo largo y ancho del territorio español, siendo la mitad norte y el este las zonas más castigadas por el cese de actividad de las compañías, y la consecuente destrucción de puestos de trabajo. En este sentido, la región que más empresas perdió entre los años 2007 y 2016 fue Asturias, al pasar de contar con 32.278 a 27.916, es decir, un 13,5% menos.
Del mismo modo, la Comunidad Valenciana vio mermado su tejido societario un 12,9%, una cifra similar a la registrada por la región de Cantabria. Entre aquellas regiones que han sufrido una contracción superior al 10% también se en-cuentran Murcia (-12,1), Castilla y León (-11,9) y Aragón (-10,5). Aquí destaca la resistencia de dos regiones que, a pesar de situarse en el norte, redujeron su tejido empresarial en un moderado 8,6%, como son Galicia y La Rioja.
En la comparativa entre las dos autonomías donde más sociedades residen, Cataluña (227.795) y Madrid (181.906), la primera de ellas perdió el 12,4% de su tejido total, contra el 8,3% menos registrado en la región de la capital. Por otro lado, los territorios donde menos se acusó el paso del vendaval económico de 2008 fueron Ceuta y Melilla, donde solo se contabilizan cinco compañías menos que hace nueve años, seguido de Castilla-La Mancha con una contracción del 5,7%, y de Baleares y Andalucía, donde se perdieron de media un 6,5% del conjunto de las compañías radicadas a comienzos de 2008.
Más allá de esta radiografía del sector empresarial español, cabe destacar la importancia crucial del tamaño a la hora de afrontar un periodo de escasez de ventas. Desde 2010 -año en que el volumen total de empresas en España toca suelo en 1.240.847- el número de compañías de menos de 50 trabajadores ha ido aumentando, mientras que las que se sitúan por encima de esta ratio aún no ha recuperado los niveles previos a 2010, situación devenida de los efectos de la legislación que penaliza a las de más de 50 empleados.
De hecho, la presencia de empresas de menos de 50 empleados ha pasado de representar el 97,7% del total hace siete años al 98,09% actual, según CEOE. Por su parte, las de más de 500 trabajadores han experimentado una leve desviación a la baja, al representar el 0,16% en 2010 y el 0,15 en la actualidad.
Precisamente, en relación con este aspecto, el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad ha concluido recientemente, a raíz de un estudio, que si la estructura empresarial en España fuera equivalente a la de la media de la UE, el PIB podría aumentar casi un 3,5%, mientras que si fuera similar a la británica, el PIB sería un 7,5% superior.
Reforma inminente
Con estos datos en la mesa, la reforma de la regulación de las compañías para incentivar el incremento de su tamaño parece uno de los principales mecanismos al servicio del Gobierno para dar un giro al modelo de tejido empresarial español.
Así, esta medida aparece recogida en el Programa Nacional de Reformas 2017, elaborado por el Ejecutivo, además de que el propio extitular de Economía, Luis de Guindos, ya expresó su intención de modificar durante su comparecencia en el Congreso del pasado 25 de julio, donde presentó el Informe sobre crecimiento de la empresa.
En este documento se recoge un plan para cambiar aquellos umbrales por número de trabajadores o facturación que dificultan que las empresas aumenten su tamaño.
El Gobierno, que ha identificado más de 130 regulaciones empresariales vinculadas al tamaño, estaría dispuesto a eliminar los umbrales por número de trabajadores (diferenciando entre 10, 50 y 250 empleados) o por cifra de facturación cuando la regulación dependiente del tamaño no resulte necesaria o proporcionada. Además, se valora llevar a cabo una reducción progresiva que obliga a realizar auditorías y contabilidad si la empresa rebasa los umbrales durante dos ejercicios seguidos. Otro de los aspectos sería aliviar la carga burocrática que afrontan las compañías, y que según Guindos, si fuera un 25% menor tendría un impacto positivo del 1,26% en el crecimiento de la zona.
Por ello, el Gobierno de Rajoy espera llevar la iniciativa del tamaño empresarial en breve al Congreso, pero el asunto se ha demorado por el cambio de ministro en el área económica del Ejecutivo.