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En caso de que un trabajador presente una demanda para extinguir su relación laboral por os continuos retrasos en el cobro de su salario, habiendo presentado posteriormente la empresa un ERE, "no cabe alegar o invocar el hecho de que la empresa demandada haya presentado ahora un expediente de regulación de empleo de carácter extintivo dado que tal expediente se ha presentado en la misma fecha en que se ha celebrado el acto del juicio, y ni siquiera se ha resuelto todavía por la autoridad laboral, no siendo en todo caso causa que enerve la estimación de una acción resolutoria ejercitada con anterioridad a la solicitud de un expediente de regulación por parte de la empresa demandada". Lo determina el Juzgado de lo Mercantil nº3 de Pamplona, de 1 de marzo de 2012. Se cobrará por tanto como por despido improcedente, y no procedente.
En relación con supuestos en los que la finalidad de una fusión entre empresas es la compensación de bases negativas, la jurisprudencia tiene declarado que, en principio, no existe motivo económico válido si no se acredita que la operación responde a un auténtico interés económico. Sin prueba, "la única conclusión que se alcanza es que se trató de una operación articulada con la única finalidad de obtener un beneficio fiscal". En todo caso, "estamos ante una cuestión cuyo conocimiento corresponde al Tribunal de instancia y que, en consecuencia, está vedado a la vía casacional, salvo que la parte hubiese denunciado la existencia de una valoración de la prueba irracional, arbitraria o ilógica o cualquier otra de las vías extraordinarias que permitiese a esta Sala entrar a conocer sobre la existencia o no de una finalidad de fraude o evasión". Lo recoge una sentencia de la Audiencia Nacional, con fecha de 29 de marzo de 2012.
Las facturas, aun confeccionadas unilateralmente, son documentos mercantiles que suponen un principio de prueba, gozando de una suerte de presunción de veracidad, en base a los principios de la buena fe y de seguridad comercial. Es criterio jurisprudencial unánime, que la falta de reconocimiento de una factura, como documento privado que es, no le priva de todo valor como tal, puesto que se permite que su autenticidad quede acreditada por otros medios, e incluso que sea obtenida por el Juzgador en una valoración conjunta de la misma con las restantes pruebas practicadas. Lo recoge una sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, de 17 de febrero de 2012.
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