A más de un ciudadano español que haya visto la última sesión de control al gobierno el corazón la habrá dado un vuelco al escuchar al líder de Ciudadanos anunciar que su grupo ya no apoyará más al gobierno en su gestión accidental de la administración catalana, en la aplicación del artículo número 155 del texto fundamental que rige la vida de nuestro país. Los incrédulos probablemente tuvieron que accionar el botón de las flechas a la izquierda en el mando a distancia para volver a escucharlo: un partido político que apoyó la investidura del candidato de otro, que apoya regularmente los presupuestos de ese otro, y que mantuvo una posición de Estado cuando el Senado aprobó la disposición más importante y crucial de la historia de nuestra democracia, retira ahora su apoyo a la gestión diaria de una situación gravísima, delicadísima y absolutamente necesaria. Es el paso más arriesgado y decisivo que Albert Rivera ha adoptado desde que dio el salto a la política nacional.
No se le hiela a uno la sangre por comprobar cómo con ese anuncio culminan seis meses de constantes críticas mutuas entre los dos partidos, porque ese goteo de desencuentros es habitual y ha terminado por aburrir hasta a los analistas de la actualidad. No se sorprende uno, después de treinta años juzgando y siguiendo con detalle los vaivenes de la política española, al observar cómo se anteponen los fines partidistas al interés general. La verdadera sorpresa ha sido comprobar el terreno de juego elegido para este enésimo encontronazo, que viene dibujándose ya desde hace muchas semanas: el terreno de juego de la unidad de España y del futuro del país, algo que debería estar alejado de la batalla interesada en la búsqueda de votos.
Desde que ganara las elecciones infructuosamente en Cataluña en diciembre pasado, Ciudadanos ha girado su estrategia de apoyo al gobierno en el problema independentista y en cada una de sus decisiones y declaraciones ha colocado el foco de sus críticas más en el ejecutivo central que en aquellos que provocaron el intento de ruptura. Muy medidas tiene que tener Rivera sus armas y muy calculados los daños propios que pueda sufrir al adoptar esta postura, pero no los daños en su saquito de votos en las elecciones de turno, sino los daños que pueda ocasionar al futuro del proyecto colectivo que compartimos millones de ciudadanos.
Con total seguridad el gobierno de Rajoy está cometiendo errores importantes en su gestión de esta endiablada situación, amplificados por una inusitada torpeza a la hora de trasladar a la opinión pública lo que se hace y lo que se impide hacer con las leyes en la mano. Pero la aplicación de la Constitución en un territorio cuyos dirigentes regionales han adoptado un camino ilegal encaminado a proclamar su independencia del resto del país no puede estar expuesta a rencillas motivadas por el embriagador aroma de las encuestas. Y mucho menos, en caso de que eso haya influido, por la lamentable utilización de términos despectivos en sede parlamentaria: Rajoy no debió hablar de políticos "aprovechateguis" por mucho que le pueda su fobia personal hacia el líder de una formación que le sustenta, le aporta sus votos en los momentos clave, y lo que es más decisivo, será la única opción de pacto dentro de dos años cuando el infernal dibujo demoscópico actual se confirme en las urnas.
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