Haciendo gala una vez más de la costumbre tan española de hacer leña del árbol caído, el día de la dimisión de Cristina Cifuentes era extraño no encontrarse a algún periodista, opinador o analista que no conociera los asuntos turbios de la expresidenta y que no supiera que muchos de ellos estaban escondidos en un armario hasta que alguien sacara la llave para abrirlo. Se sabía todo, incluida una supuesta querencia hacia las propiedades ajenas, defecto éste de Cifuentes que era tan vox pópuli que uno se ha sentido en fuera de juego al comprobar que en realidad no conocía nada de este personaje político pese a haber dedicado dos décadas a la política y la vida pública madrileñas, en las que ella ha sido un actor más o menos relevante dependiendo de cada momento. Esto es como en las visitas del Papa a Madrid: todo aquél con el que hablabas había podido estar a menos de un metro del Pontífice.
Resulta sorprendente cómo la dimisión ha sido encajada en los diferentes grupos políticos. A unos la difusión del video posterior al hurto les ha cambiado el guión, hasta el punto de que han hecho hasta una defensa del ser humano que hay detrás de todo este episodio. Era más suculenta una moción de censura que una renuncia. A otros les ha evitado un problema serio, aunque siendo coherentes deberían seguir exigiendo la máxima transparencia que han exigido continuamente estando Cifuentes en el despacho de la Real Casa de Correos. ¿Ya no procede una comisión de investigación? Alguien guarda la copia de un material audiovisual incumpliendo preceptos legales y lo usa para destrozar alguna reputación, y nadie se pregunta qué ha pasado. Y además la afectada denuncia ser víctima de cacerías internas por no haber transigido con la corrupción de sus antecesores. ¿Supone la dimisión de Cifuentes un giro de cabezas para otro lado respecto a toda esta putrefacción?
Otrosí: ¿Por qué no reformar el sistema de concesión de títulos académicos para evitar casos como el de Cifuentes?. Lo sencillo es situarse en la denuncia permanente sin arriesgar nada, señalando que el prestigio de los máster concedidos en la Universidad Rey Juan Carlos se ha hundido por las corruptelas del adversario político. Esa es la mejor forma de que ocurra aquello que se denuncia, la mejor manera de desprestigiar una institución a la que se pretende ensalzar. ¿Y por qué no investigar al resto de universidades madrileñas?. En tres de ellas se ha dado la coincidencia de tres rectores simultáneos de nombres conocidos: Gabilondo, Zapatero (Virgilio) y Peces Barba. En todas ellas se concedieron títulos de posgrado que hoy podrían ser revisados.
El viacrucis de marzo y abril de la dimitida presidenta no se habría evitado si hubiera reconocido sus errores con el máster el primer día, por mucho que esto se repita. La sentencia la tenía ya firmada por diversos actores de la política y los medios. Le pasó lo mismo a un consejero del gobierno madrileño hace tres lustros, cuando saltó a la luz un escándalo sanitario muy sonado. El entonces jefe de la oposición le dijo en conversación telefónica que hiciera lo que hiciera en su respuesta al conflicto, iba a destrozarle políticamente. Algo parecido le habría pasado a Cristina Cifuentes, que tenía la espada sobre su cabeza desde hace años.
La política regional de Madrid vuelve a verse envuelta en el escándalo. Los casos de Piñeiro y Tamayo vuelven a ser recordados. Una institución cuyo Estatuto de Autonomía cumplió treinta y cinco años el pasado uno de marzo, que no ha tenido suerte con algunos de sus representantes. En este momento de incógnitas sobre su futuro, sería bueno que se explicara a los madrileños que la presidencia que se abrirá paso tras la investidura del candidato o candidata no es interina en modo alguno, porque tiene exactamente las mismas atribuciones que aquella que fue elegida al comienzo de la legislatura.
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