No hay nada como que un ministro del gobierno actual se pronuncie sobre algo para desatar una cascada de indignaciones. Lo peculiar en esta ocasión ha sido que el ministro de turno se ha manifestado en contra de alguien a quien una parte importante de la sociedad estaba masacrando, seguramente con motivo, por sus valoraciones sobre un hecho deleznable como es una agresión sexual contra una mujer indefensa.
Desde el pasado jueves se han organizado manifestaciones y monográficos sobre la sentencia del "caso de la manada", con valoraciones muy contrarias a lo que los jueves han fallado y una agitación especial contra el juez Ricardo González, que emitió un muy cuestionable voto particular con conclusiones que indignarían a cualquiera. De nada servía explicar que la opinión de ese magistrado había sido minoritaria en el tribunal que juzgó los hechos, y que fueron sus dos colegas los que impusieron sus votos democráticamente. La ola de descalificaciones al juez estaba desatada, por muchos llamamientos que se hicieran a respetar las decisiones de los tribunales y emprender el camino del recurso en instancias superiores, la herramienta que el Estado de Derecho dispone para que se pueda protestar y forzar un cambio en una sentencia si el recurso está cargado de razón.
Ya hubo en la misma tarde en que se conoció la decisión manifestaciones contra el poder ejecutivo, que poco tiene que ver en un sistema de separación de poderes con lo que disponen los tribunales. Pero las protestas mediáticas y sociales iban dirigidas en general al magistrado discrepante en primer lugar, y a los otros dos en segundo término. De repente, todas las críticas se han girado hacia un miembro del gobierno. Pero como decíamos, lo insólito es que ese miembro del ejecutivo no ha hecho más que recoger y amplificar la indignación popular contra el magistrado que considera jolgorio una presunta violación colectiva.
Rafael Catalá tendrá datos que prueben su afirmación sobre el problema singular del magistrado González. Pero desviar el foco de la alarma social poniéndola en unas declaraciones o en otras es confundir a la opinión pública. De lo que se trata es de plantearnos como sociedad si los delitos sexuales deben tener mayor castigo en nuestro ordenamiento jurídico, de forma que ningún juez ni tribunal tenga la más mínima duda sobre la condena haya o no violencia clara en la agresión. Si no hay consentimiento, y eso lo decide sólo la víctima, siempre habrá violencia. De lo que se trata es de determinar si somos inflexibles con el delito, en caliente o en frío.
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