Según qué medio de comunicación elija alguien para informarse del caso sospechoso del máster de Cristina Cifuentes, encontrará diferentes versiones de cual va a ser la postura del Partido Popular y de Mariano Rajoy sobre la situación de la presidenta madrileña. Versiones que van desde la decisión ya tomada del líder del partido de forzar a Cifuentes a dimitir para no perder el poder en una autonomía clave para la política nacional, hasta la contraria que refiere sólidas convicciones en Rajoy y en muchos barones para no ceder una vez más a las exigencias caprichosas de Ciudadanos, que ostenta el 13% de los votos de los madrileños. Ésta última se apoyaría en la decisión de no servirles en bandeja otra suculenta cabeza, con el fin de que esta formación política de moda asuma la responsabilidad de cambiar un gobierno del PP por otro socialista y quien sabe si formado también por miembros de Podemos, algo que podría ocurrir salvo que Albert Rivera imponga otra de sus condiciones a Ángel Gabilondo a la hora de formar su gobierno. Las urnas, sostiene esta segunda teoría publicada, castigarían a Rivera y Aguado dentro de trece meses y medio, cuando el último domingo de mayo de 2019 se diriman las elecciones autonómicas en la Comunidad de Madrid.
Las irregularidades en el master de la presidenta son a estas alturas tan evidentes que nadie puede discutirlas. Al menos ha habido una manipulación de documentos públicos en el seno de la Universidad Rey Juan Carlos, y unas afirmaciones de Cifuentes que están en tela de juicio. ¿Motivo suficiente para dimitir? Ahí está la cuestión, que si es aceptada como verdad absoluta debería implicar de forma inmediata la renuncia a sus cargos de decenas de responsables políticos que han mentido igualmente en sus logros académicos. Sin ir más lejos, el jefe del Partido Socialista en Madrid y hombre de confianza de Pedro Sánchez, de cuyo currículum hoy se conocen detalles inaceptables. Y por seguir la estela, estaría cuestionada también la candidatura del aspirante in pectore a la Puerta del Sol por Podemos, que fue inhabilitado por la Universidad de Málaga al descubrirse que cobró como investigador en un proyecto de estudio sin tener el detalle de pasarse algún día por las instalaciones de la institución que le pagaba. Errores meramente administrativos, se nos dijo entonces.
Una vez depuradas todas las responsabilidades que se deriven de una investigación de proporciones cósmicas sobre los master de los que hayan presumido todos los componentes de la clase política española, habrá llegado el momento de echar un vistazo a todas las universidades, en las que se acaba de demostrar públicamente que ha habido mercadeo evidente en esta fiebre de titulitis que ha invadido nuestros campus en las últimas décadas. Cuando se hayan revisado los cursos de posgrado de la URJC, el epicentro de todos los males al parecer, podríamos pasar a los archivos de la Complutense o la Carlos III, por mencionar dos al azar. Una tarea que, a buen seguro, han empezado ya con carácter interno, y que debe salir a la luz: títulos concedidos, firmas habilitadas en cada documento, méritos contraídos por los profesores contratados en todos los centros universitarios, posibles amiguismos que hayan desvirtuado el sacrosanto principio de la igualdad de oportunidades. ¿Tira alguien la primera piedra?
Entidades
