El Gobierno planea el endurecimiento de las jubilaciones anticipadas como vía para sostener las cuentas de la Seguridad Social y mantener una continuidad del empleo en las edades más cercanas al retiro en el marco de la nueva reforma de pensiones en la que ya trabaja el Pacto de Toledo. La vía sería el incremento de los coeficientes reductores aplicados a las pensiones anticipadas, por un lado, e incentivar fiscalmente la permanencia del trabajador en su puesto, por el otro. El resutado, según los expertos consultados por elEconomista, es que por cada año que se le gane a la edad real de retiro de los trabajadores (64 años) se reducirá un 25% el déficit de la Seguridad Social, es decir, se recaudarían 4.500 millones más, que rebajarían el déficit anual de 18.000 millones de euros que registra el Sistema. Dicho de otra forma, el Gobierno está dejando de recaudar actualmente 8.200 millones por no cumplirse con la edad legal.

La cornada que la pandemia ha asestado al mercado laboral es de proporciones bíblicas. No cabe duda que estamos ante el desplome de afiliaciones e incremento de parados más abrupto de la historia de nuestro país, como constatan las cifras que publican mensualmente la Seguridad Social y Trabajo. Pero sin embargo, la relación de los datos aún no da la cara de la verdadera pérdida de puestos de trabajo que afronta nuestro mercado laboral. Tanto es así que sumando las personas que se encuentran inscritas en las listas del paro y los trabajadores incluidos en un ERTE que aún no han sido reactivados en la Seguridad Social, la cifra de expulsados del mercado laboral asciende a 6,1 millones de personas, que trasladado al desempleo implicaría una tasa de paro del 26,5%, doce puntos por encima de la que refleja el listado del SEPE a cierre del primer trimestre.

Sin duda, el colectivo de los autónomos es que mayor capacidad de aguante está mostrando ante la destrucción de empleo que está provocando la crisis sanitaria en nuestro país. Ya las cifras de caída de inscritos en el RETA, que es tres veces menor que la experimentada por el régimen general, arrojaban esta resistencia a echar el cierre por parte de los trabajadores por cuenta propia, y las cifras de junio constatan la tendencia. Si entre la segunda quincena del mes de marzo y el 30 de abril, se perdieron 60.692 empleos de autónomos, en los dos meses posteriores (mayo y junio) el colectivo ha recuperado 40.630 cotizantes. Esto es, un 66% de todos los trabajos destruidos como consecuencia de la pandemia y el frenazo a la actividad económica por el confinamiento.

La recuperación del mercado laboral pierde fuelle en junio tras la buena respuesta del pasado mes, y da síntomas de la debilidad de la temporada veraniega que afrontan los agentes económicos. Según los últimos datos de empleo ofrecidos por el Gobierno en el mes de junio el número medio de afiliados a la Seguridad Social se situó en 18.624.337 personas, lo que representa un aumento de 68.208 cotizantes respecto a la media de mayo tan solo un 0,37% más, mientras que en el mismo periodo el paro registrado en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha aumentado en 5.107 personas. Ambas cifras, dibujan una senda menos peligrosa que la observada en los meses anteriores, si bien supone el peor dato de afiliación en un mes de junio en cinco años y el primer incremento de parados en este periodo desde 2008.

La crisis sanitaria y el impacto de la pandemia aceleran los vientos de cambio a lo largo y ancho del globo. Una de las medidas que puede emanar de esta nueva coyuntura es la introducción de la conocida como mochila austriaca en el nuestro mercado laboral y que pide de nuevo el Banco de España. Fundamentalmente, consiste en la generación de una cuenta individual para cada trabajador que acompaña al que lo acumula a lo largo de toda su vida laboral independientemente de donde desempeñe sus funciones laborales y que se nutre de las aportaciones de los empresarios y del que puede disponer en caso de despido, incapacidad o jubilación.