La sesión de investidura en Cataluña ha pasado y el bloqueo al que los partidos independentistas tenían sometido al Parlamento autonómico ha sido superado. Queda por delante algún trámite más como la toma de posesión, donde tendremos nuevo ramillete de fuegos artificiales separatistas, y la formación del nuevo gobierno de Puigdemont. Todo ello envuelto en la misma retórica de confrontación acostumbrada, con las mismas palabras llenas de provocación que llevamos escuchando en Cataluña desde hace seis años.
Nada nuevo, salvo el nombre del presidente catalán designado por su antecesor. Sus discursos se asemejan milimétricamente a los de quien le eligió, cuando los realizó desde territorio nacional y cuando los ha pronunciado desde Bélgica, Finlandia o Alemania. Un motivo para la indignación, puede, pero no para la sorpresa. Tendrán que pasar varias generaciones para que este tipo de cosas que hemos escuchado en las últimas 48 horas en sede parlamentaria dejen de oirse, siempre y cuando el futuro vaya hacia una normalización en la relación entre Cataluña y el resto del país.
Pero si nos quitamos ese velo de indignación y hartazgo, lo racional es tomar las palabras como lo que son: palabras y nada más. Castillos en el aire, vacías de realidad. Porque si Quim Torra pasa de sus palabras a los hechos, lo único cierto es que volveremos a vivir los mismos pasos que los españoles presenciamos entre los meses de septiembre, octubre y noviembre: leyes de ruptura aprobadas e inmediatamente anuladas, declaraciones de independencia o de instauración de una república tumbadas por las instituciones judiciales del Estado, y destitución fulminante del govern que ahora se constituye con toda la ley a su favor. Con una salvedad: si el Senado autoriza por segunda vez la aplicación del artículo 155 de la Constitución, no será para convocar elecciones inmediatas como hizo Rajoy equivocadamente, presionado por PSOE y Ciudadanos. La próxima vez el Estado intervendrá Cataluña por mucho tiempo y con desconocida firmeza en sus decisiones.
Está por ver que el nuevo president vaya a repetir los pasos que han llevado a esta situación a Cataluña y a sus anteriores responsables. La oratoria en la tribuna es una cosa, y el camino de Estremera es otra muy distinta. Por hablar y anunciar ilegalidades nadie va a actuar contra él. Pero si repite los hechos que llevaron a la huida, la prisión preventiva y el procesamiento a quienes lo hicieron antes que él, sabe bien lo que le espera. Resulta dudoso que, por muchos tuits contra España que escribiera Torra, por muy fuerte que sea su disposición al desafío, pretenda acabar como lo han hecho sus antecesores. Dificilmente pasará de sus palabras a los hechos porque su destino estaría marcado, y colegas suyos como Roger Torrent lo saben bien y se han cuidado mucho de seguir los pasos de Carme Forcadell. El Tribunal Supremo del Estado español tiene suficiente infraestructura para sostener dos procesos simultáneos contra el independentismo.
Invito también al lector a hacer, en esta crónica del desbloqueo institucional en Cataluña, reposada abstracción de algunas cosas que han ocurrido en el momentáneo desenlace de esta crisis. Imaginemos por ejemplo que un diputado, tan sólo un parlamentario, hubiera sido autor de publicaciones en redes sociales y en artículos de afirmaciones insultantes hacia una parte de los ciudadanos españoles, considerando la superioridad étnica del resto. No habría informativos, debates y periódicos suficientes para condenarle y obligarle a renunciar a su escaño.
Si elevamos la categoría de ese diputado a la de candidato en una sesión de investidura, la presión ambiental contra él habría traspasado fronteras. The New York Times, entre otros, llevaría ya varios editoriales alertando del riesgo de colocar a alguien así el frente de una institución democrática del Estado. Torra ha tenido la suerte de poder tomar posesión pese a esa pesada mochila.
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