En una constante estrategia de sostener y no enmendar, el presidente del parlamento catalán ha vuelto a proponer a Jordi Sànchez como candidato a la presidencia de la Generalitat. Resulta ya muy difícil para el independentismo convencer a nadie de que la intención es provocar una y otra vez a la legalidad del Estado, sea cual sea el fin último, sea ganar tiempo y apurar el plazo legal que afortunadamente ya corre raudo hacia el 22 de mayo, o sea para buscar los titulares jugosos y apetecibles en los editoriales de prensa extranjera notablemente desinformada sobre lo que ocurre en España. Por cierto que ahora ya no son solo diarios de rancia cabecera los que compran argumentos a los protagonistas de la declaración unilateral de independencia de una parte de un país de la UE, ahora son ya también ministros de gobiernos amigos y dirigentes de partidos supuestamente respetuosos con la estabilidad de los Estados democráticos.
Pero el hecho es que el viernes tendremos nuevo intento de investir como presidente a alguien con las facultades políticas mermadas por su propia responsabilidad en hechos ilegales. Lo más probable es que el juez que instruye esta accidentada aunque trascendental causa contra el golpe independentista en Cataluña rechace la nueva solicitud de la institución parlamentaria para que Sànchez pueda asistir a su propia supuesta investidura, porque no ha habido modificaciones en su situación procesal. Y aquí es donde llegamos al nuevo nudo gordiano del conflicto político-judicial.
Desde hace varias semanas se viene insistiendo en que la gran novedad que se ha producido en la huida hacia adelante del independentismo catalán es una resolución del Comité de Derechos Humanos de la ONU, que al parecer conecta directamente con la declaración de París del 10 de diciembre de 1948. Es la respuesta a la demanda presentada por Jordi Sànchez para que se diera amparo a sus derechos políticos, según la denuncia gravemente restringidos en su actual situación penal. Mejor dicho, casi por completo restringidos porque está en prisión preventiva mientras se investiga su responsabilidad en los hechos de octubre y meses anteriores. Y estando en prisión preventiva no se puede ser investido para uno de los cargos institucionales más importantes del país, salvo que el juez instructor apruebe un permiso extraordinario.
Las resoluciones del Comité, formado por dieciocho expertos de los que solo dos han firmado el documento considerado como tablas de la ley, no son vinculantes para ningún Estado. Así lo reconoce Naciones Unidas en varias comunicaciones que no son argumentadas jamás por Torrent ni Sanchez. En ésta en concreto, los expertos se limitan a pedir a España que garantice que el interesado pueda ejercer sus derechos políticos, cosa que nadie cuestiona sobre personas no inmersas en procedimientos judiciales. Pero hablamos de una que sí lo está. El Comité de expertos no estableció ninguna "medida cautelar" sobre Jordi Sànchez por mucho que esta idea se repita una y mil veces, por la sencilla razón de que sus resoluciones no vinculan a la Justicia de ningún país representado en la ONU.
Esgrimir este asunto sólo con la parte que más interesa, haciendo creer a la opinión pública que los vigilantes de los derechos humanos en el mundo han puesto el grito en el cielo por la situación sojuzgada de un preso preventivo, es equivalente a publicitar la resolución del tribunal alemán sobre Puigdemont ocultando que el texto de su fallo indica con claridad meridiana que en España no hay persecución política contra nadie.
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