El proyecto de ley contra el fraude fiscal y la ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021 son las dos normas que recogen todas las novedades fiscales para el año que viene. Las normativas contienen cambios en IRPF, en Sucesiones, en Transmisiones Patrimoniales, en IVA o en Pactos Sucesorios que buscan aumentar la recaudación.
El plan fiscal de Moncloa busca subir la presión fiscal en España. El Gobierno asegura que su reforma fiscal permitirá aumentar la recaudación en 6.085 millones de euros, según recoge en su plan presupuestario enviado a Bruselas. Sin embargo, la AIReF recorta esta cifra y cree que, tras las consecuencias de la crisis del coronavirus en los indicadores macroeconómicos, la recaudación se quedará en 4.003 millones.
Subida fiscal en los PGE
Los Presupuestos Generales del Estado de 2021 recogen la subida del IRPF en tres puntos para las rentas del capital a partir de 200.000 euros y en dos puntos para las rentas del trabajo a partir de 300.000 euros. Además, el impuesto sobre Patrimonio subirá un punto para las fortunas de más de 10 millones de euros y los grandes grupos empresariales verán limitadas las exenciones de dividendos y plusvalías de sus filiales en el exterior y las sociedades cotizadas de inversión inmobiliaria (socimis) tendrán una tributación mínima del 15%.
Por otra parte, en los planes de pensiones individuales, el importe desgravable de la base imponible del IRPF baja de 8.000 euros a 2.000 euros. Además, se crean los planes de pensiones colectivos o de empresa, concebidos para los empleados.
También, ha aprobado ya los nuevos impuestos a los servicios digitales, conocidos como tasa Google, y a las transacciones financieras, conocidos como tasa Tobin, para aplicarlos a partir de enero. La Agencia Tributaria ha cifrado en 56 el número de empresas cotizadas españolas a cuya compra de títulos se le aplicará la tasa Tobin. Entre ellas están Inditex, Iberdrola y Banco Santander, junto a BBVA, Amadeus, Cellnex o Endesa.
Medidas "antifraude"
El resto de medidas fiscales aparecen en el proyecto de ley contra el fraude fiscal presentado por la ministra de Hacienda. La norma esconde una fuerte subida de impuestos en Patrimonio y aquellas figuras relacionadas con la trasmisión de inmuebles. La normativa consolida las elevadas tasaciones que hacen las Haciendas autonómicas. El texto formaliza, en contra del criterio del Tribunal Supremo, que el Catastro establezca el valor de los inmuebles que sirve como base imponible a la hora calcular la liquidación de los impuestos.
Además, recoge un castigo a los pactos sucesorios -el reparto de herencias en vida- al eliminar varias de sus ventajas. Los sucesores de los contribuyentes que escojan esta opción para legar sus bienes sufrirán un incremento en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) que afectará, incluso, a los pactos sucesorios ya firmados antes de que entre en vigor la ley. La normativa, que se tramita ahora en el Congreso de los Diputados, modifica el artículo 36 de la ley del IRPF. Hacienda usará los precios de adquisición antiguos y no los del momento de la firma del pacto sucesorio para calcular la ganancia patrimonial del heredero.
La opinión de los expertos
"La Ley antifraude supondrá una importantísima subida, encubierta, de los impuestos de Transmisiones, Sucesiones y Donaciones y Patrimonio", asegura el fiscalista Alejandro del Campo, socio de DMS Consulting. "Establece una presunción de fraude, con un duro castigo en IRPF, en las herencias en vida, en las donaciones con pacto sucesorio que se pueden formalizar en algunos territorios, si los bienes recibidos se transmiten antes del fallecimiento del donante", añade.
Por su parte, al abogado Javier Gómez Taboada, socio de Maio Legal, le resulta "chirriante" esta normativa. "Al gravar la plusvalía del muerto olvida el carácter mortis causa avalado por el Supremo, y socava gravemente las competencias tributarias de las comunidades autónomas", apunta.
En este sentido, el profesor Leopoldo Gandarias, socio de Koana Labs, indica que "es delicado el revuelo que se forma en el ambiente cuando aparecen sentencias que están en la mente de todos y encienden el debate sobre una normativa reactiva anudada a materias sensibles, ya sea porque incide en derechos fundamentales -entrada y registro en domicilios- o porque afecta a la propia seguridad jurídica -efectos de actuaciones tributarias sobre derechos prescritos-". A su juicio, "legislar es acometer la definición abstracta de un orden justo, lo que sugiere serenidad en su producción, no actuar precipitadamente por la excitación que causa el rechazo a resoluciones incómodas".
El fiscalista Esaú Alarcón, socio de Gibernau Asesores, recoge las palabras de Gandarias y cree que "es una tendencia legislativa a la que desgraciadamente nos vamos a tener que acostumbrar". Alarcón subraya que "la enésima ley antifraude tiene como objetivo claro y abierto el investir a la Administración tributaria de todavía más poderes para la generación y el cobro de deudas tributarias". El abogado recuerda que "el primer anteproyecto de esta reforma lleva más de un año en un cajón, y lo han sacado tal cual estaba, pero engordado con más normas para cambiar la jurisprudencia del Supremo. Las reformas normativas van a ir por ese camino, aunque dudo que haya alguna inminente con este calado".
