Lo ocurrido estos días en la política española pasa a la Historia de la democracia por coronar por vez primera en el gobierno a un partido que no ganó las elecciones. Una tradición que se rompe en mitad de una legislatura que todos presumíamos tormentosa y que ha resultado ser un tormento para los españoles. El presidente no será además diputado, algo sin precedentes e impensable hasta hoy.
En casi cuarenta años de democracia, la figura de la moción de censura contra el gobierno había sido utilizada por la oposición hasta 2017 en sólo dos ocasiones: Felipe González contra Adolfo Suárez y Hernández Mancha contra Felipe González. En el último año se ha recurrido a esta posibilidad de nuestro ordenamiento jurídico y parlamentario otras tantas veces. Las mismas en un año que en treinta y nueve. De hecho, el debate de estas dos últimas mociones ha eclipsado o retirado del orden del día político el debate sobre política general que popularmente llamamos del estado de la Nación, que tenía previsto celebrarse en el mes entrante de junio. A un ritmo de una al año, corre peligro de desvirtuarse la importancia y la gravedad que supone convocar y debatir una moción de censura al presidente del gobierno, como ya ha ocurrido con otras resoluciones como la reprobación de miembros del gobierno. Una moción de censura en el peor momento de la democracia.
Si algún ciudadano español despertara hoy de un largo sueño de sólo cuarenta y ocho horas, no se creería lo que hoy ven sus ojos. El miércoles se acostó escuchando que el gobierno lograba el complicadísimo apoyo a los Presupuestos de 2018, que según todos los análisis auguraban una segunda mitad de legislatura estable y tranquila en lo político. Hoy se ha levantado escuchando que hay una moción de censura para derrocar al presidente del gobierno antes de que los españoles se vayan de vacaciones. Y lo que es más sensacional: en pleno desafío separatista para que una parte del país se desgaje del resto. Rajoy: "Esta moción de censura es mala para los españoles".
La llegada del buen tiempo ha revelado algo que el golpe independentista no sacó a la luz durante los negros otoño e invierno que le precedieron, salvo en contadas y muy lamentables ocasiones. Los ciudadanos catalanes se lanzan a compartir el espacio público por excelencia, las maravillosas playas de la costa nororiental de la península que pertenecen a esta comunidad autónoma española, como han hecho siempre durante décadas de libertad y democracia. Escarrer avisa del daño al turismo por los actos políticos en playas catalanas.
Hace muchos años, cuando este cronista dedicaba su actividad profesional a la política madrileña de aquellos también movidos 90, un concejal del Partido Comunista trató de afearle su debilidad por la zona oeste de Madrid: "Tú eres de los que viven más allá de la Casa de Campo", dijo entre bromas y cargas de profundidad aquél edil, que era un auténtico defensor de las clases obreras de la capital y que nunca ha abandonado en toda su vida el apoyo diario, directo y esforzado a las gentes más necesitadas de la Meseta de Orcasitas y los barrios adyacentes, Orcasur o San Fermín, donde el distrito de Usera termina limitando con Villaverde. Aquél concejal puro y de raza no ha dejado ni un solo día de su vida de atender a los demás, y durante un tiempo lo hizo pisando las alfombras aterciopeladas de la Casa de la Villa, aunque ese nunca fue su lugar natural.
Mientras los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea estaban anoche cenando en Sofía, la capital búlgara que alberga este encuentro informal, dos noticias pésimas para los países de este club recorrían las redacciones y precisaban el análisis urgente de los especialistas. El anfitrión de la reunión, Boiko Borisov, daba por terminado el ágape cuando las rotativas de los principales diarios del continente ya habían imprimido los titulares, dos hechos relevantes que se suman al rosario de obstáculos que la UE tiene que sortear en los últimos tiempos, Brexit incluido.
La sesión de investidura en Cataluña ha pasado y el bloqueo al que los partidos independentistas tenían sometido al Parlamento autonómico ha sido superado. Queda por delante algún trámite más como la toma de posesión, donde tendremos nuevo ramillete de fuegos artificiales separatistas, y la formación del nuevo gobierno de Puigdemont. Todo ello envuelto en la misma retórica de confrontación acostumbrada, con las mismas palabras llenas de provocación que llevamos escuchando en Cataluña desde hace seis años.
A más de un ciudadano español que haya visto la última sesión de control al gobierno el corazón la habrá dado un vuelco al escuchar al líder de Ciudadanos anunciar que su grupo ya no apoyará más al gobierno en su gestión accidental de la administración catalana, en la aplicación del artículo número 155 del texto fundamental que rige la vida de nuestro país. Los incrédulos probablemente tuvieron que accionar el botón de las flechas a la izquierda en el mando a distancia para volver a escucharlo: un partido político que apoyó la investidura del candidato de otro, que apoya regularmente los presupuestos de ese otro, y que mantuvo una posición de Estado cuando el Senado aprobó la disposición más importante y crucial de la historia de nuestra democracia, retira ahora su apoyo a la gestión diaria de una situación gravísima, delicadísima y absolutamente necesaria. Es el paso más arriesgado y decisivo que Albert Rivera ha adoptado desde que dio el salto a la política nacional.
"El PP de Madrid vuelve al siglo pasado", se escuchaba hoy en la radio. No sin razón: tras doce días de cavilaciones, menos incluso de lo que acostumbra para tomar decisiones importantes, Mariano Rajoy ha decidido que Pío García Escudero dirija la formación política de los milagros electorales del siglo XXI hacia un objetivo muy distinto al que se marcaba en aquellos años de gloria: evitar la catástrofe que todos le auguran. Toda vez que Escudero ya fue presidente del PP madrileño entre los años finales del XX, es un indudable retorno al pasado. Aunque las situaciones y los hechos recientes son ahora muy distintos a los que en el lejano 1993 llevaron a Rodrigo Rato a colocar a aquél joven arquitecto especialista en la conservación del patrimonio de las grandes ciudades.
No corren buenos tiempos para la imagen de España. Son demasiados asuntos ya en los que la visión que los medios de comunicación extranjeros ofrecen en sus países de nuestra realidad nacional es distorsionada, indocumentada, desconocedora de la realidad de un país que, con sus errores y sus sombras, puede homologarse a las principales democracias mundiales en derechos y libertades, si no superarlas. Lo más extraordinario de esta situación que se observa desde hace algunos meses es la colaboración que desde dentro se da a esa distorsión y a ese acoso a la reputación del país.