Las irregularidades en la obtención de un título universitario por parte de la presidenta dimisionaria de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, han puesto en jaque el prestigio de las universidades españolas. El entorno político y educativo ha presionado durante estas semanas para forzar la dimisión de Cifuentes por el trato de favor para obtener un máster de la Universidad Rey Juan Carlos en 2012.
La renuncia de ayer se produce después de un mes de presiones para que abandonara el Gobierno regional tras el polémico caso del máster en Derecho Autonómico perteneciente al Instituto de Derecho Público (IDP), que ha llevado a una investigación judicial y otra dentro de la propia universidad.
Irregularidades en el máster
El pasado 22 de marzo, la Universidad Rey Juan Carlos salió al paso de las acusaciones vertidas por eldiario.es, señalando a Cifuentes por obtener, supuestamente, un título de máster con notas falsificadas. Esta información detectó que en la intranet de la gestión de alumnos se cambiaron dos No Presentado (NP) por dos Notables. El rector de la Universidad, Javier Ramos, salía al paso explicando que Cristina Cifuentes se matricula en el curso 2010/2011, aprueba todas las asignaturas con distintas calificaciones, y que -"debido a una mala transcripción en la introducción de las notas en la plataforma informática de las asignaturas- las dos calificaciones quedaron como NP en julio de 2012".
Un día después, la Universidad Rey Juan Carlos reaccionó ordenando una información reservada para aclarar lo ocurrido con el máster. La Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (Crue) también participó en la investigación. El 5 de abril, la Fiscalía abrió diligencias para investigar tras haber admitido a trámite la denuncia que varias asociaciones de estudiantes pusieron al día siguiente de conocerse el escándalo. El 13 de abril, durante una comparecencia, Cifuentes presentó varios documentos acreditativos emitidos por el centro universitario, que venían a desmontar la información de eldiario.es. La presidenta defendió el pago de su matrícula, la certeza de la realización de su máster y el error administrativo en sus notas.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, dio orden a todos los altos cargos del partido de revisar sus currículos para ser lo más precisos posible con la formación recibida.
El rector suspende de sus funciones, de forma cautelar, a Enrique Álvarez Conde, director del máster y del Instituto de Derecho Público y se abre un expediente disciplinario a la funcionaria implicada en las irregularidades (Amalia Calonge).
Posteriormente, el 17 de abril, la presidenta renunció al máster y pidió disculpas al rector, pero remarcó que ella no ha cometido ninguna ilegalidad.
Las aguas parecían calmadas, solo centrándose en los pasos que daba la Universidad Rey Juan Carlos, abriendo los armarios ocultos de la institución y sacando a la luz cómo la universidad, a través de sus institutos -independientes y con CIF propio- puede realizar acuerdos con academias privadas a cambio de un 20% del precio de la matrícula de los alumnos, así como los negocios que tiene la institución con un hangar con el que también se establecen acuerdos de colaboración para que se imparta formación relacionada con la aeronáutica. Este proyecto fue idea de Javier Ramos, pero el convenio se firmó el 16 de diciembre de 2015, cuando Fernando Suárez aún era rector -tuvo que abadonar el cargo tras las acusaciones de plagio-.
Este martes el rector nombró al catedrático de Derecho Administrativo Pablo Acosta Gallo para dirigir temporalmente el Instituto de Derecho Público (IDP) tras la suspensión cautelar de funciones Enrique Álvarez Conde.
Ayer, Crisitna Cifuentes tiraba la toalla no por desprestigiar la imagen de la universidad española, sino por el vídeo en el que es retenida por un agente de seguridad tras haber robado presuntamente unas cremas. Cuarenta euros que terminan de hundir una carrera seriamente tocada.
