Las estimaciones de recaudación de la Agencia Tributaria (Aeat) para el año 2020 anticipan una subida récord de la presión fiscal de alrededor de dos puntos que acercarán el indicador en torno al 37%. Los datos de la Aeat -en espera del informe anual oficial- prevén una caída de la recaudación del 8,7% mientras que el PIB de la economía española cayó un 11% en 2020.
La presión fiscal -el peso de la recaudación por parte del Estado respecto al PIB- de España cerró el año 2019 entre el 35,2% y el 35,4% según los datos de los diferentes organismos. La irrupción de la crisis del coronavirus el año pasado tumbó el PIB un 11%, 2,3 puntos por encima de las previsiones que mantiene ahora la Agencia Tributaria sobre recaudación. El mejor desarrollo de la recaudación podría situar el indicador en el entorno del 37%. Este nivel solo se alcanzó en el año 2007, que cerró con el dato en el 37,1%.
A finales de 2020, El director general de la Agencia Tributaria, Jesús Gascón, cifró en un 8,7% la caída de ingresos tributarios prevista para el año 2020 como consecuencia de los aplazamientos del primer semestre y la crisis de la Covid. Este dato es superior a la merma del 7,6% contemplada en los Presupuestos. Gascón adelantó ya entonces que este dato era "positivo", ya que la merma de ingresos tributarios prevista es inferior a la caída del PIB.
En este sentido, el director General de la Aeat indicó que el principal indicador de que las cosas van "razonablemente bien" en un país cuando se refiere a la aplicación del sistema tributario es que "la evolución de los ingresos sea mejor que la evolución de la actividad económica".
Alcanzar el nivel europeo
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, defendió en agosto la necesidad de incrementar la recaudación fiscal en torno a los 80.000 millones de euros para aproximar la presión fiscal española a la media europea, lo que aumentaría fundamentalmente Impuesto sobre la Renta (IRPF), la única figura tributaria capaz de aportar suficientes ingresos para alcanzar esta cantidad propuesta. En 2019, España se encontraba en un 35,4% de presión fiscal, en tanto que la media de la UE era del 40,3%, mientras que en la eurozona alcanzaba el 41,7%.
Sin embargo, buena parte de los expertos en tributación consideran que este índice es impreciso, poco informativo y de una utilidad muy limitada para realizar prescripciones de política fiscal. Así, mientras España es uno de los países de menor presión fiscal de toda la eurozona, el esfuerzo fiscal se sitúa entre los más altos, incluso por encima de algunos países como Dinamarca, Suecia, Finlandia u Holanda, paradigma de impuestos altos.
Según este índice, España está solo por detrás de Portugal, Italia, Grecia y Francia y muy por delante de países con estados de bienestar plenamente consolidados. Así, por ejemplo, si se aplicase la presión fiscal de Dinamarca (45,4%) a España, el esfuerzo exigido a los españoles sería más elevado: los daneses tienen una renta per cápita de 51.600 euros anuales, mientras que la española es menos de la mitad (24.000 euros).
Estas diferencias se explican por el tejido productivo español, que cuenta con menos valor añadido que los países del entorno. De esta forma, la carga fiscal por todos los conceptos -incluidas las cotizaciones de la Seguridad Social- de los trabajadores solteros de más bajos salarios supone en España solo un 3,5% menos que la media europea, cuando PIB per cápita europeo es un 9% inferior en poder adquisitivo.
Política fiscal expansiva
Sin embargo, el Gobierno insiste en las subidas de impuestos para elevar la presión fiscal. El proyecto de ley contra el fraude fiscal y la ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021 son las dos normas que recogen todas las novedades fiscales para el año 2021. Las normativas contienen cambios en IRPF, en Sucesiones, en Transmisiones Patrimoniales, en IVA o en Pactos Sucesorios que buscan aumentar la recaudación.
El plan fiscal de Moncloa busca subir la presión fiscal en España. El Gobierno asegura que su reforma fiscal permitirá aumentar la recaudación en 6.085 millones de euros, según recoge en su plan presupuestario enviado a Bruselas. Sin embargo, la AIReF recorta esta cifra y cree que, tras las consecuencias de la crisis del coronavirus en los indicadores macroeconómicos, la recaudación se quedará en 4.003 millones.
Los Presupuestos Generales del Estado de 2021 recogen la subida del IRPF en tres puntos para las rentas del capital a partir de 200.000 euros y en dos puntos para las rentas del trabajo a partir de 300.000 euros. Además, el impuesto sobre Patrimonio subirá un punto para las fortunas de más de 10 millones de euros y los grandes grupos empresariales verán limitadas las exenciones de dividendos y plusvalías de sus filiales en el exterior y las sociedades cotizadas de inversión inmobiliaria (socimis) tendrán una tributación mínima del 15%.
Por otra parte, en los planes de pensiones individuales, el importe desgravable de la base imponible del IRPF baja de 8.000 euros a 2.000 euros. Además, se crean los planes de pensiones colectivos o de empresa, concebidos para los empleados.
El resto de medidas fiscales aparecen en el proyecto de ley contra el fraude fiscal presentado por la ministra de Hacienda. La norma esconde una fuerte subida de impuestos en Patrimonio y aquellas figuras relacionadas con la trasmisión de inmuebles. La normativa consolida las elevadas tasaciones que hacen las Haciendas autonómicas. El texto formaliza, en contra del criterio del Tribunal Supremo, que el Catastro establezca el valor de los inmuebles que sirve como base imponible a la hora calcular la liquidación de los impuestos. Recoge un castigo a los pactos sucesorios -el reparto de herencias en vida- al eliminar varias de sus ventajas.
