La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, confirmó este lunes la subida fiscal que el Gobierno envió a Bruselas en el plan de reformas conocido la semana pasada. Montero reconoció que algunas de las alzas afectará a la clase media "porque persiguen un cambio de conducta" de los ciudadanos.
España recaudaría lo mismo a través del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) con un tipo único del 10% frente al actual sistema, que mantiene un tipo general del 21%. España tiene el IVA más ineficiente del entorno, con la segunda mayor brecha de tipos -solo superada por Chipre- en toda Europa. La configuración actual, con muchas exenciones y tipos reducidos, tumba los ingresos a tal nivel que permitiría alcanzar los mismos con un flat tax (tipo único) de menos de la mitad.
"Se lo voy a decir con mucha claridad. Este Gobierno no va a subir los impuestos a la clase media ni a la clase trabajadora". Así de contundente se mostraba la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a principios del año pasado. Tanto ella como el resto del Gobierno insistían en que el alza fiscal que preparaban, de nada menos 80.000 millones de euros, lo iban a pagar las empresas y los grandes patrimonios a través de unos "nada abusivos" impuestos ecológicos -llamados verdes- y con la nueva fiscalidad a las tecnológicas, la polémica tasa Google.
La vicepresidenta del Gobierno de Asuntos Económicos, Nadie Calviño, defendió hoy la nueva subida de impuestos que prepara el Ejecutivo y argumentó que es el modelo que sigue la Unión Europea (UE). Calviño añadió que el cobro por el uso de autopistas es lo normal en la UE y "lo más justo".
El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que el Gobierno ha enviado a Bruselas incluye la eliminación de incentivos fiscales y un alza en el IRPF. En concreto, tal y como avanzó elEconomista estas semanas, el documento incluye las medidas que Moncloa ya firmó para este año -como los cambios en IRPF, en Sucesiones, en Transmisiones Patrimoniales, en IVA o en Pactos Sucesorios que buscan aumentar la recaudación. Además, insiste en la revisión de ciertos beneficios fiscales. El Ejecutivo asegura que estudiará los 13 propuestos por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) en su último Spending Review.
Un matrimonio de jubilados perderá 86,2 euros al mes de su pensión si prospera la propuesta del Gobierno para eliminar la tributación conjunta en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IPRF). La medida impactaría de lleno en los pensionistas. En un ejemplo para una pareja de jubilados con una pensión de 18.000 euros, la desaparición de la declaración conjunta cuesta 1.034,5 euros al año.
La tributación conjunta en el IRPF evita que Hacienda cobre a las familias 2.300 millones de más por juntar sus rentas. El Gobierno anunció ayer que abandonaba el proyecto en el que pretendía su eliminación. La medida afecta a más de 2 millones de familias, casi 4,2 millones de contribuyentes. Este beneficio fiscal supone, de media, un ahorro de unos 1.100 euros al año para los que se acojen en la declaración.
Las subidas impositivas que recoge el Programa de Estabilidad 2021-2024 que el Gobierno ha enviado a Bruselas buscan un aumento de la presión fiscal de hasta 6 puntos para situar el indicador en el entorno del 40%. La presión fiscal abandonará así la cifra del 34%. Según los datos de recaudación, y tal como adelantó elEconomista, la presión fiscal se situó en 2020 en una cifra récord, aunque algo menos de lo esperado, ya que los ingresos han caído más de lo previsto por la Agencia Tributaria.
El documento del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia enviado este viernes a la UE recoge la necesidad de subir impuestos a diferencia de la estrategia establecida por otros países comunitarios. Así, repitiendo las tesis del proyecto del plan presentado por Pedro Sánchez el pasado 13 abril, Moncloa se apoya en las exigencias de la Comisión Europea para aumentar la recaudación fiscal. Además, el texto reconoce la falta de margen para ajustar el gasto.
La prisa de los países europeos por cobrar a las tecnológicas ha generado una maraña tributaria con 14 Impuestos sobre los Servicios Digitales -la llamada 'tasa Google'- con diferentes características. Estos 14 países europeos, entre ellos España, han provocado un complejo sistema para gravar la actividad de este sector por no esperar al consenso internacional, liderado por las propuestas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).