No hay nada como que un ministro del gobierno actual se pronuncie sobre algo para desatar una cascada de indignaciones. Lo peculiar en esta ocasión ha sido que el ministro de turno se ha manifestado en contra de alguien a quien una parte importante de la sociedad estaba masacrando, seguramente con motivo, por sus valoraciones sobre un hecho deleznable como es una agresión sexual contra una mujer indefensa.
Haciendo gala una vez más de la costumbre tan española de hacer leña del árbol caído, el día de la dimisión de Cristina Cifuentes era extraño no encontrarse a algún periodista, opinador o analista que no conociera los asuntos turbios de la expresidenta y que no supiera que muchos de ellos estaban escondidos en un armario hasta que alguien sacara la llave para abrirlo. Se sabía todo, incluida una supuesta querencia hacia las propiedades ajenas, defecto éste de Cifuentes que era tan vox pópuli que uno se ha sentido en fuera de juego al comprobar que en realidad no conocía nada de este personaje político pese a haber dedicado dos décadas a la política y la vida pública madrileñas, en las que ella ha sido un actor más o menos relevante dependiendo de cada momento. Esto es como en las visitas del Papa a Madrid: todo aquél con el que hablabas había podido estar a menos de un metro del Pontífice.
Cualquiera que siga la actualidad política desde hace un par de años habrá comprobado la evolución de las nuevas formaciones políticas nacidas en el caldo de cultivo de la crisis, la económica y la de valores, que España ha padecido. Las costuras han ido poco a poco asentándose y sus posiciones y decisiones ya sorprenden menos que al principio, en aquel 2015 lejano en el que cualquiera que llevara más de un lustro en la vida pública era un despojo inservible. Ahora ya sorprenden menos y resultan más previsibles.
La joya de la Corona vuelve a suscitar maremotos políticos. Los movimientos que estos días ponen en ebullición la precampaña electoral municipal en Madrid vuelven a colocar a la capital de España en el punto de referencia de los partidos, en la primera piedra de toque fundamental para conquistar el poder en las generales de 2020. El ambiente político de estas semanas en la Villa y Corte está enloquecido por los efluvios electorales, como ocurría en los tiempos en que Aznar conspiraba para retirar al alcalde Álvarez del Manzano de la circulación ofreciendo a Ruiz Gallardón la candidatura más preciada y haciéndole descabalgar de la montura en la que hizo carrera política, la nada desdeñable presidencia de la Comunidad Autónoma. O en aquellos episodios en los que el PSOE dejaba caer a un paracaidista en la política madrileña, como Cristina Almeida o Fernando Morán, con magros resultados.
La comparecencia del ex presidente andaluz Manuel Chaves en el juicio por los falsos expedientes de regulación de empleo concedidos por la Junta de Andalucía durante casi una década pasará a la historia por la creación de un nuevo pero muy manido término imaginario: el "no lo" constante ante las preguntas de los fiscales y las acusaciones. "No lo conocí", "no lo autoricé", "no lo sabía", "no lo recibí"... Chaves estuvo casi veinte años al frente del gobierno regional andaluz, aunque escuchando sus respuestas en la vista parecería que estamos ante una reedición de El Rey Pasmado que delegaba todos los asuntos importantes de la Corte en su valido.
Según qué medio de comunicación elija alguien para informarse del caso sospechoso del máster de Cristina Cifuentes, encontrará diferentes versiones de cual va a ser la postura del Partido Popular y de Mariano Rajoy sobre la situación de la presidenta madrileña. Versiones que van desde la decisión ya tomada del líder del partido de forzar a Cifuentes a dimitir para no perder el poder en una autonomía clave para la política nacional, hasta la contraria que refiere sólidas convicciones en Rajoy y en muchos barones para no ceder una vez más a las exigencias caprichosas de Ciudadanos, que ostenta el 13% de los votos de los madrileños. Ésta última se apoyaría en la decisión de no servirles en bandeja otra suculenta cabeza, con el fin de que esta formación política de moda asuma la responsabilidad de cambiar un gobierno del PP por otro socialista y quien sabe si formado también por miembros de Podemos, algo que podría ocurrir salvo que Albert Rivera imponga otra de sus condiciones a Ángel Gabilondo a la hora de formar su gobierno. Las urnas, sostiene esta segunda teoría publicada, castigarían a Rivera y Aguado dentro de trece meses y medio, cuando el último domingo de mayo de 2019 se diriman las elecciones autonómicas en la Comunidad de Madrid.
En una constante estrategia de sostener y no enmendar, el presidente del parlamento catalán ha vuelto a proponer a Jordi Sànchez como candidato a la presidencia de la Generalitat. Resulta ya muy difícil para el independentismo convencer a nadie de que la intención es provocar una y otra vez a la legalidad del Estado, sea cual sea el fin último, sea ganar tiempo y apurar el plazo legal que afortunadamente ya corre raudo hacia el 22 de mayo, o sea para buscar los titulares jugosos y apetecibles en los editoriales de prensa extranjera notablemente desinformada sobre lo que ocurre en España. Por cierto que ahora ya no son solo diarios de rancia cabecera los que compran argumentos a los protagonistas de la declaración unilateral de independencia de una parte de un país de la UE, ahora son ya también ministros de gobiernos amigos y dirigentes de partidos supuestamente respetuosos con la estabilidad de los Estados democráticos.
La creación de la Orden Europea de Detención y Entrega se produjo como consecuencia de la Decisión Marco del Consejo Europeo celebrado el 13 de junio de 2002, publicada por el Diario Oficial de la UE tres semanas después. Los jefes de Estado y de Gobierno celebraron la iniciativa de carácter jurídico, que impediría desde entonces la burla a la Justicia por parte de presuntos delincuentes perseguidos en un país miembro que se refugiaran en otro para eludir las consecuencias de sus posibles responsabilidades. El Supremo se plantea juzgar a Puigdemont por una malversación agravada.
Las cuentas del Estado para el año que empezó hace tres meses y tres días ya están en el Congreso. Las próximas semanas van a dedicarse al análisis pormenorizado de los números que el gobierno ha elaborado en el proyecto de ley más importante de entre los que llegan cada año a las Cortes. Habrá por tanto dos dimensiones para esta ley presupuestaria: la de las cifras reales que no son manipulables porque son números, a pesar de que se interpreten de forma partidista, y la de una negociación política que permitirá o no la tramitación y posterior aprobación de los presupuestos a finales de abril en primera instancia y a finales de junio de forma definitiva.
Altanero como estaba desde hace cinco meses, confiado en que podía seguir burlando las estructuras judiciales no solo españolas sino de toda la UE, Carles Puigdemont ha cometido un error de valoración que ha puesto punto final a su alocada carrera hacia la impunidad. Desde este domingo no podrá ya convocar charlas ni conferencias para descalificar como lo ha hecho desde el pasado octubre a la democracia española, una de las más respetadas del mundo tras el éxito que supuso dejar atrás una dictadura gracias al entendimiento y la reconciliacion.