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El Tribunal Supremo acaba de pronunciarse sobre el recurso en el que el Consejo Superior de Colegios Oficiales de Titulares Mercantiles de España impugnaba varios artículos relativos a las operaciones vinculadas del Real Decreto 1793/2008 que modificó el Reglamento del Impuesto de Sociedades.
La Asociación Española de Asesores Fiscales y Gestores Tributarios (Asefiget) ha enviado un documento al Ministerio de Economía y Administraciones Públicas donde carga contra la reforma de la Ley General Tributaria...
Cometer un error a la hora de pagar a Hacienda puede suponer un absoluto engorro para el contribuyente. En principio, la idea es que, el ciudadano o la empresa de que se trate, son quienes tienen que tomar la voz cantante para poder tramitar una rectificación.
La reforma laboral del pasado 2012 sigue sembrando polémica entre los jueces, en un debate que ha derivado en una cuestión clave: dilucidar si es más relevante proteger los derechos de los trabajadores, o si, por el contrario, el objetivo de empleo y desarrollo empresarial ha de traducirse en una carta blanca temporal para legislador y empresarios.
No hay negociación de buena fe con los trabajadores por parte de la empresa si, al estar "abocada irremediablemente a su liquidación", unos días antes de declararse el concurso, trata de resolver sus problemas mediante medidas de suspensión de contratos y reducción de jornada. Por tanto, esas medidas adoptadas por la compañía son nulas, debiendo la empresa reponer a los trabajadores en las condiciones anteriores a la extinción de sus contratos de trabajo.
En este supuesto, la Dirección General de los Registros y del Notariado (DGRN) trata de dilucidar si es cancelable por caducidad determinada condición resolutoria, conforme a lo dispuesto en el artículo 82.5.º de la Ley Hipotecaria. Dicha condición tiene su origen en un contrato de permuta otorgado ante notario el 12 de julio de 1991, por el que la propietaria de una finca permutó ésta con una sociedad mercantil pactándose como contraprestación la entrega a la cedente de tres viviendas, identificadas, y seis plazas de garaje del edificio a construir en un solar del que era parte integrante, entre otras, la finca permutada.
La afirmación contenida en una anotación en la que se afirme que el Juzgado competente ha acordado el mantenimiento de un embargo no implica una prórroga de la anotación, según recoge la Dirección General de los Registros y del Notariado (DGRN), en una reciente resolución.
La Dirección General de Tributos (DGT) ha vuelto a pronunciarse sobre la tributación de la retribución de los administraciones sociales y sus partidas reducibles, a efectos del Impuesto sobre Sociedades, en una consulta con fecha de 10 de abril de 2014.
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