Economía

PSOE y PP se niegan a regular un régimen de sanciones para empresas morosas

  • La PMcM lamenta la oportunidad perdida en la Comisión de Recontrucción
  • Advierten de que la falta de liquidez dejará sin oxígeno a miles de empresas
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Pablo Casado.

En un momento crucial para la economía, en la que buena parte de la supervivencia de las empresas se fía a la existencia de liquidez que permita continuar afrontando los pagos a proveedores, empleados y demás costes del empleador, la Comisión de Reconstrucción ha vuelto a soslayar la aprobación de un régimen sancionador para empresas morosas que estipule penalizaciones para quienes liquiden sus deudas por encima de los plazos establecidos por ley -de 60 días para el sector privado y 30 días para el sector público-.

Así lo ha denunciado en un comunicado uno de los comparecientes en dicha Comisión, el presidente de la PMcM, Antoni Cañete, quien ha lamentado que esta cuestión se vuelva a guardar en el cajón gracias a los votos de PSOE y PP, y que no haya habido el suficiente consenso por parte de los grupos políticos para considerar que se deba regularizar los pagos a proveedores con la puesta en marcha de un régimen sancionador que multe a las empresas morosas.

"A pesar del compromiso de los grupos parlamentarios, una vez más, no ha habido consenso para garantizar los pagos en plazo a proveedores como nos está pidiendo la Unión Europea. De nuevo, los dos principales partidos con mayor representación en el Congreso de los Diputados, PSOE y PP, pierden la oportunidad de regularizar el régimen sancionador, en un momento crítico para nuestra economía, cuando medio millón de empresas están en riesgo de quiebra principalmente por el retraso en los pagos; el funcionamiento de un régimen sancionador podría contribuir a aliviar su situación financiera", apunta Cañete sobre las conclusiones de la Comisión.

Falta de oxígeno empresarial hace que todos los expertos y organismos internacionales cuenten con un impacto negativo de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus para este año, aunque de prolongarse la situación el golpe podría ser definitivo para muchos negocios también en 2021, ya que ante la falta de liquidez en las empresas se pueden ver ahogados entre impagos y deudas no cobradas, en una situación parecida a lo ocurrido en la crisis de 2008.

"Poner fin a la morosidad es un elemento esencial de viabilidad y competitividad de un país. Aunque no se haya incluido el régimen sancionador en las medidas a tener en cuenta dentro de la Comisión, confiamos en que próximamente prospere la ya presentada proposición de ley de multas para los morosos, porque urge un régimen sancionador", explica Cañete lamentando una nueva ocasión perdida, que se suma a la caída del Gobierno de Mariano Rajoy, en unas fechas en las que el aquilatamiento de la medida ya estaba en ciernes dentro del Congreso de los Diputados.

"Los impagos se van a producir", aventura al respecto el profesor de Finanzas y Banca, Juan Fernando Robles, quien explica que ante la incertidumbre que genera el frenazo comercial para las medianas y pequeñas empresas, así como para las grandes compañías, se produce un efecto de "reserva de liquidez" por la que estas demoran al máximo el pago de sus deudas con proveedores para así contar con dinero circulante en caso de necesidad.

Liberar el superávit

"Durante la crisis del COVID-19 hemos obligado a las empresas a endeudarse a través de créditos ICO, cuando la solución podría haber sido eliminar la morosidad",asegura el presidente de la PMcM. Antoni Cañete, advierte del peligro que genera esta situación no solo entre empresas que ven retrasado el plazo de cobro sino para los empleados de las mismas.

Por ejemplo, poniendo al día los pagos a proveedores podrían inyectarse más de 150.000 millones de euros de liquidez al sistema, sin riesgos y sin comprometer el balance de las empresas ni del país. Consistiría en que las administraciones paguen sus facturas pendientes (14.000 millones de euros); que las empresas cotizadas, sin problemas de liquidez ni de financiación, abonen 122.000 millones pendientes de pago a sus proveedores; y que los ayuntamientos liberen los 12.000 millones de remanentes que tienen en cuentas corrientes para salvar autónomos y pymes.

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