El pronunciamiento del Tribunal Constitucional alemán (BVerfG) mediante el que paraliza el proceso de ratificación en Alemania de la creación del fondo de recuperación europeo, no es tanto un problema para poner en marcha esta nueva fuente de financiación para la recuperación y resiliencia acordada definitivamente por el Consejo Europeo del 14 de diciembre pasado, sino que allana el camino para que, en el momento en que se presenten los planes nacionales de reformas y proyectos de inversión el 30 de abril, algunos de los países más escépticos con el uso y asignación que harán los principales receptores (Italia y España) planteen sendos vetos que echen abajo todo el proceso.
El Alto Tribunal no hace otra cosa que dar seguridad jurídica a los recursos de inconstitucionalidad presentados en su país contra la votación del Parlamento que acordó favorablemente la creación de este nuevo instrumento de recursos propios de la Unión Europea por importe de 750.000 millones de euros. Sin embargo, cada vez que el BVerfG se pronuncia sobre la constitucionalidad en Alemania de decisiones tomadas en el ámbito europeo, se produce una oleada de críticas, siendo acusado por políticos y analistas europeos de injerencias en las decisiones comunitarias e incluso tachándolo de "freno" para el proceso de integración europea.
Se puede discutir el razonamiento jurídico que los jueces alemanes hacen, pero en ningún caso se debe "matar al mensajero". Desde su misma creación, la Unión Europea cuenta con un sistema de contrapesos (checks and balances) que procuran garantizar que no haya posiciones de monopolio del poder tanto en Bruselas como en Estrasburgo, Luxemburgo o Frankfurt. En tanto en cuanto la Unión Europea es una coalición de países con un sistema de leyes comunes, pero donde la soberanía sigue residiendo en los Estados Miembros con su Ley suprema (la Constitución), ninguna de las decisiones que se tomen en el ámbito europeo pueden ser contrarias a los principios constitucionales de los países. Y ahí es donde se encuentra el deber y obligación de los Altos Tribunales nacionales, en lo que a ellos les compete.
Por muy urgente que pueda ser la aprobación de una política común, no es razonable saltarse pasos
Por muy urgente que pueda ser la aprobación de una determinada política común como sería el caso de aprobar nuevas fuentes de financiación común no es razonable intentar saltarse pasos y calificar como "obstáculos" a aquellas instituciones que tienen el deber de velar por la seguridad jurídica siempre y en todo momento. Si se pone el carro delante de las mulas, primero estableciendo el tipo de instrumento económico o político que se desea para, posteriormente, intentar encajarlo como sea en el marco normativo existente, termina siendo un proceso mucho más difícil, donde surgen los recelos de los actores intervinientes y llevan a diluir los impactos positivos esperados.
Esta decisión judicial tiene un impacto indudable sobre el proceso de ratificación por países, donde todavía faltan 14 países por someter a sus parlamentos el acuerdo del Consejo. Pero donde cobra toda su importancia es en el proceso de revisión de los Planes Nacionales que los países remitirán a la Comisión Europea el 30 de abril y, después, en la aprobación por unanimidad de estos planes revisados por parte del Consejo Europeo en los siguientes dos meses.
Tras las intensas discusiones vividas en estas fechas del año pasado entre los "frugales" y el eje franco-alemán en el diseño del Presupuesto plurianual y el fondo de ayudas masivas para la recuperación, si había algo claro que iba a suceder es que todos los actores involucrados en el proceso, conforme se acercara la fecha del 30 de abril, iban a extremar las cautelas, siendo exigentes en las formas y el fondo de qué reformas estructurales se plantean, qué tipo de proyectos de inversión van a ser los destinatarios de los fondos Next Generation y cómo estos se van a gestionar a corto y medio plazo.
Con el pronunciamiento del Alto Tribunal alemán, las cautelas se van a intensificar aún más
Con el pronunciamiento del Alto Tribunal alemán, estas cautelas se van a intensificar aún más. Aunque los recursos planteados ante este tribunal no prosperen, se está marcando dureza y unos estándares muy exigentes a la hora de aprobar los planes de los países. Dicho de otro modo: la intervención del BVerfG da argumentos a Holanda, Austria, la propia Alemania o Finlandia, entre otros, para que, si ven el más mínimo riesgo en el Plan de España o el de Italia, vetarlo.
Por ello, la Comisión Europea está obligada a hacer un ejercicio extraordinariamente riguroso de revisión y seguimiento si no quiere ser desacreditada posteriormente y anotarse un fracaso difícil de recuperar. Se intensifican los mensajes de la Comisión hacia España para que presente un proceso de acceso a la financiación transparente y unas reformas ambiciosas. De no hacerlo, España tiene el riesgo de ser vetada.
