El Gobierno de España ignora las rebajas fiscales de los países del entorno y elige una subida de impuestos en plena crisis del coronavirus Covid-19. Grecia e Italia han sido los dos últimos países del entorno en anunciar un estímulo fiscal para los próximos años, en la línea del plan tributario de Alemania y Francia. España es ya la única gran economía del euro que opta por subidas de impuestos ante la recuperación económica.
El Parlamento Europeo cree que la Unión Europea (UE) pierde un 13,7% en el tipo impositivo de las compañías tecnológicas. La Eurocámara asegura que "las empresas digitales son gravadas con un tipo impositivo efectivo de solo el 9,5%, en comparación con el 23,2% de los modelos de negocio tradicionales". Así lo apunta en su último informe sobre la implantación del Impuesto sobre los Servicios Digitales (ISD), conocido como tasa Google.
El nuevo plan fiscal de los Estados Unidos dirigido por la Administración del presidente, Joe Biden, impulsará la armonización fiscal europea y el alza de impuestos a las empresas que busca Bruselas. El plan de Washington -que quiere para las compañías un impuesto mínimo global único con una tasa del 21%- busca limitar la competencia fiscal internacional para que las multinacionales no puedan beneficiarse de los territorios de baja tributación. La Unión Europea (UE) comparte este objetivo e intenta desde hace años una armonización fiscal comunitaria en Sociedades.
Los empresarios españoles deben gastar 1,69 euros por cada euro de poder adquisitivo que quiera otorgar a un empleado que gana el salario medio. Es decir, por cada euro que se lleva el trabajador, el Estado exige el pago de 0,41 euros por aportaciones a la Seguridad Social, 0,20 euros en el Impuesto sobre la renta de las Personas Físicas (IRPF) y otros 0,09 euros por la aportación del empleado a la Seguridad Social.
La Comisión Europea analiza ya en un procedimiento específico la persecución de Hacienda contra los españoles residentes fuera de la Unión Europea. Bruselas reconoce un "gran número de denuncias" de españoles en el extranjero contra la normativa tributaria, que les hace pagar hasta más del triple por las rentas que mantienen en España, respecto a los residentes comunitarios.
Varias comunidades autónomas, patronales y asociaciones de autónomos alertan de las trabas burocráticas ante el reparto de los 7.000 millones de ayudas directas que aprobó el Gobierno el martes. Madrid y Andalucía han criticado los complejos pliegos de condiciones que exigen multitud de información a las compañías.
La ministra de Hacienda ha rectificado hoy sus palabras sobre las subidas de impuestos en Sociedades y Patrimonio para el año que viene, tras las presiones de los organismos internacionales, que rechazaron la medida.
La constitución de sociedades se ha incrementado en marzo un 65,0% respecto al mismo mes de 2020, y un 15,9%, frente al mismo mes de 2019. En 2020, las tasas de variación en marzo respecto a un año antes, muestran importantes incrementos en todas las comunidades autónomas, destacando las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla (144,4%), Castilla-La Mancha (119,6%), Andalucía (92,1%), Murcia (91,2%), Baleares (87,5%), Extremadura (77,3%), La Rioja (75,8%), Castilla y León (73,1%) y Cataluña (69,9%). Por otro lado, se incrementaron menos en Canarias y Cantabria (34,6%), Navarra (40,9%), Galicia (45,1%) y Madrid (46%).
El Foro Económico Mundial considera que en España es necesario, en promedio, cuatro generaciones para que una persona nacida en una familia ubicada en la parte más baja de la distribución de la renta logre escalar a una posición de renta media. En términos estáticos y comparados, España obtiene unos resultados similares al de otras economías desarrolladas, como Australia, Japón o Canadá. Sin embargo, los analistas matizan esa posición por la presencia de dos importantes diferencias cualitativas con ellos. Esos tres países tienen PIB per cápita superiores al español y tasas de desempleo muy inferiores.
La recaída económica del primer semestre daña las cuentas públicas españolas y amenaza con añadir otro 3,7% al déficit este año. El retraso en la llegada de los fondos europeos, la rebaja en las expectativas de crecimiento y los malos datos de recaudación del primer semestre costarán 40.000 millones de euros en ingresos, mientras los gastos mantienen su tendencia al alza, con más pasivo estructural.